Un tribunal militar israelí extendió hoy otros siete días el arresto de Juana Ruiz Sánchez, una mujer española residente en Cisjordania ocupada y detenida sin cargos por Israel desde hace casi dos semanas, que afrontará otra vista el próximo domingo, informó una portavoz de su familia.

La decisión se produjo tras la cuarta audiencia judicial que tuvo lugar esta tarde en la Corte militar de la prisión israelí de Ofer, donde esta trabajadora humanitaria residente en la localidad palestina de Beit Sahur compareció por videoconferencia, mientras permanece arrestada en la cárcel de Hasharon, en el norte de la ciudad israelí de Tel Aviv.

Según informó un portavoz del Ejército, Ruiz Sánchez, de 60 años y que trabaja desde hace décadas para la ONG palestina Comités de Trabajos para la Salud, fue detenida bajo sospecha de presunto lavado de dinero en un caso que involucraría al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), una organización política considerada terrorista por Israel.

El Ejército la considera sospechosa "de haber cometido delitos de prestación de servicios para una organización ilegal afiliada" al FPLP, de haber mantenido "contacto con un agente extranjero" y de "delitos relacionados con el blanqueo de capitales", según concretó. Tras su arresto en el domicilio de Ruiz el pasado 13 de abril, sigue "detenida con propósito de interrogación", una modalidad por la que, según la ley militar, puede permanecer encerrada hasta 75 días.

Según concretó una portavoz de la familia, Ruiz Sánchez deberá comparecer de nuevo ante el tribunal militar el próximo domingo, después de que la Policía y los servicios de seguridad israelíes pidieran extender hoy su detención para seguir interrogándola.

En la próxima audiencia judicial estará también presente el fiscal militar, que podría decidir si pedir una nueva prolongación de su arresto para examinar y presentar posibles cargos contra ella. Representantes del Consulado General de España en Jerusalén, que han dado asistencia a la detenida, estuvieron presentes hoy en la corte, tal como hicieron en las audiencias anteriores.

A su vez, familiares y allegados lamentaron que esta trabajadora humanitaria tiene "problemas de salud" y se le "está sometiendo a un trato que puede afectar su situación sanitaria y psicológica".

En los últimos días, se puso en marcha una intensa campaña para pedir su liberación que ha tenido difusión por redes sociales y entre movimientos sociales, grupos de solidaridad con la causa palestina y miembros de partidos políticos españoles

Más de 2.000 personas, incluyendo escritores, artistas, políticos y cargos públicos españoles, firmaron también un manifiesto pidiendo su liberación inmediata. A su vez, un grupo de 15 eurodiputados de los grupos de la Izquierda y los Verdes solicitó hoy al Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, la mediación de la Unión Europea en el caso.