El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha convocado a sus rivales en las elecciones del domingo para dialogar, con el objetivo de "establecer una agenda constructiva" tras unos comicios que no han sido reconocidos por el principal bloque de la oposición.

"Convoco a todos los candidatos presidenciales que participaron en la elección del 20 de mayo y a sus equipos políticos a una jornada de encuentro y diálogo para establecer una agenda constructiva. Estoy listo para reunirme a dialogar", ha publicado Maduro este lunes en Twitter.

El mandatario, que logró la victoria en unas elecciones con una participación del 46%, también llamó al diálogo en su primer discurso desde el Palacio de Miraflores. Maduro reclamó entonces una nueva jornada de diálogo y reconciliación con todos los sectores políticos, sociales y económicos del país sudamericano.

Según los resultados preliminares anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Maduro ha obtenido 5.823.728 votos mientras que su más directo rival, el opositor Henri Falcón, ha logrado 1.820.552 votos. 

El principal rival de Maduro en la última cita con las urnas, Henri Falcón, ha asegurado que no reconoce los resultados de los comicios dado que son "ilegítimos" y no forman parte de un "proceso real", por lo que ha exigido la celebración de nuevas elecciones.

El Grupo de Lima no reconoce la victoria de Maduro

En esta línea, los países del Grupo de Lima han confirmado que tampoco reconocerán los resultados de las elecciones "por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente" y han anunciado que llamarán a consultas a sus embajadores en Caracas como señal de "protesta".

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía han sacado un comunicado conjunto para cuestionar la victoria del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a quien ya habían recriminado previamente su papel en la crisis política y social que atraviesa Venezuela desde hace años.

La medida inmediata más simbólica será la reducción de las relaciones diplomáticas con Venezuela, lo que incluye la llamada a consultas de los embajadores en Caracas y la convocatoria de los representantes diplomáticos venezolanos en las 14 capitales firmantes.

Asimismo, han anunciado que presentarán en la Organización de Estados Americanos (OEA) una nueva resolución y han planteado la posible adopción de más medidas en el ámbito regional, para coordinar medidas ante la "grave situación humanitaria" y que los organismos financieros "procuren no otorgar préstamos al Gobierno de Venezuela".

Los países del Grupo de Lima, un bloque surgido precisamente en oposición a Maduro, han expresado su preocupación "por la profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria que ha deteriorado la vida en Venezuela, que se ve reflejada en la migración masiva de venezolanos (...) y en la perdida de la instituciones democráticas, el Estado de Derecho y la falta de garantías y libertades políticas de los ciudadanos".

En el ámbito de la atención a migrantes, han propuesto convocar una reunión de alto nivel en la primera mitad de junio "para intercambiar experiencias y definir los lineamientos de una respuesta integral" y estudiar contribuciones económicas para fortalecer las capacidades de los países de la región, especialmente a los vecinos de Venezuela.

En el ámbito financiero, el Grupo de Lima prevé solicitar a las autoridades nacionales que adviertan "del riesgo en el que podrían incurrir si realizan operaciones con el Gobierno de Venezuela que no cuenten con el aval de la Asamblea Nacional" y de la "corrupción" en el sector público venezolano.

Esta labor pasa también por que los organismos financieros, tanto regionales como internacionales, no otorguen préstamos al chavismo por la "naturaleza inconstitucional" de su decisión de no tener en cuenta a la Asamblea, controlada por la oposición.

El Grupo ha abogado por "intensificar y ampliar el intercambio de información de inteligencia financiera", de tal forma que se pueda detectar a "individuos y empresas venezolanas que pudieran vincularse a actos de corrupción, lavado de dinero u otras conductas ilícitas que pudiera derivar en procedimientos judiciales". La nota no señala a ningún posible responsable, pero sí plante entre las medidas que podrían adoptarse la congelación de bienes.

El bloque se reserva el derecho de adoptar "medidas adicionales", de manera individual o colectiva, con el objetivo último de "favorecer el restablecimiento del Estado de Derecho y el orden democrático" en Venezuela.