Honduras, asolado por la violencia, elige entre dos modelos opuestos de país

Honduras decide este domingo si volver a la situación previa a 2009, cuando gobernaba el derrocado Manuel Zelaya, votando a su mujer, Xiomara Castro, o si mirar para otra lado y elegir al presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández.

Tras la elecciones de este domingo, la seguridad, la crisis económica y la lucha contra la pobreza marcarán la agenda del nuevo Gobierno. Los últimos sondeos sobre intención de voto apuntan a una leve ventaja de Hernández sobre Castro, con el 28% y el 27% respectivamente, aunque esta mínima diferencia servirá para decidir la victoria en un sistema electoral de una sola vuelta en el que el triunfo corresponde al candidato que supere con un solo voto a los demás aspirantes.

Además de Castro y Hernández, también compiten Mauricio Villeda, del Partido Liberal (PL); Orle Solís, del Partido Democracia Cristiana (PDC); y Romeo Vásquez, de Alianza Patriótica (AP), como representantes del centro-derecha; Jorge Aguilar, del Partido Innovación y Unidad (PINU); y Andrés Pavón, del Frente Amplio Político Electoral de Resistencia (FAPER), como abanderados de la izquierda; y Salvador Nasralla, del Partido Anticorrupción (PAC), de centro.

Unos 5,3 de los 8,5 millones de hondureños están llamados a las urnas para elegir, además de presidente, a los 128 diputados del Congreso Nacional, a 20 del Parlamento Centroamericano y 298 cargos municipales.

Para ello, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha instalado 16.094 urnas en 5.437 mesas repartidas por todo el territorio nacional y en 40 ubicadas en las ciudades estadounidenses de Washington, Nueva York, Houston, Miami, Atlanta y Nueva Orleans.

Unos 15.750 observadores velarán por la transparencia del proceso electoral. El TSE ha pedido a los 750 extranjeros, procedentes de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), que respeten la soberanía nacional de Honduras, recordándoles que "solo están para acompañar".

Carrera política provocada por el golpe

Castro saltó a la primera línea de la vida política hondureña tras el golpe de Estado perpetrado el 28 de junio de 2009 contra Zelaya por las Fuerzas Armadas con el apoyo de los diputados del Partido Liberal (PL), al que pertenecía, para frenar su reforma de la Constitución, con la que pretendía legalizar la reelección presidencial.

Con Zelaya recluido en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, Castro, como primera dama derrocada, tomó las riendas de la situación y lideró las multitudinarias protestas que tuvieron lugar en Tegucigalpa para exigir la restauración del orden democrático, enfrentándose a una dura represión.

Tras la vuelta a la normalidad democrática, con las elecciones del 29 de noviembre de 2009, que llevaron a la Presidencia al ultraconservador Porfirio Lobo, del Partido Nacional (PN), Castro y Zelaya crearon el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), para abanderar en Honduras el movimiento bolivariano, impulsado por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.

En estos cuatro años, Castro ha liderado la oposición al Gobierno de Lobo, aunque, de acuerdo con los analistas políticos, asesorada siempre por Zelaya, lo que hace temer que la candidatura presidencial de la ex primera dama solamente sea un instrumento para devolver al poder a su marido.

La aspirante de LIBRE, lo ha negado. "Desde que él asumió la Presidencia me consultó muchas veces, yo di mis opiniones y él tomó las decisiones. Ahora, yo seré quien consulte y tome las decisiones", aclaró en una entrevista concedida durante la campaña electoral a la agencia de noticias británica Reuters.

De ganar estos comicios, Castro, de 54 años, se convertiría en la primera mujer en llegar a la Presidencia del país centroamericano y conseguiría romper con un siglo de bipartidismo dominado por gobiernos del PL y del PN.

Hernández, el hombre fuerte del Gobierno

Por su parte, Hernández, de 45 años, es un viejo conocido en la arena política que en la última legislatura ha consolidado su poder como presidente del Congreso, una figura clave en Honduras porque, al tener una sede legislativa unicameral, tiene en sus manos la llave del Gobierno.

Aunque de origen humilde, ya que es el 15 de los 17 hermanos de una familia campesina de la región cafetalera de Lempira (suroeste), Hernández, cuyo carácter se ha moldeado al calor de la disciplina militar, finalmente se ha convertido en uno de los máximos exponentes del conservadurismo hondureño.

Obra suya son las leyes más polémicas del Gobierno de Lobo. Entre las que destaca la ley para depurar la Policía, cuya aprobación costó la destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia que la declararon inconstitucional por violar los derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso.

También fue el artífice de la ley que permite extraditar a Estados Unidos a hondureños acusados de narcotráfico. La aprobación de esta norma jurídica provocó una fuerte respuesta del crimen organizado que se tradujo en una ola de violencia que le costó la vida al influyente periodista Alfredo Villatoro.

Asimismo, es el impulsor de la reforma de las Fuerzas Armadas, que ha permitido la creación de una Policía Militar, dotada de momento con 5.000 efectivos, para combatir al crimen organizado y a la delincuencia común en las calles de todo el país.

Dos modelos opuestos de país

A lo largo de la campaña electoral, Castro y Hernández han presentado dos modelos de país totalmente opuestos, aunque basados en los mismos desafíos: seguridad, economía y pobreza. El principal tema de debate, y el que más división ha generado en la sociedad hondureña, ha sido el papel de las Fuerzas Armadas.

El candidato oficialista ha abogado por ampliar las facultades de los uniformados y desplegarlos por todo el territorio nacional para acabar con la inseguridad ciudadana, de la que son responsables las pandillas conocidas como maras, y con el crimen organizado, dedicado principalmente al narcotráfico. La líder izquierdista, en cambio, pretende limitar la acción de los militares al control de las fronteras para consolidar el rol de las fuerzas civiles, aunque tras una necesaria depuración de las mismas.

La seguridad es uno de los mayores problemas de Honduras, con un promedio de 85,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. En los últimos años, se ha visto agravado por la llegada de los cárteles mexicanos y colombianos que han sido expulsados de sus países por la presión de las fuerzas de seguridad nacionales, ayudadas por Estados Unidos.

El contraste también se puede ver en sus políticas económicas. Hernández planea incentivar la inversión privada, tanto hondureña como extranjera, y privatizar la red de carreteras; mientras que Castro pretende implantar un modelo "socialista democrático" basado en una reforma agraria.

Ambos esperan ayuda del FMI para reactivar una economía con casi 3.000 millones de deuda pública

Ambos, no obstante, confían en conseguir la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reactivar la economía hondureña, lastrada por un déficit del seis por ciento y por una deuda pública de 2.907 millones de dólares, a nivel interno, y de 4.419 millones de dólares, a nivel externo.

Sus diferencias también son palpables en lo tocante a la Constitución. Mientras que Hernández quiere preservarla, Castro defiende una reforma, pero no para legalizar la reelección presidencial, sino para "refundar el Estado". Entre las innovaciones que pretende incluir destacan la elección popular de los cargos del Poder Judicial, la revocación por referéndum de todos los cargos de elección popular y el referéndum para temas de interés nacional.

Los dos coinciden en la necesidad de apoyar a las clases bajas mediante subsidios públicos y la universalización del acceso a la sanidad para sacar de la pobreza al 70% de los hondureños que viven en ella, lo que hace al país el segundo más pobre de América Latina, por detrás de Haití.