Transcurre la década de 1960 en Inglaterra; un hombre va a un cementerio en busca de una tumba de niño, más o menos de su edad; anota los datos con los que solicita primero un certificado de nacimiento y después un pasaporte; le ha robado la identidad al inocente muerto. Hasta aquí, parte de la trama de El día del Chacal, un clásico de la novela de suspense. Por casualidad o causalidad, tras la publicación del libro, la Policía inglesa descubrió una trama de falsificadores de pasaportes cuya identidad correspondía a muertos.

Transcurre la década de 1960 en Inglaterra; la primavera de Praga y el mayo del 68 de París resuenan en Londres, la Policía decide crear el Special Demonstration Squad (SDS) para infiltrarse en grupos políticos que llaman a la movilización callejera; de Londres pasan a Irlanda del Norte a camuflarse en el movimiento por los derechos civiles y de allí a espiar a pacifistas, anarquistas, ecologistas, defensores de los animales, etc. hasta 2008 que se disuelve la SDS conocida también por "los peludos" por la apariencia hippy de los agentes secretos, algunos de ellos con identidad perteneciente a menores muertos, como en la novela.

Todas las cloacas policiales huelen mal, sin embargo, en las británicas el dinero no parece alentar a sus protagonistas, sino el manoseado concepto de seguridad nacional y/o bien común o público. Una diferencia de las cloacas españolas, representadas en el lucrativo comisario Juan Manuel Villarejo con responsabilidad sobre la seguridad nacional y/o el bien común o público. La investigación sobre las operaciones de la SDS desde 1968 a 2008 se ha abierto en Londres con el nombre de Undercover Policing Inquiry; cuenta con una página web en la que ofrece detallada información de las sesiones.

Otra versión de la investigación, la de las víctimas, se cuelga en la página web de Undercover Research Group en la que se identifica a 22 agentes con sus respectivas fotografías. "La investigación busca la verdad; intentará conocer la totalidad de los hechos y así poder hacer recomendaciones para la conducta futura de la policía camuflada", dijo el abogado David Barr, de parte de la Fiscalía, en la apertura de la investigación. Un objetivo noble el de buscar la verdad sobre el que muchos dudan por los precedentes del escándalo. La investigación conducida dentro del mismo cuerpo policial no convenció a nadie y, de momento, los destrozos del SDS han costado ya más de 30 millones de euros en pleitos y compensaciones.

El escándalo de la policía secreta saltó en 2010 por las denuncias de varias mujeres que acusaron a agentes de haber entablado relaciones amorosas con ellas (ecologistas, anarquistas, pacifistas, defensoras de los animales o pertenecientes a grupos políticos) bajo falsa identidad. Kate Wilson denunció a Mark Kennedy o Mark Stone; Mónica, que mantiene el anonimato, demandó a Jim Boyling, infiltrado en grupos defensores de los animales de 1995 a 2000. Monica manifestó a The Guardian lo siguiente: "Mi vida privada y mi sexualidad no hubiesen tenido que ser utilizadas para espiar a la organización que intentaba hacer cambios positivos; me engañaron para crear intimidad con alguien ajeno con el que no me hubiese relacionado si hubiera conocido su verdadera identidad".

En 2014, la Policía en sus reconocimientos de unas cosas sí y otras no, informó de que prohibía a sus camuflados establecer relaciones personales o íntimas con los espiados, se disculpó públicamente a 12 mujeres que fueron víctimas de los excesos de sus agentes. Algunas de ellas fueron compensadas por el engaño. Más de 3 millones de euros fueron repartidos entre siete mujeres. Jacqui, activa en grupos de defensa de los animales, tuvo un hijo con Bob Robinson, que en realidad era Bob Lambert, en 1985. Al cabo de dos años él desapareció. Ella fue compensada en 2014 con 500.000 euros. Jacqui descubrió por la prensa que el desaparecido padre de su hijo podía ser un policía infiltrado; dio con él. "La Policía seguía la táctica de ni negar ni confirmar; no han admitido que han utilizado el sexo para conseguir información aunque plantaban agentes secretos varones contra mujeres activistas", manifestó Jacqui a la BBC.

La infiltración policial en grupos políticos, sociales o medioambientales llegó hasta penetrar a Justice for Stephen Lawrence, una campaña de gran eco mediático para llevar a juicio a los asesinos de Stephen Lawrence, un joven de raza negra asesinado en una parada de autobús del sureste de Londres por unos racistas (identificados por los medios) que salieron a cazar en 1993. El asesinato provocó convulsión política por la reconocida oficialmente como "incompetencia" policial. Las pruebas que podían implicar a los sospechosos se perdieron. Una investigación dentro del mismo cuerpo de seguridad concluyó que el racismo corría de forma "sistemática" dentro de la Policía. Una conclusión que avergonzó, al menos por unos días, a los más altos mandos policiales.

La investigación en curso se ha iniciado con una lista de casi mil grupos espiados, obstáculos y retrasos habidos y por haber. El anonimato de agentes y víctimas es tema polémico que envuelve el proceso esclarecedor como lo es el testimonio a puerta cerrada de algunos implicados por razones de seguridad nacional. En una vista preliminar en 2018 unas 60 personas que fueron objeto del espionaje abandonaron la vista en protesta a las limitaciones que se fijaban para la investigación judicial (no proceso) que no tendrá sentenciados sino que intentará aclarar qué ocurrió con la policía secreta durante cuatro décadas en Reino Unido.