"No nos cansaremos de denunciar el doble rasero que emplea la Unión Europea". Es la declaración de intenciones de Javier Couso. El eurodiputado por Izquierda Unida, dentro de la gran actividad que ha mantenido desde que aterrizara en el hemiciclo comunitario, ha remitido este jueves cuatro preguntas a Federica Mogherini, la nueva Alta Representante para la Política Exterior y la Seguridad, en las que cuestiona la política de la UE hacia Colombia, uno de los países americanos con mayores violaciones de los derechos humanos. 

El también vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara explica, en declaraciones a Público, que sus últimas interpelaciones parlamentarias tienen que ver con las denuncias que él y su grupo pretenden protagonizar contra la impunidad de actos que, incluso, están siendo investigados por posibles delitos contra la humanidad. En el caso colombiano, Couso ve un claro reflejo de un escenario donde no se ha hecho todo lo posible para "depurar responsabilidades".

Se refiere a un país, inmerso en un proceso de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), donde los asesinatos y las desapariciones forzosas están a la orden del día. "Pretendemos manifestar nuestro rechazo a la firmeza con la que la UE actúa contra los que considera sus enemigos y la manga ancha que utiliza en algunos casos, Esa doble vara de medir y la utilización de la defensa de los derechos humanos con fines espurios", dice Couso a este diario.

Sólo entre 2002 y 2008, se produjeron en Colombia 3.345 ejecuciones extrajudiciales durante el Gobierno de Álvaro Uribe, según datos de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y reconocidos por la propia fiscalía colombiana. Son los llamados falsos positivos, los asesinatos de campesinos presentados como guerrilleros de las FARC y por los que el expresidente colombiano está siendo siendo investigado por la Corte Penal Internacional.

En una de sus preguntas, Couso pregunta a la italiana Mogherini cómo pretende asegurar el bloque comunitario que dirigentes colombianos con acusaciones vigentes no entren a formar parte de las operaciones de gestión de crisis de la UE tanto en el campo civil como en el militar después del acuerdo marco alcanzado entre el organismo y el país americano. "Si la Unión Europea invita Colombia a participar en dichas operaciones, ¿no debería tener una responsabilidad de investigación y sanción de si así fuera necesario?", cuestiona el eurodiputado.

En otra de sus interpelaciones, Couso se hace eco de la preocupación de diversas organizaciones internacionales ante "las amenazas y agresiones" contra los defensores de los derechos humanos en Colombia y "reclamantes de tierra". En concreto, menciona los casos del abogado Jorge Molano y de la Corporación Sembrar, "que llevan algunos de los casos más emblemáticos del país" relacionados con desapariciones forzosas. Tras el relato de la pérdida de protección que sufren por parte de las autoridades colombianas, se pregunta si la diplomacia europea "mostrará públicamente su preocupación ante esta grave situación y solicitará la implementación de las medidas de protección correspondientes".

Couso recuerda que, a pesar del cambio de Gobierno, las denuncias de violaciones de derechos humanos se siguen sucediendo con el Ejecutivo de Juan Manuel Santos, al que concede que, por lo menos, haya tenido la voluntad de impulsar el proceso de paz. Sobre ello, el europarlamentario critica la posible intervención que haga la UE en las negociaciones. A su juicio, el papel del organismo es "limitado" mientras siga considerando a las FARC grupo terrorista, ya que, considera, en vez de mero actor pasaría a ser "parte" en el proceso.

La cifra de personas cuyo rastro se ha perdido en Colombia durante las últimas décadas asciende a 51.000, según un estudio del Grupo de Trabajo para América Latina y la Oficina para Colombia de EEUU. Más de la mitad han sido víctimas de desapariciones forzosas cometidas por guerrillas, paramilitares o miembros de los cuerpos de seguridad, cifras que colocan a Colombia a la cabeza de este tipo de crímenes en todo el mundo, incluso por delante de las terribles dictaduras chilena y argentina de los años 70 y 80. 

Los falsos positivos por los que Uribe está en el punto de mira son sólo una pequeña muestra de los 32.000 desaparecidos que existían en Colombia cuando abandonó el cargo en agosto de 2010. Los asesinatos de civiles usados para inflar los buenos resultados falsamente obtenidos en la guerra del Ejército contra las guerrillas vienen de lejos. De hecho, EEUU sabía de su existencia desde 1990. Será muy difícil que el expresidente sea formalmente juzgado, pero ante ello, Couso insta a seguir trabajando para que, aunque sea por una vez, no triunfen "los amantes de la guerra".