GINEBRA.- La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU confirma que ha recibido la queja anunciada este miércoles por los abogados del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que alega "persecución judicial".

Fuentes del Alto Comisionado explican que el personal de la Oficina examinará la petición, hará un resumen legal de la misma y la enviarán a los miembros del Comité de Derechos Humanos para que la examinen. Los miembros examinarán si puede ser registrada o no en función de varios criterios, como si se han agotado todos las opciones legales en el país del supuesto damnificado o no, entre otras. 

Si el Comité decide registrarla, entonces se convierte en un caso pendiente. El proceso, que es confidencial, podría durar hasta dos años, dado que el Comité tiene 500 casos pendientes. Una vez registrada, los miembros analizan primero si la queja se puede admitir a trámite o no.  Si es admitida, entonces se analiza si ha habido alguna violación de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la que Brasil forma parte.

El Comité no es un órgano permanente, sino que se reúne de forma regular tres veces al año, en las que analiza de media 40 casos por sesión. Los miembros son los que deciden el orden y pueden decidir avanzar un caso concreto, por ejemplo, cuando una persona esté condenada a la pena de muerte o esté a punto de ser expulsada de un país. 

En algunas ocasiones, incluso, el Comité puede pedir al Estado que de forma interina suspenda una decisión hasta que el caso pueda ser examinado, para proteger al supuesto damnificado.

El Instituto Lula, que dirige el exmandatario, ha encargado la demanda al abogado australiano Geoffrey Robertson, especialista en derechos humanos. Robertson explica que con esta queja quieren denunciar la supuesta "persecución judicial" que sufre Lula da Silva desde que está siendo investigado en su país por corrupción. Según dice el expresidente, este acoso se confirmó el pasado marzo, cuando fue llevado por la fuerza a declarar en una comisaría. Los delitos que se le imputan son de ocultación de patrimonio, falsificación de documentos y blanqueo de dinero, cargos que ha negado una y otra vez.