El juez supremo Juan Carlos Checkley dictó este jueves 18 meses de prisión preventiva para el expresidente peruano Pedro Castillo, mientras continúa la investigación por los delitos de rebelión y conspiración tras ordenar el cierre del Congreso el pasado 7 de diciembre.

"Dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado Pedro Castillo (...) quien se encuentra con mandato de detención preliminar que se computa desde 7 de diciembre de 2022 hasta el 6 de junio de 2024", leyó Checkley.

La decisión concede a la Fiscalía la petición que había realizado al considerar que "existe periodo procesal de fuga", dado que minutos antes de ser destituido Castillo intentó huir a la Embajada de México para solicitar asilo.

Sin embargo, el juez no ha aceptado la misma medida para el ex primer ministro y asesor jurídico de Castillo Aníbal Torres y le ha impuesto una "medida de comparecencia con restricciones".

La investigación por los delitos de rebelión y conspiración, así como abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, ha sido calificada de "compleja" por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses. 

Ni Castillo ni ninguno de sus abogados se presentaron este jueves al inicio de la audiencia de revisión de la decisión del juez. El expresidente peruano se negó a recibir la notificación del requerimiento fiscal. Por esta razón la defensa de Castillo será asumida por el abogado de oficio Italo Díaz, según ha informado el juez Checkley.

Uno de los abogados acreditados de Castillo, Ronald Atencio informó en Twitter que ni él ni su colega Raúl Noblecilla iban a participar en la audiencia. "Son muchos los argumentos que, en conversación con Pedro (Castillo) nos impulsaron a tomar esa decisión", indicó antes de señalar que entre ellos figura una "vacancia (destitución) ilegal y exprés", ha publicado.

Agregó que el Congreso también ha realizado un "levantamiento del antejuicio", al que tiene derecho el exgobernante, "ilegal y exprés" y que la audiencia también se ha programado "para seguir manteniendo detenido a Pedro Castillo Terrones".

Nueve fallecidos en el primer día de estado de emergencia

Perú suma 17 muertes desde este domingo en las marchas contra la presidenta Dina Boluarte, el Congreso y por la convocatoria de una asamblea constituyente, nueve de ellas en el primer día de estado de emergencia.

En el departamento sureño de Ayacucho se han producido los disturbios más fuertes, donde la Dirección Regional de Salud confirmó siete fallecidos y 52 heridos. Las otras dos muertes se han producido en el departamento de La Libertad, al norte del país.

El Gobierno Regional de Ayacucho emitió la noche de este jueves un comunicado en el que responsabiliza de las muertes a Boluarte, a los ministros de Interior, de Defensa y afirma que estos deben "renunciar inmediatamente al cargo", y pide también la censura de la mesa directiva del Congreso de la República para poder instalar un gobierno de transición.

El Gobierno de Boluarte decretó este miércoles el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días para controlar los actos de vandalismo y violencia cometidos en las manifestaciones de protesta en su contra y este jueves se decretó el toque de queda en 15 provincias de ocho departamentos.

Por otro lado, la noche del jueves se publicó un decreto que detalla los distintos puntos que tendrán restringida la movilidad, al menos los próximos cinco días se encuentran la ciudad de Arequipa y de Cuzco, la segunda y tercera urbe más importantes del país.

"Durante la inmovilización social obligatoria (toque de queda), las personas pueden circular por las vías de uso público para la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público", indica el decreto.