A Julian Assange, el periodista australiano fundador de Wikileaks, perseguido desde hace trece años y encarcelado en 2019 en Reino Unido por revelar información clasificada sobre las guerras de Irak y Afganistán, apenas le quedan cartuchos para evitar su extradición a Estados Unidos. Allí se enfrenta a 18 cargos, entre ellos espionaje y conspiración, que podrían costarle más de 175 años de cárcel.

Un juez del Tribunal Superior de Londres rechazó la semana pasada la demanda de los abogados de Assange de que se les permitiera recurrir la orden de extradición que el Gobierno británico expidió hace un año. Si el Tribunal rechaza ahora el recurso que su defensa presentó contra esa decisión y a favor de que se reconsidere la advertencia de que su vida corre peligro por su delicada situación psicológica, el camino procesal en Reino Unido habrá terminado y Assange podrá ser entregado a las autoridades estadounidenses.

Varios jefes de Estado han advertido recientemente contra la persecución que ha sufrido Assange por ejercer su labor de investigación periodística y sobre la vulneración de sus derechos fundamentales que supondría su extradición y su procesamiento penal en Estados Unidos. El presidente de Brasil, Lula da Silva, advirtió el sábado pasado de que su encarcelamiento "va en contra de la defensa de la democracia y la libertad de expresión", y llamó a la ciudadanía de todo el mundo a movilizarse para impedir que sea entregado. Su homólogo de México, Andrés López Obrador, se reunió en abril pasado con el padre y hermano del fundador de Wikileaks, a quienes transmitió también su apoyo político y personal.

Su entrega representará "la muerte" para Assange

La pareja de Assange, Stella Morris, explicó hace un año en La Base, en Público, que la extradición supondría "la muerte" para el periodista, y ha advertido que el proceso derivado de su procesamiento afecta también a sus hijos, de cinco y tres años, a los que tendría que explicar que su padre nunca volverá si Reino Unido le entrega.

Si eso sucediera, el único recurso que le quedaría sería apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo (Francia), cuyo dictamen, sin embargo, llegaría probablemente después de la extradición. El TEDH está adscrito al Consejo de Europa, una institución ajena a la Unión Europea de la que forman parte 46 países, entre ellos Reino Unido, que está vinculado al Convenio Europeo de Derechos Humanos pese a su salida de la UE. No así Estados Unidos, que sólo ha adquirido un compromiso como país observador pero no miembro del Consejo de Europa.

Las organizaciones civiles más relevantes en la defensa internacional de la libertad de prensa y de los derechos humanos también se han posicionado contra la persecución política, policial y judicial que ha sufrido Assange desde que Wikileaks filtrara los documentos secretos que revelaban las atrocidades e ilegalidades cometidas por Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo.

Casi 200.000 firmas en España

Amnistía Internacional, que mantiene abierta desde hace años una campaña contra su procesamiento que en España ha recogido cerca de 200.000 firmas, "pone a Julian Assange en gran peligro de sufrir unas condiciones de reclusión que podrían causar un daño irreversible a su bienestar físico y psicológico" y que "sería devastadora para la libertad de prensa y la ciudadanía, que tiene derecho a saber lo que están haciendo los gobiernos en su nombre", en palabras de Agnès Callamard, secretaria general de la organización.

Periodistas sin Fronteras, que el año pasado entregó otras 64.000 firmas en el Ministerio del Interior británico reclamando la liberación de Assange, considera "vergonzosa" la decisión de extraditarle y la define como "un fracaso del Gobierno británico en la protección de la libertad de prensa" que tendrá "peligrosas consecuencias para el periodismo en este país y alrededor del mundo".

Estados Unidos emitió en 2010 una orden de busca y captura contra Assange después de que Wikileaks publicara centenares de miles de documentos, cables diplomáticos, videos y fotografía secretas que revelaban la cara oculta de las invasiones de Irak y Afganistán y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que Estados Unidos aplicaba en la lucha contra el terrorismo.

Asilo político

El periodista fue detenido y liberado sin fianza ese mismo año tras entregarse en una comisaría de Londres. En 2012 se refugió en la embajada de Ecuador, país que le otorgó asilo político bajo el Gobierno de Rafael Correa, y que se lo retiró en 2019 por orden expresa de su sucesor, Lenín Moreno. Previamente había sido reclamado por Suecia, donde el fundador de Wikileaks había sido procesado por varios delitos en una causa que finalmente fue archivada y que sus defensores consideraron un montaje para neutralizarle.

Assange se encuentra recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh. El relator especal de la ONU para casos de tortura, Niel Melzer, informó hace dos años de que se encuentra en un estado muy frágil y que presenta "todos los síntomas de tortura psicológica" a causa de su situación y de la campaña de difamación a la que ha sido sometido por parte de medios de comunicación y autoridades judiciales y políticas.