Gobierno y oposición acuerdan rechazar la expulsión masiva de refugiados a Turquía

MADRID.- Los grupos del Congreso han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la posición que habrá de mantener España a partir de este jueves en el Consejo Europeo frente a las condiciones para un acuerdo sobre la crisis humanitaria planteadas por Turquía: Mariano Rajoy rechazará las expulsiones colectivas de refugiados y defenderá que se abran vías legales de acceso a suelo comunitario, como visados humanitarios.

El documento ha sido pactado por los grupos antes de la comparecencia del secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Eguidazu; en la Comisión Mixta que estudia estos asuntos en el Congreso, y ha tomado forma en el Ministerio de Exteriores, donde se ha redactado la propuesta definitiva que después se ha entregado a todos los diputados de la Comisión.

Se trata de un texto con doce puntos en el que Gobierno y oposición manifiestan su "oposición a la adopción de cualquier acuerdo con Turquía que establezca expresa o indirectamente la posibilidad de proceder a expulsiones colectivas a territorio turco o a cualquier Estado no miembro de la Unión Europea".

"Consideramos imprescindible que la declaración o acuerdo garantice de manera expresa que cualquier expulsión a Turquía sólo será posible cuando la misma sea adoptada tras la conclusión definitiva del correspondiente expediente de asilo individualizado con todas las garantías", dice a continuación fijando un límite así a la posibilidad de que personas que no habían podido recurrir una primera negativa a su petición de protección internacional pudieran ser expulsadas.

En esta línea, los grupos parlamentarios y el Ejecutivo solicitan "que los acuerdos sobre el control del flujo de refugiados hacia Grecia que se alcancen con Turquía contengan garantías del cumplimiento de la legalidad internacional y del respeto a los derechos humanos, incluidos los requisitos de la legislación europea de asilo y contengan garantías del cumplimiento de la legalidad internacional y del respeto de los Derechos Humanos".

"Dicha legislación exige, entre otros, que exista la certeza de que se respete el principio de no devolución, que las personas puedan solicitar el estatuto de refugiado y en caso de ser refugiado, recibir protección con arreglo a la Convención de Ginebra o con garantías equivalentes mediante derecho interno, lo que incluye también el acceso a los derechos económicos y sociales garantizados por la Convención", señala el texto consensuado.

Asimismo, el acuerdo pasa por "promover el establecimiento de vías adicionales seguras de llegada y reasentamiento de los refugiados, tales como visados humanitarios, reagrupación familiar, becas etc.", y "estudiar una revisión de la cantidad de refugiados a acoger por la UE en función de la evolución de la crisis en los últimos meses, en línea con lo solicitado por diversas organizaciones no gubernamentales e internacionales".

En cuanto al mecanismo comunitario para repartir entre los distintos países a los refugiados que ya están en Grecia, Italia y Hungría, la posición de España será "continuar con la puesta en marcha en colaboración con el resto de estados miembro de las acciones necesarias para la efectiva reubicación" que, según afirma el documento, "deberá llevarse a cabo de manera solidaria entre todos los Estados miembro independientemente de la nacionalidad" de esas personas.

El acuerdo va un paso más allá y compromete a "impulsar que la UE ayude a los países europeos de recepción y de tránsito, asegure vías seguras y legales, aumente operaciones de rescate y salvamento en el mar". "La situación de las personas migrantes varadas en la frontera entre Grecia y Macedonia -añade el texto- requiere actuaciones urgentes".

También se fija promover en el seno de la UE "el establecimiento de manera urgente y efectiva de medidas de protección para individuos en riesgo, especialmente los menores sin familiares que se encarguen de ellos, o mujeres víctimas de violencia sexual o de género".

Sobre otra de las propuestas de Turquía, que pedía 6.000 millones de euros de la UE y liberalización de visados para sus ciudadanos, oposición y Gobierno exigen de forma conjunta "reforzar los mecanismos de control sobre el efectivo destino de la ayuda económica en favor de los refugiados".

Promover en el próximo Consejo Europeo y en el conjunto institucional de la Unión Europea "la comunitarización de la política de asilo y desarrollar el Sistema Europeo de Asilo" y la consideración de que el Gobierno debe acudir con una posición consensuada también a la Reunión de Alto Nivel que tendrá lugar el 30 de marzo en Ginebra a nivel mundial sobre los refugiados sirios, completan las medidas del acuerdo.