La junta militar de Myanmar anuncia el indulto parcial a Aung San Suu Kyi

La junta militar de Myanmar ha comunicado este martes el indulto parcial a la expresidenta Aung San Suu Kyi, detenida desde que se diera el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021. Hasta ahora le han impuesto condenas que suman 33 años en prisión. Tras la decisión, la pena se reduce en seis años.

Myanmar extendió este lunes el estado de emergencia medio año más, lo que se traduce en que aún no podrán celebrarse nuevas elecciones. Un día después, el régimen 'provisional' ha anunciado la noticia del indulto a través de una breve misiva. 

A pesar de la anulación de condenas, solo cinco de las 19 han sido retiradas. Así, Suu Kyi, premio nobel de la Paz, no será liberada plenamente. La decisión tiene lugar después del inicio de rumores que hablaban de un posible arresto domiciliario de la antigua líder, de 78 años, a quien solo se la ha visto en una ocasión en público desde 2021. 

No es la primera vez que Suu Kyi permanece presa. Durante el periodo de mandato de la anterior junta militar (1962-2011), la mujer pasó 15 años bajo arresto domiciliario. Fue durante la etapa de Gobierno de la premio Nobel cuando el país comenzó una era de transición democrática. Dicha era fue interrumpida hace dos años y medio, cuando el Gobierno legítimo fue derrocado antes de comenzar su segundo mandato.

Myanmar se sumió así en una terrible crisis política, social y económica, profundizada por la intensificación de la guerra de guerrillas que ocupa todo el país.

El golpe de Estado

El 1 de febrero de 2021 el Ejército dio un golpe de Estado alegando que las elecciones generales de noviembre de 2020 habían sido amañadas. De esta forma, anularon el resultado, que daba la mayoría a la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés) de Suu Kyi.

Tras su deposición, la líder política ha sufrido una persecución judicial basada en varios juicios secretos, cuyas consecuencias ascienden a 33 años de prisión. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideran que los tribunales son fraudulentos e inválidos. Aún así, la última condena le llegó en diciembre de 2022, que sumó siete años de cárcel por cargos de corrupción.