El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, ha decretado este miércoles en medio del juicio político en su contra, disolver la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y convocar elecciones generales anticipadas, de modo que gobernará mediante decretos hasta que su sucesor asuma el cargo.

En un mensaje a la nación, Lasso ha anunciado esta medida, contemplada en la Constitución ecuatoriana de 2008, por la "grave conmoción interna y política" que vive el país.

La decisión presidencial se produce después de haber comparecido el martes ante el Parlamento para realizar su alegato de defensa ante la acusación formulada por la oposición por un presunto delito de malversación tras dos años de Gobierno en el que no han dejado de sucederse las crisis. 

El mandatario ha usado para disolver la Cámara lo que se denomina la "muerte cruzada", una figura legal que puede adoptar para este fin y, así, no deberá esperar al debate que tendría que llevarse a cabo en el Parlamento para posteriormente votar una moción de censura. La aprobación de la moción de censura para destituir al Jefe del Estado hubiera requerido 92 votos, equivalentes a dos tercios del hemiciclo.

"Hoy es un día en el que tengo una obligación de dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado Ecuador", ha declarado Lasso en un discurso a la nación acompañado de miembros de su gabinete.

El mandatario considera que el Parlamento, dominado por la oposición, "tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado". A día de hoy, ha apuntado, "no es posible avanzar" en Ecuador por la actividad de una Asamblea que no lleva a cabo tareas de "fiscalización" sino que se limita a la "obstrucción".

Asegura que la oposición quiere "usurpar" todos los poderes del Estado, impulsada por un "sobrehumano rencor", en palabras del presidente. "Han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mí contra porque no hay nada que encontrar, absolutamente nada", ha sentenciado-.

Durante su discurso ha vuelto a defender la inocencia, tal como hizo en la sesión parlamentaria del martes. "Admito errores en mi gestión, pero soy un demócrata y he procurado que las soluciones sean siempre constitucionales y legales", ha apostillado.

Correa ve "ilegal" la disolución del Parlamento

La oposición, en cambio, ya había cuestionado la posible "muerte cruzada" antes del decreto de Lasso. Para el expresidente Rafael Correa, que sigue siendo desde Bélgica una destacada voz opositora, "lo que Lasso hace es ilegal", ya que "obviamente no hay ninguna conmoción interna" sino un juicio político en marcha "en aplicación de la Constitución".

"Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse", ha añadido en su cuenta de Twitter. No obstante, sí ha llamado a aprovechar la votación en ciernes: "Es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler y recuperar la patria".

La disolución del Parlamento, en pleno juicio político

El mandatario conservador afronta ahora un juicio político, el primero contra un presidente desde que se aprobó la Constitución de 2008, por presunta malversación de fondos públicos. Su destino se decidirá en los próximos cinco días.

A Guillermo Lasso, un exbanquero de 67 años que ganó las elecciones en 2021, se le acusa de no haber actuado contra una red de corrupción relacionada con un contrato público del Gobierno anterior. El acuerdo entre la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la compañía Amazonas Tankers para el transporte de derivados del petróleo fue suscrito en 2018 cuando gobernaba Lenín Moreno (2017-2021).

Según la oposición, Lasso estuvo al corriente desde el inicio de su mandato de las irregularidades y los desvíos de dinero público, con pérdidas millonarias para el Estado, y no habría hecho nada para rescindir el contrato.