La Unión Europea pone fin, con las elecciones del 9 de junio, a una de las legislaturas más turbulentas de su historia. Lo hace con muchos tabúes rotos, como la financiación por primera vez de armamento a un país en guerra como Ucrania, o con la emisión de deuda común para financiar los fondos europeos pospandemia. Pero este mandato deja también una página oscura en su legado sobre la defensa de los derechos humanos en el resto del mundo. Los europeos han financiado a regímenes como Túnez, Egipto o Libia, que han utilizado parte de ese dinero en perseguir, expulsar o maltratar a migrantes. Mientras que en paralelo continúa su inacción en una Franja de Gaza que acumula más de 35.000 muertos.

Durante este ciclo, los europeos han cerrado el Pacto de Asilo y Migración tras una década de negociaciones tensas y difíciles como pocas. El núcleo del complejo paquete legislativo pasa por fortalecer el control en las fronteras externas —se permite la detención de menores—, aumentar las devoluciones de los migrantes —15 Estados miembros piden implantar el modelo Ruanda— e institucionalizar los acuerdos con países terceros para impedir la llegada de barcazas a las costas del Viejo Continente.

El año pasado, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, encumbró el memorándum de entendimiento con Túnez como un "modelo a seguir". Mediante el mismo, la UE se comprometía a transferir 1.000 millones de euros al país magrebí a cambio de que contuviese la salida de personas migrantes. En paralelo, su presidente, el cada vez más autoritario Kais Said, aplicaba un discurso muy duro y xenófobo con los migrantes que llegaban procedentes de África subsahariana, a los que acusó de llevar a cabo un "plan criminal para alterar la composición demográfica de Túnez" y de ser los responsables de "violencia y crímenes inaceptables". El mismo mes en el que la UE selló su acuerdo, varias ONG informaron de que las fuerzas de seguridad tunecinas estaban abandonando a cientos de personas negras a su suerte en el desierto. Decenas de cuerpos han sido encontrados sin vida por deshidratación. Ya en 2017, dieron la vuelta al mundo las imágenes de mercados donde se vendían a migrantes como esclavos en Libia, con cuyos guardacostas los europeos también tienen acuerdos.

El acuerdo con Turquía en 2016 marcó el camino de los pactos que ha cerrado Bruselas desde entonces con el Estado fallido de Libia o con los regímenes dictatoriales de Egipto o Túnez. La UE riega con cientos de millones a estos países de origen y tránsito con el objetivo principal de frenar la migración. Todos estos acuerdos tienen una cláusula que exige el respeto de los derechos humanos, pero en Bruselas reconocen que es muy difícil rastrear el uso de los fondos que hacen las autoridades de destino.

El pasado martes, el periódico El País publicó una extensa investigación en la que se revelaba que los europeos son conscientes de que Marruecos, Mauritania o Túnez utilizan su dinero para abandonar a los migrantes en el desierto. La pesquisa indica que entre 2015 y 2021 estos tres países han recibido más de 400 millones de euros dentro del Fondo Fiduciario de la UE para África. Una cifra que en términos reales es mucho mayor, ya que todos ellos son destinatarios de más partidas procedentes de otros instrumentos y de acuerdos con los Estados miembros.

Preguntado por ello, la Comisión Europea ha echado balones fuera y se ha puesto de perfil. "El respeto de los derechos humanos y la defensa de la dignidad de todos los inmigrantes son principios fundamentales de la gestión migratoria. La UE espera que sus socios respeten lo estipulado en el Derecho Internacional (...) La migración es un fenómeno global que solo puede ser gestionado en cooperación con los países de origen, tránsito y destino. Es cierto que vemos desafíos en muchos de nuestros aliados", ha afirmado la portavoz Ana Pisonero, en rueda de prensa. "La presidenta ha dicho en muchas ocasiones que se opone completamente al tráfico de personas y a los traficantes que se aprovechan de la situación desesperada de muchas personas y los transportan a Europa a través de prácticas ilegales y de prácticas que no cumplen con el Derecho Internacional", ha agregado Eric Mamer, portavoz de Von der Leyen.

La inacción en Gaza

Tras más de siete meses de guerra y superados los 35.000 muertos palestinos en la Franja de Gaza, la UE sigue prisionera de la falta de consensos y de inacción para tomar medidas contra Israel —uno de sus grandes socios estratégicos más protegido—. España e Irlanda pidieron a Von der Leyen en febrero que revisara las relaciones comerciales con Tel Aviv para determinar si el Estado hebreo había incumplido la cláusula que exige el respeto de los derechos humanos en el marco del Acuerdo de Asociación. Más de tres meses después, la alemana continúa sin responder a la misiva. "Lo haremos cuando consideremos oportuno", se ha limitado a señalar su portavoz. Tuvieron que pasar cuatro meses desde el inicio de la guerra y que Israel bombardease un punto de entrega de alimentos matando a más de 100 civiles para que la presidenta de la Comisión Europea se mostrara "profundamente conmovida" por estos acontecimientos.

La parálisis occidental llega con la operación militar en Rafah iniciada, a pesar de las advertencias de EEUU, de la UE y de la ONU, que han reconocido que sería una ratonera para las más de 600.000 personas allí hacinadas. "Si Israel continúa su operación militar en Rafah someterá a fuerte tensión su relación con la UE", advirtió recientemente Josep Borrell. El jefe de la diplomacia comunitaria es una de las voces europeas más firmes contra los abusos de Israel, pero su capacidad de movimiento está maniatada por la exigencia de necesitar la unanimidad de los Veintisiete para hacer cualquier movimiento.

El fin de la legislatura europea coincide con la petición del fiscal general de la Corte Penal Internacional de La Haya para detener al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y a tres dirigentes de Hamás —Yehia Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh— a los que considera responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad. Ahora es el turno de los jueces de evaluar el informe y emitir un dictamen definitivo. Pero el golpe al gabinete israelí y a su imagen internacional no tiene precedentes. Se produce, además tras presiones de EEUU y de Israel a este tribunal. El fiscal Karin Khan reconocía en la CNN que "un alto líder" le dijo que esta corte "está construida para África y para matones como Putin", y no para los países occidente y sus aliados. Asimismo, la CPI también emitió un fallo este viernes en el que exigía a Israel detener su ofensiva en Rafah.

Todos los países europeos han firmado el estatus de Roma de la Corte Penal Internacional. Algo que no han hecho otros como Estados Unidos, Israel o China. "La corte es un invento europeo", recuerda Josep Borrell. El bloque comunitario, a diferencia de otros como Estados Unidos, siempre ha hecho suya la bandera de la defensa del orden multilateral y del respeto del Derecho Internacional a la hora de aproximarse a países terceros. Pero con la guerra en Gaza se están rompiendo sus costuras. El conflicto en Oriente Próximo ha hecho tambalear la coherencia europea en torno a la defensa de los derechos humanos y la ha puesto contra el espejo de que no percibe y condena por igual la muerte de una persona ucraniana y otra gazatí.

La reacción de los países europeos al anuncio de La Haya ha sido, de nuevo, dispar. Mientras que Francia, España, Irlanda, Bélgica o Eslovenia han respaldado el trabajo "independiente" y contra "la impunidad" de la corte, otros como Hungría han calificado la propuesta de Khan como "absurda y vergonzosa". Para Austria es "incomprensible" que se equipare a los líderes de su aliado con los de Hamás. Y Chequia la califica de "espantosa". Alemania, por su parte, ha cuestionado la jurisdicción del tribunal para investigar a dirigentes israelíes.