BUENOS AIRES.- La dictadura encabezada por el general Jorge Videla dejó mutilado un país con la desaparición de 30.000 personas. Unos 500 niños fueron sustraídos de sus familias y apropiados por el régimen militar, que necesitó de la complicidad de la Iglesia, el empresariado y la sociedad civil para sostener el terrorismo de Estado hasta 1983, mientras desmantelaba económica e institucionalmente el país.

Martín Balza es un conocido militar, teniente general ya retirado. Estuvo 48 años en el Ejército y fue jefe de esta fuerza de 1991 a 1998. En 1995, durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), se presentó en el programa de televisión más visto del país y mirando a cámara, pronunció lo que hasta ese momento los argentinos nunca habían escuchado de la boca de un militar: una autocrítica del papel que desempeñaron las Fuerzas Armadas durante la dictadura, y un llamamiento al Ejército para que no obedeciera jamás una orden inmoral.

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“Para comprender a la dictadura de 1976 tenemos que rastrear nuestra historia hasta 1955. Argentina tuvo seis golpes de Estado cívico-militares en el siglo XX. En todos intervinieron políticos, empresarios, algunos medios de comunicación y sindicalistas, además de miembros de la Iglesia” afirma a Público.

"Se instauró la impunidad jurídica, política, histórica y moral”, dice el militar 

Balza sostiene que no participó en ningún golpe de Estado, pero le tocó presenciar cuatro a lo largo de su vida. Era cadete en la academia militar en 1955, cuando en plena presidencia del ex presidente Juan Domingo Perón (1946-1955), la fuerza aérea y la aviación naval bombardearon distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, como la casa de Gobierno y la Plaza de Mayo. Mataron a más de 300 personas, y dejaron en las calles un número indeterminado de heridos.

“Tres meses después se produjo el derrocamiento de Perón, y quienes habían atentado contra el pueblo argentino fueron recibidos como libertadores con puestos de toda naturaleza. Eso se repitió con [los ex mandatarios] Arturo Frondizi (1958-1962) y Arturo Illia (1963-1966). Así llegamos a 1976. Total, el que delinquía contra el orden institucional no perdía nada. Se instauró la impunidad jurídica, política, histórica y moral”, sostiene el militar retirado.

Esa impunidad, que permitió hilar golpes de Estado a lo largo de la historia reciente de Argentina, se desintegró despacio, primero con el juicio a las primeras juntas militares durante el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), después con la derogación en el Congreso, durante la gestión del ex presidente Néstor Kirchner, de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que perpetuaba la impunidad de los militares, y más adelante con la inconstitucionalidad que decretó la Corte Suprema de los indultos de Menem.

"Cuando llegué a jefe del Ejército hicimos saber a los soldados que no habíamos sido salvadores de la patria"

Balza admite que pese a los años que han pasado, el Ejército no ha hecho la suficiente autocrítica sobre su papel durante el golpe de Estado. “Cuando asumí como jefe del Ejército, tuvimos que hacer una acción docente entre nuestros subordinados para hacerles conocer bien el pasado, para hacerles saber que no habíamos sido salvadores de la patria, que no habíamos combatido por los altos intereses de la nación, sino que descendimos a un círculo infernal al que no teníamos que haber llegado como hombres de uniforme”, enfatiza.

El general retirado, embajador durante los Gobiernos de Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, sabe que la sociedad civil también fue cómplice del golpe de Estado.

“En todos los golpes de Estado hubo una anuencia y un apoyo, pero la sociedad argentina lo ha superado. Hoy nuestra sociedad, de la que somos parte los militares, ha aprendido de una lamentable experiencia del pasado que no se puede olvidar en el marco de la verdad y la justicia, sin odio, rencor ni venganza”, afirma Balza.

Más de 2.700 personas, entre civiles y ex militares, han sido procesadas por la Justicia desde la reapertura de los juicios de lesa humanidad que comenzaron en 2006. Casi 670 personas han sido condenadas, mientras algunas causas indagan, en la actualidad, sobre la participación en el terrorismo de Estado de algunos estamentos civiles de la sociedad, como eclesiásticos, empresarios e incluso periodistas.