El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha expresado mediante un escrito su intención de apelar la decisión de la jueza federal, Aileen Cannon, de designar un perito para revisar los documentos incautados por agentes del FBI durante el registro de la vivienda en Florida de Donald Trump.

Cannon, tras aceptar el pasado lunes la petición del expresidente de los Estados Unidos, ha ordenado que el perito, aun por designar, se encargue de supervisar los bienes incautados, gestionar las afirmaciones de privilegio invocadas al respecto, hacer recomendaciones y evaluar las reclamaciones de devolución de bienes. Se prevé que este viernes tanto Trump como la Fiscalía de EEUU presenten sus listas de candidatos a "maestro especial", así como sus propuestas sobre los deberes y limitaciones de éste.  

El Departamento de Justicia  había calificado como innecesaria la petición de Trump con anterioridad dado a que un equipo ya se había encargado de distinguir la información que podría estar cubierta por los privilegios abogado-cliente.  Además, la Fiscalía tachaba de peligrosa la decisión de compartir "material altamente clasificado con un maestro especial".

No obstante, la magistrada ha permitido que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional pueda seguir evaluando los posibles riesgos para la seguridad nacional que supone la eliminación de la custodia gubernamental sobre documentos altamente confidenciales. 

Poco después de conocer la decisión de la magistrada del Sur de Florida, Trump declaró que el poder judicial y el FBI, "están siendo empujados a hacer lo incorrecto por muchas fuentes externas siniestras".

A partir del registro realizado el pasado 8 de agosto de la casa de Mar-a-Lago (Florida) del expresidente, la policía de investigaciones acusa a Donald Trump de obstrucción por presuntamente llevarse consigo documentos confidenciales al dejar la Casa Blanca.  Mucha de la información contenida en los papeles es calificada como top secret  y atañe a cuestiones relacionadas con la seguridad nacional.