La Kneset acosa a las ONG para blindar a sus políticos

Un grupo de legisladores israelíes ha redactado un proyecto de ley que de ser aprobado por la Kneset (Parlamento) permitirá a la policía clausurar o expulsar del país a las ONG locales o foráneas que hayan denunciado en el extranjero a políticos o militares de Israel sospechosos de haber cometido crímenes de guerra en los territorios ocupados.

El proyecto de ley ha sido elaborado por 19 diputados de la coalición de Gobierno y de la oposición. Han participado parlamentarios del Likud y de formaciones de la extrema derecha que están integradas en el Gobierno, así como de Kadima, la principal fuerza de la oposición, que lidera Tzipi Livni.

El proyecto de ley pretende acabar con las acusaciones a dirigentes de Israel

La misma Livni, que fue ministra de Exteriores durante la invasión de la franja de Gaza de 2009 en la operación Plomo Fundido, fue denunciada hace cinco meses ante los tribunales de Reino Unido por presuntos crímenes de guerra. Según se ha sabido ahora, en diciembre pasado la Policía británica la estuvo buscando en un hotel de Londres donde se alojaba una delegación oficial israelí, pero Livni había cancelado el viaje en el último momento y permanecía segura en Israel.

De acuerdo con el nuevoproyecto de ley, cualquier ONG que opere en Israel se podrá clausurar o expulsar del país "si existen sospechas razonables para concluir que la asociación está facilitando información a una entidad extranjera, o está implicada en algún procedimiento legal en el extranjero, contra altos funcionarios del Gobierno de Israel u oficiales del Ejército, por crímenes de guerra".

Las ONG lo toman como un castigo por informar sobre los crímenes en Gaza

"No es una casualidad que el proyecto de ley se presente justo después de que una decena de organizaciones no gubernamentales israelíes, entre las que están Adalah y Médicos por los Derechos Humanos, hayamos enviado al comité del juez [Richard] Goldstone información sobre presuntos crímenes de guerra cometidos durante la operación Plomo Fundido. El Gobierno nos quiere castigar por ello", dice Hassan Yabarin, director general de Adalah, una ONG israelí con sede en Haifa.

El juez Goldstone elaboró un detallado informe sobre la ofensiva israelí contra Gaza en el que reunió material que permite sospechar que tanto el Ejército israelí como Hamás cometieron crímenes de guerra. Israel, sin embargo, no le permitió la entrada en el país y grupos de judíos conservadores de Suráfrica le han puesto trabas en su vida cotidiana.

Según Yabarin, la misma existencia del proyecto de ley revela que Israel quiere ocultar a la comunidad internacional lo sucedido: "Se trata de un reconocimiento implícito de que se han cometido crímenes de guerra en la operación Plomo Fundido".

Las ONG israelíes, que serán las más afectadas por la futura ley, han lanzado una campaña para movilizar a la opinión pública internacional con la intención de detener la legislación en marcha.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos asegura que "el proyecto de ley contradice numerosos principios de la ley internacional, como la Cuarta Convención de Ginebra, los tratados internacionales de derechos humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

El Observatorio continúa diciendo que el proyecto de ley implica restricciones arbitrarias e innecesarias de los derechos de libertad de asociación, información y expresión". En su opinión, a los legisladores israelíes les ha influido la organización Im Tirtzu, un grupo judío ultranacionalista que ha lanzado una costosa campaña en contra de las ONG que denunciaron los presuntos crímenes de guerra.