Cientos de miles de rumanos han vuelto hoy a manifestarse, muchos de ellos solicitando la renuncia del Gobierno socialdemócrata, pese a que el Ejecutivo revocó este domingo el impopular decreto ley que despenalizaba algunos delitos de corrupción. Los manifestantes lanzan lemas -por sexto día consecutivo- como "Queremos que nos oigáis, no que nos mintáis" o "Lo habéis conseguido, nos habéis unido" en la plaza que está frente a la sede del Gobierno, entre silbidos, banderas y el sonido de vuvuzelas.

"No dimitiré, hemos ganado las elecciones con millones de votos", declaró el primer ministro, Sorin Grindeanu, a la televisión Antena3, y recordó que en diciembre el Partido Socialdemócrata (PSD) venció con el 45 % de las papeletas en los comicios legislativos. El número de manifestantes en la capital rumana asciende a primera hora de la noche a 200.000 y hoy se espera una gran afluencia por la llegada de muchas personas desde otras ciudades como Cluj-Napoca e Iasi.

Decenas de miles de personas también se manifiestan en otras grandes ciudades rumanas, en la que es la mayor oleada de protestas desde la caída del comunismo en 1989. "Queremos que dejen de aprobar leyes que les beneficien, no nos conformamos con la retirada del decreto", dijo a Efe Ciprian Todita, un informático de 34 años. En los días pasados han salido a la calle una media de 250.000 personas por noche para mostrar su rechazo a un decreto ley aprobado por vía de urgencia que despenalizaba la corrupción si los daños para el Estado eran menores a 44.000 euros.

"Toda la clase política de Rumanía tiene que entender que en el Parlamento no debe existir ninguna sospecha de corrupción", expuso a Efe Constantin Maris mientras agita una bandera rumana. "No nos rendiremos, queremos la dimisión del Ejecutivo y elecciones anticipadas", añadió Maris. El Gobierno derogó hoy oficialmente la polémica medida por la presión de la calle y lo publicó en el Boletín Oficial para que entrara en vigor de inmediato.

Grindeanu dijo que el Gobierno retiraba la medida porque no quería "dividir Rumanía en dos" y prometió trabajar con la oposición para redactar un nuevo proyecto de ley de consenso. En el comunicado del Gobierno se indica que Grindeanu ha pedido al Ministerio de Justicia que ponga en marcha un debate público con todos los partidos políticos y la sociedad civil. Los analistas consideran que las protestas continuaran hasta que el Gobierno asuma algún precio político por una medida impopular cuando apenas lleva un mes en el poder.

"Todavía hay muchos motivos que empujan a seguir saliendo a la calle, como exigir la dimisión del ministro (de Justicia) y evitar que suavicen las leyes contra la corrupción", explicó a Efe Sorin Ionita, del laboratorio de ideas Expert Forum. El analista no tiene ninguna duda de que el Gobierno tratará de alguna forma de rebajar la lucha contra la corrupción, pese a este primer revés. Los socialdemócratas vencieron de forma holgada en los comicios del pasado diciembre, pero el polémico decreto no estaba incluido en su programa electoral.

"La derogación del decreto marca una gran victoria de la calle. El Gobierno se ha comportado de manera abusiva, intentando legalizar el robo mediante maniobras ocultas", aseguró a Efe el analista Dan Tapalaga. Sin embargo, el PSD ganó en las elecciones con "un resultado claro, tiene todavía como partido toda la legitimidad de gobernar", concluyó el analista. Mientras una multitud expresa su indignación por la medida, unas mil personas protestan ante la sede de la Presidencia para respaldar al Ejecutivo con mensajes como "apoyamos un gobierno legítimo" o "Estamos con vosotros".

El presidente rumano, el conservador Klaus Iohannis, criticó la medida desde el primer momento y la consideró un paso atrás en la lucha contra la corrupción en el segundo país más pobre de la Unión Europea (UE). El decreto incluía un indulto a 2.700 presos por delitos menores, también por corrupción, y que el Ejecutivo justificó por la necesidad de vaciar las abarrotadas cárceles rumanas. Uno de los beneficiados de la polémica medida habría sido el líder del Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea, que no hubiera respondido ante un tribunal por un caso de corrupción con un daño para el Estado valorado en 24.000 euros.

La oposición, el presidente Iohannis, la magistratura, la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión Europea y países como Alemania y Francia criticaron duramente el decreto. La Fiscalía Anticorrupción ha logrado encarcelar desde 2010 a más de 3.000 políticos y funcionarios -entre ellos incluso ministros y un ex primer ministro del PSD, Adrian Nastase- lo que le ha valido los elogios de la Comisión Europea.