La Justicia británica da la razón al Gobierno y avala la prohibición de Palestine Action 

El Tribunal de Apelaciones británico dio la razón al Gobierno en su recurso contra un fallo anterior que había declarado ilegal la prohibición del grupo propalestino Palestine Action, y consideró que ese veto fue una medida proporcionada.

El Ejecutivo laborista proscribió la organización en julio de 2025 al considerar que sus protestas para impedir el suministro de armas a Israel, que incluyeron ocupaciones y destrozo de equipamiento militar, equivalían a actos de terrorismo. 

Los cinco jueces del Tribunal concluyeron este lunes que la prohibición de Palestine Action puede verse como una "interferencia" a la libertad de expresión, pero la considera "justificada y proporcionada".

Reconocieron el posible "efecto disuasorio" del veto a la hora de llevar a cabo protestas, pero afirmaron que Palestine Action "promueve abiertamente la violencia ilegal" y no puede equipararse a un movimiento de desobediencia civil, al tratarse de una estructura "encubierta" organizada en células secretas para evitar la detección y la acción penal. Palestine Action puede en principio recurrir este dictamen ante el Tribunal Supremo, pero primero deberá pedir autorización basándose en nuevos argumentos legales.

La entonces ministra del Interior, Yvette Cooper, impulsó la proscripción después de que varios activistas del grupo vandalizaran en junio del año pasado aviones militares en la base de RAF Brize Norton, y tras otras acciones en instalaciones de la compañía de defensa israelí Elbit Systems, donde se registraron daños materiales y enfrentamientos con personal de seguridad en los que hubo heridos.

Cuatro miembros de Palestine Action fueron condenados el viernes a penas de cárcel de entre cinco y ocho años precisamente por atacar la sede de esa empresa en Bristol (suroeste de Inglaterra) en agosto de 2024.

El veto a Palestine Action, que contempla hasta catorce años de prisión para quienes pertenezcan o apoyen a la entidad, ha conllevado desde su aplicación el arresto de casi 3.000 personas, a menudo ancianos y discapacitados, por mostrar pancartas en solidaridad con el grupo.

Por este motivo, los abogados de la cofundadora, Huda Ammori -quien inicialmente impugnó la prohibición-, argumentaron durante el juicio que el veto violaba los derechos de libertad de expresión y socavaba el derecho al disenso en el Reino Unido.