Un estreno con represión, muertes y un recorte del mandato presidencial por presión popular. Eso ha marcado los primeros cinco días de la presidencia de Dina Boluarte en Perú, que el pasado miércoles reemplazó al destituido Pedro Castillo. En medio de un estallido social, con protestas en diferentes regionales del país y que ya han dejado siete muertos y decena de heridos en enfrentamientos con la Policía -entre ellos una niña que recibió un disparo de perdigón en un ojo-, la mandataria anunció un adelanto de las elecciones para tratar de calmar los ánimos. 

Al mismo tiempo, Castillo denunció a través de Twitter haber sido "humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado". Y agregó: "No renunciaré ni abandonaré mis altas y sagradas funciones".

Estado de emergencia durante 60 días

Adelanto de elecciones, cierre del Congreso y Asamblea Constituyente. Son las demandas centrales de las protestas que han tomado calles y carreteras tras la destitución de Castillo por un Congreso controlado por la derecha. El expresidente fue posteriormente detenido por haber intentado sin éxito cerrar inconstitucionalmente el Parlamento que buscaba sacarlo de la presidencia. 

En un mensaje televisado poco después de la medianoche del domingo,  Boluarte señaló que tomaba la decisión de adelantar las elecciones "interpretando el interés mayoritario". Un adelanto que debe ser aprobado por el Congreso, que ya ha recibido la propuesta de la presidenta. Durante su discurso, la mandataria también anunció el estado de emergencia en las zonas donde las protestas son más fuertes. La medida, según lo anunciado por el Ejecutivo, afectará a siete provincias del departamento sureño de Apurímac y durará 60 días. 

La propuesta de Boluarte pasa por celebrar elecciones en abril de 2024, con lo que la presidenta, que debía culminar el período de Castillo en 2026, acorta su mandato dos años. Sin embargo, el anuncio del adelanto de los comicios no ha calmado los ánimos y las protestas no solo continúan, sino que incluso han aumentado en algunas regiones.

En las movilizaciones confluye un extendido sentimiento de "que se vayan todos" y la exigencia de un adelanto de elecciones para antes de 2024. Pero también el rechazo hacia un Congreso identificado con la corrupción y con una derecha antidemocrática que se centró en derribar a Castillo. Asimismo, las protestas reclaman demandas sociales postergadas.

"Cierren Congreso corrupto y golpista", "Dina traidora renuncia", "Nuevas elecciones", "Que se vayan todos", son las principales proclamas que se escuchan y leen en las movilizaciones que abarcan buena parte del país, incluyendo Lima, la capital. También se exige una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución heredada de la dictadura fujimorista, una posibilidad que la derecha ha bloqueado en el Congreso. "Castillo libertad" es otro de los gritos que se escucha entre algunos sectores de los manifestantes.

Reforma constitucional

Las zonas andinas están viviendo las protestas más importantes y la represión más dura. El expresidente Castillo es de origen andino y es en este sector donde tenía su mayor respaldo. El lunes se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policías en distintas regiones, con mayor intensidad en la provincia de Andahuaylas, en la región andina de Apurímac de la cual es oriunda la presidenta Boluarte. En esta zona hay seis fallecidos. Una sexta muerte ocurrió en la sureña región de Arequipa, donde el lunes fue tomado el aeropuerto, ya controlado por las fuerzas de seguridad, y una planta de leche de la empresa Gloria, el mayor grupo lácteo del país. Se han atacado comisarías en diversas zonas y se mantienen los piquetes que bloquean las rutas en distintas carreteras.

Frente a las demandas para adelantar las elecciones para antes de la fecha fijada de abril de 2024, el Gobierno dice que el plazo establecido se debe a que se necesita una reforma constitucional que debe pasar por el Congreso y ser aprobada en dos legislaturas o en una legislatura y un referéndum. Y señala que junto con el adelanto de elecciones propondrá al Congreso un paquete de reformas del sistema político para no ir a unas elecciones solamente entre los mismos partidos ahora desacreditados y para darle más estabilidad a los próximos gobiernos.

La figura de la destitución sumaria del presidente por la ambigua figura de "incapacidad moral" que se quiso imputar tres veces a Castillo es parte central de esa inestabilidad. Con un Gobierno sin bancada propia, la presión ciudadana será fundamental para avanzar con esas reformas en el Congreso. Con un Ejecutivo débil y un Congreso desacreditado, el plazo hasta abril de 2024 para nuevas elecciones puede ser muy largo.

Uso excesivo de la fuerza

También se exige, en las calles y en sectores del Congreso cercanos a Castillo, la renuncia inmediata de Boluarte, acusada de "traidora" por los seguidores del expresidente. Con la dimisión de la mandataria se acelerarían las nuevas elecciones, que se convocarían en cuatro meses. El problema con esa alternativa que algunos proponen es que hasta que tome posesión el nuevo Gobierno la presidencia del país la asumiría el titular del Congreso, el general retirado de extrema derecha José Williams, acusado de violaciones a los derechos humanos, que tendría de su lado a la mayoría parlamentaria.

El lunes, el jefe del gabinete ministerial, Pedro Angulo, y los ministros del Interior y de Defensa, acudieron al Congreso para explicar la convulsionada situación que vive el país y las muertes durante las protestas. Angulo acusó a los manifestantes de "ser parte de un golpe de Estado", lo que ha exacerbado aún más los ánimos. En sintonía con la derecha, los ministros acusaron en el Congreso a políticos y dirigentes de izquierda de "azuzar" las movilizaciones "para crear el caos". Señalaron que lamentaban las muertes, pero no asumieron ninguna responsabilidad.

Desde la derecha criminalizaron las protestas, le exigieron al Gobierno más represión, gritaron "mano dura" y demandaron que las Fuerzas Armadas tomen las calles. Amenazantes, acusaron a legisladores de izquierda de ser "terroristas" por defender el derecho a la protesta y condenar la represión. Desde la izquierda denunciaron "un uso excesivo de la fuerza", pidieron cesar la represión y recogieron las demandas populares de adelanto de elecciones y una Asamblea Constituyente.

Castillo, acusado de rebelión y conspiración

Casi de forma simultánea al anuncio presidencial de adelantar las elecciones, el Congreso levantó los privilegios a Castillo en una agitada sesión de varias horas, que comenzó la tarde del domingo y culminó en la madrugada de este lunes, en la que hubo intercambio de insultos e incluso de golpes. Esta decisión, aprobada por 67 votos a favor y 45 en contra, le quita al exmandatario el derecho de antejuicio, con lo que el Congreso despeja el camino para continúe en prisión y sea procesado por rebelión y conspiración, acusación planteada por la Fiscalía tras el intento de cerrar inconstitucionalmente el Congreso.

Castillo se encuentra en prisión con una orden de detención preliminar que vence este miércoles, por eso la desesperación de la mayoría parlamentaria de derecha de levantarle la inmunidad con rapidez y así habilitar la posibilidad de que se le abra un proceso penal y se ordene su detención preventiva mientras es procesado. Legisladores castillistas y de otros grupos de izquierda denunciaron que la decisión de levantarle el fuero a Castillo se tomó violando la Constitución y el reglamento del Congreso, saltándose procedimientos y plazos, eliminando el derecho de defensa del exmandatario.