La Justicia de la provincia de Salta (norte de Argentina) dictó el sobreseimiento del caso de la médica Miranda Ruiz, quien fue imputada el año pasado por practicar un aborto en un hospital de la ciudad salteña de Tartagal, confirmó este sábado a EFE el abogado de Ruiz, Óscar Guillén.

El juez Luciano Martini, integrante de la Sala I del Tribunal de Impugnación de Salta, aceptó el recurso de apelación presentado por la defensa y dictó el sobreseimiento de Ruiz, al considerar que "actuó autorizada por la ley" y que su actividad, por lo tanto, "fue lícita".

Amnistía Internacional emitió un comunicado para expresar su "profundo entusiasmo" por esta decisión, en un país que ha hecho "enormes esfuerzos" para garantizar el acceso al aborto, práctica que todavía presenta obstáculos en varios puntos de Argentina.

"Miranda jamás debió ser imputada. Su caso visibiliza el irremplazable rol de las y los profesionales de la salud en el acceso al aborto y exige que el Estado, en todos sus niveles, respalde a quienes sean injustamente perseguidos por garantizar derechos", manifestó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.

Detalles de la causa

En septiembre del año pasado, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, ordenó imputar a Miranda Ruiz, de 34 años, por el presunto delito de aborto sin consentimiento, luego de que la médica practicase una interrupción legal del embarazo (ILE) a una paciente que así lo solicitó.

Tras la formalización de la denuncia, presentada por una familiar de la paciente, Ruiz fue detenida y permaneció arrestada durante varias horas en un calabozo.

La investigación, según Amnistía Internacional, presentó numerosas "irregularidades" que fueron denunciadas tanto por su defensa como por organizaciones de la sociedad civil.

Según un informe de la organización de derechos humanos, en la provincia de Salta todavía "persisten barreras" que dificultan el acceso al aborto, debido al escaso número de profesionales sanitarios y a las dificultades para acceder a la práctica por demanda espontánea, entre otros factores.

Desde su entrada en vigor a principios del 2021, la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de Argentina permite interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 14 de gestación de forma segura, legal y gratuita, siempre en un máximo de diez días desde su requerimiento.

Más allá de esas 14 semanas de plazo, el aborto sólo se permite bajo dos causales que rigen desde la aprobación del Código Penal en 1921: cuando corra peligro la vida de la mujer o si el embarazo fue producto de una violación.