Hasta ahora, el Gobierno francés respondía sistemáticamente que no destruye campamentos romaníes ni expulsa a gitanos en razón de su origen, sino simplemente porque están en la ilegalidad. A partir de este domingo, esa impostura le va a resultar mucho más difícil al presidente Nicolas Sarkozy. La prensa francesa desveló la existencia de una circular del Ministerio de Interior que explícitamente menciona la orden de atacar a los gitanos. En violación de los principios más elementales de la República francesa, que prohiben medidas contra las personas por su comunidad de origen.

La circular fue firmada el pasado 5 de agosto por el director de gabinete Michel Bart, en nombre de ministro de Interior, Brice Hortefeux, hombre condenado en los tribunales por "injurias raciales". La orden ministerial reza: "Trescientos campamentos ilícitos deberán haber sido evacuadas en tres meses, prioritariamente los de los romaníes. Por lo tanto, incumben en cada departamento a los prefectos [representantes del Estado central] acciones sistemáticas de desmantelamiento de campos ilícitos, prioritariamente los de los romaníes". "Los prefectos garantizarán, en su zona de competencia, la realización de al menos una operación importante por semana (evacuación/desmantelamiento/reconducción), concerniendo prioritariamente los romaníes", añade el texto.

París inició a primeros de agosto su vasta campaña de desmantelamientos de campamentos gitanos, y fletó el 19 de agosto los primeros vuelos de expulsión a Rumanía y Bulgaria. La publicidad y las libertades de tono del Gobierno francés han suscitado duras condenas del Consejo de Europa, de la UE y de la Iglesia, además de las protestas de las ONG. La ONU avisó a París de que "los romaníes son expulsados de forma colectiva" y no en base a procesos individuales, y alertó de que en Francia se da un "aumento de la violencia de carácter racista" al calor de "discursos políticos de naturaleza discriminatoria".

París siempre ha afirmado que respeta las convenciones europeas y que no hace más que aplicar la ley, esquivando ante la prensa y las organizaciones internacionales cualquier mención sobre el origen de los expulsados.

Un segundo frente vino a complicar la operación mediática de Sarkozy el domingo. Las organizaciones Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura exigieron a París que retoque las disposiciones sobre los demandantes de asilo, en su proyecto de ley sobre extranjería, nacionalidad e integración actualmente en tramitación parlamentaria.

"Miles de solicitantes de asilo están en peligro de ser devueltos a sus países antes de que su solicitud haya sido correctamente examinada" a causa de las disposiciones de ese proyecto de ley", advierten las ONG. Denuncian la tramitación expeditiva y la expulsión en 14 días, que no deja posibilidad de recurso al solicitante de asilo.