"Uno de los grandes males para los argentinos es el endeudamiento", apuntaba el actual presidente argentino, Alberto Fernández, en su discurso de apertura de sesiones ante el Congreso. El país arrastra un enorme endeudamiento, que aumentó durante la etapa de gobierno de Mauricio Macri, quien estuvo en el poder entre 2015 y 2019 comenzando su mandato con una deuda de 240.000 millones de dólares, según los datos de la Secretaría de Finanzas de la Nación. Al finalizar su mandato, la cifra se alzó a los 323.000 millones. El acuerdo entre El Fondo Monetario Internacional (FMI) y Argentina para resolver la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri desde 2018 es un pacto abierto, con restricciones políticas y sujeto a procesos de revisión, debido al actual contexto geopolítico altamente convulsionado por la guerra en Ucrania y su impacto en los países emergentes.

En las últimas horas, se han producido dos hechos relacionados con este acuerdo. Por un lado, el portavoz del FMI, Gerry Rice, rescató las palabras del exlíder británico Winston Churchill y declaró que el programa con Argentina está en el "comienzo del fin". En su intervención, sostuvo que la capacidad económica argentina sigue siendo positiva para poder reaccionar a los principios del acuerdo, pero el punto clave sigue siendo la negociación política que se dará.

Por otro lado, este viernes el Gobierno ha publicado un comunicado oficial en el que se aprueba un bono de entre 5.000 y 8.000 pesos (41-65 euros) como retribución mínima para los jubilados. En un contexto de inflación elevada (50,9% al finalizar 2021), este gasto público no se incluyó en el acuerdo firmado con el FMI, por lo que se requieren ciertas modificaciones. El Gobierno de Fernández y el Fondo Monetario Internacional se reúnen trimestralmente para valorar si se cumplen o no los objetivos. El objetivo es que, con esta nueva implementación, se busque la manera de alcanzar la meta y reducir la inflación. Según la Casa Rosada, el mayor problema para el país no será la deuda sino "resolver de manera urgente la cuestión inflacionaria".

"Lo que importa, sobre todo, es la implementación del acuerdo", apuntó Rice en una conferencia de prensa, señalando que "hay riesgos excepcionalmente altos, pero creemos que el programa tiene objetivos pragmáticos y realistas; si se implementan, podrán lograr los objetivos", y aclarando que "son excepcionalmente altos porque la situación económica y social de la Argentina es frágil y nuevos shocks se han materializado", en relación al impacto de la guerra. Destacó una frase que no es común del FMI, al apuntar que la economía argentina experimentó entre 2018 y 2020 años de recesión con un alto riesgo de pobreza acompañados de alta inflación. No obstante, señalaba que la economía del país se está recuperando "más fuerte de lo que anticipamos".

Lo que ha quedado claro es que tanto los negociadores argentinos como el FMI consideran que es posible alcanzar los objetivos establecidos por el Acuerdo. Además, Rice, conocedor de la dificultad añadida por la guerra en Ucrania, ha reconocido el riesgo de que los bancos centrales suban las tasas de interés. No obstante, está dispuesto a "no crear más trabas ni controles" al país argentino. Con la situación cambiante y puestos los ojos en Ucrania y Rusia, el portavoz del FMI anticipa que la guerra afectará al precio de las materias primas (energía y alimentos) en primera instancia. Esto, provocará que "los pobres con mayor gasto en productos esenciales" serán los más afectados. 

La flexibilidad de la negociación del acuerdo es un secreto a voces, lo que no significa que no se cumplen los objetivos ni que el compromiso sea menor, sino que la dinámica global imprime desafíos diferentes. Fuentes consultadas por Página 12  aseguran que ni el Gobierno ni el FMI tienen margen para presiones cuando ya se sabe que Argentina no tiene capacidad de crecer ajustando. La Casa Rosada, particularmente el organismo que conduce Kristalina Georgieva, ven el escenario en la misma dirección. En ese contexto, se inscribe la gestión de política económica del Gobierno de invertir más para paliar los efectos de la inflación con el bono a jubilados, lo que requerirá más gasto que no se contempló en su momento. Por lo que se prevé que no será la primera ni la última decisión en ese sentido.

Con el acuerdo del FMI casi en segundo plano, en el Gobierno hay una única obsesión que ataña, del mismo modo, una misión de suma complejidad: resolver la inflación cuanto antes. Hoy, todos los focos apuntan al Gobierno de Alberto Fernández para cumplir ese objetivo.