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El Gobierno de Pedro Castillo en Perú, contra las cuerdas

Las movilizaciones sociales cesan pero la indignación con el Gobierno y el Congreso no dejan de crecer. Las respuestas del líder de Perú Libre se resume en bajada de impuestos y aumento del salario mínimo.

11/04/2022 - Cientos de manifestantes protestan contra el Congreso y el gobierno del presidente de Perú Pedro Castillo, en la capital.
Cientos de manifestantes protestan contra el Congreso y el gobierno del presidente de Perú Pedro Castillo, en la capital. Aldair Mejía / EFE

Pedro Castillo asumió la presidencia de Perú con la segunda vuelta electoral del pasado 6 de junio. Se consiguió imponer a la derechista Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular y, bajo su lema de campaña "que la riqueza del país sea para los peruanos", aspiraba a dar atisbos de esperanza a la población. Ahora, ocho meses después, está pasando por su hora más difícil. Pues ya no enfrenta solo a la extrema derecha, quien lleva intentando derrocarle desde el primer día que asumió la presidencia, sino que ahora también se han sumado a las protestas los sectores populares, su principal base electoral.

El ambiente en Perú desde hace casi tres semanas es complejo. Las protestas generalizadas por todo el país debido al aumento de los precios están pasando factura al Gobierno de Castillo, quien, además, ha perdido aliados en la izquierda. Campesinos y maestros, dos sectores a los que Castillo está especialmente ligado, son parte de esas protestas que se han dado en buena parte del país.

Lo que empezó siendo una huelga de los agricultores y transportistas por la subida de los precios de los combustibles, peajes y recursos agrícolas, ha desembocado en una crisis nacional. Los profesores demandan al actual presidente que cumpla con el programa de reformas que prometió cuando ganó las elecciones. La derecha por su parte sigue haciendo de las suyas, buscando intereses propios en la escalada de tensión y sumándose a lo que antes más duramente castigaba: las movilizaciones sociales. En ellas, las cuales han tenido su expresión más importante entre los sectores medios y acomodados de la capital, lo que se pide es la salida inmediata del Gobierno de Castillo.

Se trata de dos protestas de origen, composición y demandas distintas, pero al fin y al cabo, dos flancos que amenazan a un Gobierno que muestra poca capacidad de reacción, débil liderazgo y fracturas internas.

La respuesta del presidente a las movilizaciones fue de tintes autoritarios, ya que decretó el Estado de Emergencia y un toque de queda que, lejos de cumplirse, provocó que horas después se retractase y lo levantara por el rechazo generalizado que produjo. Las protestas e indignación por lo sucedido iban en aumento mientras que el Gobierno y su debilitamiento en proporción.

Como respuesta a la subida de los precios, se han eliminado impuestos a combustibles y alimentos para reducir su precio. Por otro lado, se ha aumentado el salario mínimo y también se proporcionarán subsidios para los agricultores. Estas medidas de contención han producido que las protestas sociales se hayan apaciguado, pero momentáneamente. La crisis no ha cedido y en el plano político, aún menos.

La esfera política está cada vez más fragmentada, pues la derecha ha fracasado en la petición de que dos tercios de los parlamentarios votasen a favor de destituir a Castillo. Por su parte, el Congreso (mayoritariamente controlado por la derecha), pide ahora la renuncia del presidente. Quieren nuevas elecciones presidenciales, pero sin que afecte a ninguno de sus cargos; una opción que incendiaría aún más las calles. La ira en las movilizaciones populares no ha apuntado solo contra el Gobierno, sino también, y con fuerza, contra un Congreso cada vez más desacreditado. Según un sondeo reciente elaborado por Datum (semejante a nuestro INE), la desaprobación a la gestión de Castillo alcanza el 76%, mientras que el rechazo al Congreso es mayor siendo el 82%.

"Que se vayan todos"

Es el sentimiento que gana terreno, y se vuelve cada vez mayoritario entre los distintos sectores de la población peruana.

"La situación es muy compleja. Lo más probable es que el alza de precios continúe. Viene un problema económico serio, con protestas importantes y riesgo de violencia. Castillo no tiene la claridad ni la lucidez para enfrentar este problema. Creo que la salida es una movilización ciudadana que empuje a Castillo y al Congreso a renunciar ambos y adelantar las elecciones. Lo más peligroso es la destitución de Castillo o su renuncia, pero que el Congreso se mantenga ya que tiene su control la extrema derecha. El mayor peligro es la derecha autoritaria atrincherada en el Congreso", declaró a Página 12 el sociólogo y analista político Carlos Reyna.

Por su parte, el politólogo Juan de la Puente, director del portal de análisis político Pata Amarilla, señala que "el hecho fundamental de las protestas de corte popular ha sido la ruptura de los movimientos sociales con Castillo". Continúa añadiendo que resulta difícil de entender una salida del presidente sin que el Congreso también caiga, ya que es este último quien cuenta con mayor rechazo entre la ciudadanía.

La destitución de Castillo es un tema que todavía divide al país, pero la consigna de que se vayan todos es algo que une a Perú. Para que ese deseo se cumpla, es necesario convocar nuevas elecciones. Por tanto, la presión ciudadana debe ser aún mayor de la ya establecida, lo que causará más violencia y represión. "En este momento no hay salida a la crisis", señala de la Puente.

El alejamiento del programa de cambios prometidos, las denuncias por corrupción, los cuestionados nombramientos y el distanciamiento de un sector importante de la izquierda, se han sumado a la crisis económica y los ataques de la derecha para debilitar a un gobierno que comenzó como el de la esperanza y parece estar a la deriva. 

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