La fiscalía venezolana acusa a la líder opositora de intentar matar a Maduro

La Fiscalía ha acusado a la opositora venezolana María Corina Machado  de "conspiración" por un supuesto plan para asesinar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Un delito por el que podría ser sancionada con hasta 16 años de prisión.

Tras varios meses de investigación, la Fiscalía formalizó la acusación contra Machado involucrándola en el supuesto plan magnicida que incluía a varios opositores y al embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. El Ministerio Público señaló en un comunicado que la fiscal Katherine Harington imputó a Machado por "el delito de conspiración, establecido y sancionado en el artículo 132 del Código Penal [venezolano]".

La opositora fue acusada "por presuntamente tener vinculación con el plan magnicida contra el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que tenía como propósito perturbar la paz del país", dice el texto. Este delito establece que "cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación será castigado con presidio de ocho a dieciséis años".

Por estos mismos hechos tienen órdenes de aprehensión los opositores Henrique Salas Römer, Diego Arria, Ricardo Emilio Koesling, Gustavo Tarre Briceño, Pedro Mario Burelli y Robert Alonso, todos ellos huidos fuera del país.

El supuesto plan para asesinar a Maduro fue denunciado a finales de mayo por el dirigente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, que mostró varios correos atribuidos a Machado en los que la exdiputada decía que había llegado la hora de acumular esfuerzos y obtener "el financiamiento para aniquilar a Maduro".

Poco después, la misma Machado reconoció que los correos correspondían a sus cuentas, pero aseguró que ya no usaba esas direcciones y que ella no quería ni un magnicidio ni un golpe de Estado sino la renuncia de Maduro.

El día que fueron revelados los supuestos correos y el plan magnicida, Maduro pidió una justicia "completa" ante los supuestos planes de magnicidio y golpe de Estado. "Esto hay que castigarlo, tantas conspiraciones, intentos de golpes de Estado, de magnicidio, comprobados ya", dijo al tiempo que pidió a Estados Unidos que responda ante su supuesta relación en estos planes.

Machado, conocida por ser una de las mayores detractoras de Maduro, aseguró, al salir de la sede de la Fiscalía tras más de dos horas de comparecencia, que la acusación se trata de una "infamia" y que las pruebas presentadas son falsas que buscan acallar sus críticas contra el Gobierno. "Si creen que con amenazas con chantajes, con presiones nos van a acallar, se equivocan, no tengo miedo no podemos tener miedo, somos una enorme mayoría que quiere un cambio profundo", aseveró la opositora, que se negó a declarar.

El abogado encargado de su defensa, Tomás Arias, explicó que en esta ocasión "no se le dictó ninguna medida adicional que restrinja su libertad", distinta a la que ya pesa sobre la diputada por imputaciones anteriores. Machado ya había declarado en junio durante más de seis horas por este mismo delito, citada por la Fiscalía, en esa ocasión, en calidad de testigo.

La opositora ya había sido acusada el pasado 18 de junio por el delito de "instigación pública", por su supuesta participación en la violencia de las protestas antigubernamentales que se iniciaron en febrero y que acabaron en junio con más de 40 muertos. Con esa acusación fue dictada la prohibición de salida del país de la política opositora.

Machado lideró junto al opositor encarcelado Leopoldo López una campaña llamada "La Salida" que promovía asambleas de calle y protestas contra las políticas de Maduro.

Con anterioridad a la publicación de los supuestos correos que le implicaban en el magnicidio, Machado fue despojada de su condición de diputada después de que intentara participar en una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA) como parte de la representación de Panamá para denunciar la situación de vulneración de los derechos humanos que, asegura, vive el país suramericano.

A su regreso al país, a finales de marzo, el presidente del parlamento venezolano, Diosdado Cabello, anunció que Machado había perdido su condición de diputada por aceptar el cargo panameño, lo que afirmó que contravenía su obligación de dedicación exclusiva como legisladora.