La reina Isabel II se encuentra en el puesto 12º en la lista de los monarcas y príncipes más ricos del mundo elaborada por Forbes. Su fortuna estimada en 450 millones de dólares no parece ser suficiente para afrontar los elevados gastos de calefacción de los palacios. Ese problema hizo que la Casa Real formulara en 2004 una propuesta al Gobierno británico tan insólita como poco presentable desde el punto de vista político.

La Casa Real pretendía poder acceder a una subvención para mejorar el suministro de electricidad y gas con cargo a un fondo de 70 millones de euros habilitado por el Gobierno para reducir la factura de calefacción de los hogares de rentas bajas.

El Gobierno dio su aprobación al principio, pero luego se lo pensó mejor, según documentos oficiales a los que ha tenido acceso The Independent. El fondo estaba destinado a colegios, hospitales y los organismos locales que gestionan el mantenimiento de las viviendas sociales de la familia pobres. Al ser una institución, la Casa Real quería saber si podía unirse a esas peticiones.

La respuesta fue negativa. Con gran delicadeza, se comunicó a los funcionarios reales que las ayudas estaban destinadas a las rentas bajas: "Lamento decir que la cobertura periodística sería muy negativa si se supiera que la Casa Real ha recibido una subvención a expensas de, por ejemplo, un hospital. Siento no poder ser más positivo". Los responsables de las finanzas reales se habían quejado de que sus gastos de electricidad y gas habían aumentado un 50% en 2004.

El Gobierno y la Casa Real negocian desde hace años un aumento de la contribución a las finanzas reales para destinarla al mantenimiento de palacios como Buckingham y Windsor. Isabel II ha tenido que recurrir a las reservas en varias ocasiones hasta dejarlas en mínimos.

Los documentos que maneja el periódico han revelado que la reina se vio obligada en 2004 a entregar el control último de sus cuentas al Gobierno en caso de discrepancia. Hasta ahora, las diferencias han sido solventadas a través de la negociación. Pero es el Gobierno el que tiene la última palabra.

Por ejemplo, las dos instituciones se disputaron quedarse con los 17,6 millones de euros obtenidos de la venta de propiedades en Kensington Palace Gardens, una de las calles más exclusivas de Londres. El Gobierno aceptó entregar a la reina sólo 2,3 millones de esa cantidad.

El actual Gobierno continúa negociando estos asuntos con la Casa Real. Cuando está a punto de poner en marcha una gran reducción del gasto público en todos los ministerios, sus posibilidades de aceptar las peticiones reales son muy reducidas.