El fiscal de Brasil pide al Supremo que investigue a 54 políticos implicados en el caso Petrobras

BRASILIA.- La Fiscalía General de Brasil remitió el pasado 3 de marzo al Tribunal Supremo una lista de 54 políticos implicados en corruptelas detectadas en la petrolera estatal Petrobras, pero su divulgación quedará en manos de la corte, informaron fuentes jurídicas.

La prensa local sostiene que los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros, ambos de la base gobernante, figuran en la lista recibida por el Supremo, que según fuentes de ese tribunal contiene 54 nombres.

La versión no fue confirmada por el tribunal, pero sí desmentida por ambos parlamentarios. "No tengo ninguna información", declaró Calheiros, en tanto que Cunha aseguró que "eso es mentira".

Los documentos fueron enviados por el fiscal general, Rodrigo Janot, al despacho del magistrado Teori Zavascki, uno de los diez miembros del Supremo, instructor de este caso y que definirá en los próximos días si los nombres de los políticos son publicados o no.

Los empresarios obtenían contratos amañados, inflaban los precios, repartían parte de esa diferencia con directores y el resto lo distribuían entre políticos

En caso de que Zavascki considere que aún deben ser ampliadas las investigaciones, podría decidir mantener en reserva todos los nombres de los implicados, pues el proceso se desarrolla bajo un estricto secreto judicial.

El caso, que se investiga desde hace casi un año, se refiere a una vasta red de corrupción que se considera que está enquistada en la empresa desde hace más de una década y que se habría apropiado de sumas no precisadas pero calculadas en varios millones de dólares.

Hasta ahora, la policía ha llevado a prisión a exdirectivos de Petrobras y a un grupo de empresarios que participaban en turbios negocios con la estatal.

Muchos de los detenidos aceptaron acuerdos de colaboración con la justicia a cambio de una futura reducción de penas, y denunciaron que las corruptelas eran favorecidas por políticos, que de acuerdo a las informaciones obtenidas por la prensa local pueden ser "decenas", en su mayoría de la base que apoya a la presidenta Dilma Rousseff.

Según establecieron las autoridades, los empresarios obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los precios, repartían parte de esa diferencia con directores de la estatal y el resto del dinero lo distribuían entre políticos que amparaban las corruptelas.

Muchos de los detenidos aceptaron acuerdos de colaboración con la justicia, y denunciaron que las corruptelas eran favorecidas por políticos

Rousseff, que antes de llegar al poder fue ministra de Minas y Energía y presidió el consejo directivo de Petrobras en la época en la que arreciaban las corruptelas, ha reiterado que la justicia llegará a los culpables de las corruptelas y afirmado que "pagarán por eso".

Petrobras es la mayor empresa del país, responsable de casi el 12% del producto interior bruto (PIB) brasileño, por lo que la mayoría de los analistas cree que el escándalo repercutirá hasta en la propia economía del país, que según proyecciones del sector privado está al borde de una recesión.

La empresa, una estatal de capital abierto cuyos títulos cotizan en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York, Madrid y Buenos Aires, aún no ha podido presentar a sus accionistas el balance correspondiente al tercer trimestre del año pasado y sólo ha ofrecido una versión sin auditar.

La desconfianza generada por esos atrasos y la propia situación en la que se ha sumido la empresa llevó a la agencia de calificación de riesgo Moody's a rebajar la nota de los papeles de la petrolera, que situó en el nivel Ba2, considerado especulativo y conocido en los mercados como "bono basura".