"Me llamo José y vengo de Jujuy", dice un hombre de piel cobriza que lleva una whipala, la bandera de pequeños cuadrados con colores del arcoíris característica de varios pueblos indígenas. No dice su apellido: "mientras menos demos nuestros nombres mejor, es un poco más complicado para ellos encontrarnos, hay una persecución allá a las personas que protestamos, que exigimos nuestros derechos", explica. A sus espaldas está el Congreso de la Nación con su cúpula verde y una marcha que está por atravesar el centro de Buenos Aires, tan lejos de las selvas y montañas de colores de Jujuy.

José recorrió más de 1.500 kilómetros en lo que se conoce como el Malón de la Paz, que inició el 25 de julio cuando centenares de personas partieron desde la provincia del norte argentino para venir al centro del poder político nacional. Protestaron durante semanas en Jujuy antes de tomar esa decisión, con movilizaciones en la capital San Salvador, cortes de rutas en las quebradas y el altiplano donde se encuentran la mayoría de las comunidades indígenas que ahora están en el corazón de la capital argentina.

En esos 1.500 kilómetros recorridos en autobuses y a pie, encontraron "apoyo de las comunidades aborígenes, quienes se acercaban a nosotros, apoyando la lucha". Cruzaron Santiago del Estero, Córdoba, Rosario, en una odisea de gente humilde: "juntamos botellas en la calle para poder venir, pagar nuestros pasajes, nuestros alimentos", cuenta José, quien carga un cartel con la cara del exgobernador Gerardo Morales tras las rejas y la frase "vende patria". Morales, cuyo partido mantiene el gobierno en Jujuy, es ahora candidato a vicepresidente en la fórmula encabezada por Horacio Rodríguez Larreta, quien disputa la primaria presidencial del próximo 13 de agosto.

Quienes están ahora al pie del obelisco en Buenos Aires no vinieron a debatir sobre las elecciones que serán determinantes para una Argentina con un promedio de 7% de inflación mensual y sobreendeudada con el Fondo Monetario Internacional. Están para hacer escuchar dos reclamos centrales: la nulidad de la reforma de la Constitución provincial votada entre gallos y medianoche el 20 de junio, y la oposición a la explotación del litio en la provincia, una de las principales para extraer el mineral estratégico para la transición energética y, finalmente, para denunciar la represión más grande contra una protesta en Argentina en los últimos tiempos.

El agua vale más que el litio 

"La reforma constitucional está hecha para extraer el litio la han redactado para que no podamos reclamar nada", cuenta Liliana, procediente de la comunidad de Abra Pampas, un pueblo de 8.000 habitantes a 3.500 metros de altura y a pocos kilómetros de Bolivia. "El agua no se vende, el agua se defiende, no al litio" dice el cartel que carga junto a pancartas de "comunidades aborígenes" de diferentes partes de la provincia. Muchos usan ponchos, sombreros, aguayos de colores, van con tambores, sikus de caña.

El litio es uno de los corazones de la crisis jujeña que luego de impactar nacionalmente volvió a quedar eclipsada por la campaña presidencial y el complejo entramado de intereses detrás del "oro blanco". En el negocio alrededor del mineral cuyo, valor de tonelada aumentó de 7.000 dólares a un promedio de 40.000, están empresas transnacionales australianas o chinas, y empresas privadas nacionales, como la del empresario José Luis Manzano, cercano al exgobernador Morales y al actual candidato presidencial del peronismo Sergio Massa, quien detenta 243.000 hectáreas de salares entre Jujuy y Catamarca para explotar el litio.

Se trata de un negocio millonario: "el año pasado la empresa Pluspetrol que había comprado varios yacimientos a unos 80 millones de dólares, vendió uno solo de esos yacimientos a una empresa china a 1.000 millones de dólares", explica Santiago Nacif, investigador de la Universidad de Quilmes. La rentabilidad está en que en Argentina "se puede acceder a un yacimiento ya sea para explorarlo o explotarlo vía simple concesión que se establece a perpetuidad y sin condiciones. Este sistema lo que hizo en el medio de esta crecida de precios internacionales fue acelerar una especulación inmobiliaria sobre este mercado de yacimientos, eso es lo que explica incluso la reforma constitucional".

Empresas privadas, "oligarquías regionales", como las caracteriza Nacif, extraen el mineral sin industrialización posterior en el país, un negocio en alza con un retorno provincial mínimo: "regalías de 3% que en los hechos reales son 1.1%, eso es lo que queda efectivamente a la provincia a cambio de haber entregado el yacimiento". El problema es el modelo de extracción, exportación y repartición. La amenaza es además el uso del agua necesario para la explotación, una situación que moviliza a las comunidades jujeñas en defensa de las salinas (grandes desiertos de sal donde se encuentra el litio), la agricultura y su paisaje que es más que un paisaje.

Si no hay acuerdo hay represión

La represión fue brutal. "Los disparos a la gente, jóvenes que perdieron un ojo porque apuntaron a la cara... no hubo piedad. Aquellos disparos me motivaron a venir a ésta lucha, porque no puede ser que haya una injusticia y nos tengamos que quedar callados como siempre, basta ya", cuenta José, que masca coca mientras camina por Buenos Aires. José trabaja en un comedor donde alimentan a 60 familias por día, vive de eso y de trabajos informales, de poco, lo que puede, como muchos en una provincia con los salarios más bajos en un país que de por si sufre de salarios devorados (salvo excepciones) por la inflación. De hecho, fue por reclamos salariales de los maestros que empezaron las grandes protestas en Jujuy.

"Lo que podría caracterizar los últimos hechos de Jujuy son tres características principales, la represión, la criminalización y la intimidación", explica Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Lo primero "con el modo en que llevaron adelante los operativos de manera muy violenta, con uso indiscriminado de la fuerza, muchas personas que recibieron balas de goma, heridas graves, disparaban directamente al cuerpo, una represión muy feroz", analiza.

La criminalización fue con la apertura de causas contra los "referentes y manifestantes": "hoy entre penales y contravencionales hay alrededor de 200 causas abiertas", explica, en lo que caracteriza también como una "estrategia disciplinadora". Finalmente, la intimidación "fue ir a las universidades, estar en las asambleas, la idea de que hay gente infiltrada, ir a las casas, fue muy extendido". En los días más álgidos se multiplicaron imágenes de allanamientos nocturnos, furgonetas sin distintivos oficiales arrestando personas.

La situación represiva en Jujuy no es nueva, y lo que sucede "es la consolidación de la subordinación del poder Judicial a la estrategia de criminalización del gobierno y de disciplinamiento en relación con las protestas y los conflictos. Esto viene de hace tiempo, desde la estrategia vinculada a la detención y encarcelamiento de Milagro Sala, pero no únicamente dirigida a referentes y personas, sino directamente a las organizaciones", explica la directora del CELS. La reforma de la Constitución provincial busca prohibir el derecho a la protesta y a los cortes de ruta, algo que forma parte históricamente del repertorio de acciones colectivas de comunidades, movimientos y sindicatos.

Jujuy no entra en las urnas

"Vengo de Abra Pampa con todos los hermanos caminando a reclamar a la Corte Suprema de Justicia y al Gobierno nacional que intervenga la provincia y que de de baja la reforma que es inconstitucional", dice Benito, quien organiza el acampe frente a la cabeza del poder Judicial, acompañado de numerosas organizaciones que vinieron a solidarizarse. Lo que sucede en Jujuy es leído como un ensayo regional de lo que podría desplegarse a escala nacional si ganara la actual oposición en cualquiera de sus candidaturas, tanto Larreta como su contrincante en las primarias, Patricia Bullrich, o Javier Milei.

¿Qué respuesta puede obtener el Malón en este momento del país a puertas de las urnas y con una Corte Suprema cuestionada por parte del peronismo y progresismo? Seguramente pocas. Lo mismo probablemente ocurra ante un poder Ejecutivo cuyo presidente Alberto Fernández parece ocupar un lugar muchas veces secundario en política nacional: el peso reside en el ministro de Economía y simultáneo candidato presidencial Massa, o en Cristina Fernández de Kirchner, quien no se presentará a las elecciones por lo que denuncia como una persecución y proscripción de facto.

Las próximas elecciones presidenciales no parecen tener respuesta a las demandas de Jujuy. La actual oposición, enfrentada en primarias, se unió para respaldar la represión. Massa, por su parte, es señalado de tener un vaso comunicante con el negocio del litio a través del empresario Manzano, así como una historia de alianzas pasadas con Morales, algo que tal vez explique su silencio ante lo sucedido. Juan Grabois, candidato a las primarias con Massa, se ha expresado en defensa de los reclamos jujeños, pero ni él, ni los partidos de izquierda también solidarios, están cerca de la presidencia.

No es la primera vez que ocurre un Malón de la Paz desde Jujuy hasta Buenos Aires: el primero sucedió en 1946, el segundo en 2006. Las comunidades están ahora nuevamente en la capital argentina, acampando lejos de los altiplanos andinos o las yungas selváticas, en el centro de un poder político nacional en transición, una economía inflacionaria, sobreendeudada, y una votación que se acerca. Si bien es poco probable que encuentren respuestas a sus demandas en ese contexto, también lo es que se desmovilicen.