¿La llegada de 31.000 personas migrantes en menos de cuatro meses es una emergencia nacional? Para el Gobierno ultraderechista de Italia sí, aunque las cifras no parecen justificar esta decisión que equipara un aumento de llegadas con un terremoto, una pandemia o una guerra, que son las últimas razones por las que se ha decretado antes. La oposición y varias organizaciones de derechos humanos hablan de propaganda del Ejecutivo para justificar recortes de derechos y desviar la atención de otros problemas. Pero también para hacer frente a las críticas tras el naufragio de Calabria del pasado febrero, en el que hubo más de 90 muertos, y puso en el foco la gestión del ministro del Interior y mano derecha de Salvini, Matteo Piantedosi. 

Al país han llegado en lo que va de año los mismos migrantes que recibió España en todo 2022. En solo cinco días han desembarcado unas 3.000 personas y el repunte migratorio hasta abril es del 300% respecto al mismo periodo del año pasado, argumenta el Ejecutivo italiano. Sin embargo, no es la situación más complicada a la que se ha tenido que enfrentar el país, recuerda Francesco Pasetti, experto en migraciones del CIDOB y profesor de la Universidad Pompeu Fabra.

Según este investigador, los números son similares a los de 2017, cuando llegaron casi 120.000 migrantes de forma irregular, y los años previos fueron muchos más intensos, enmarcados en la crisis de los refugiados de 2015. En 2022 Italia recibió a 105.000 migrantes. "Si ampliamos la mirada no vemos una variación tan sustancial como para declarar una emergencia", sostiene Pasetti.

Puntualiza que hay países como Alemania que también reciben un importante número de migrantes y solicitantes de asilo sin que se plantee una medida como la adoptada por el gobierno de Meloni y Salvini. En lo que va de año, más de 80.000 personas han solicitado asilo en el país, 25.000 solo en el último mes, según la Oficina Federal para Migración y Refugiados (BAMF) de Alemania. El año pasado, insiste Pasetti, recibió 250.000 peticiones de asilo y entre 70.000 y 80.000 migrantes irregulares, muchos de ellos procedentes de Italia, sin contar el millón de refugiados ucranianos que ha acogido el país, y no se ha decretado una emergencia nacional.

Falta de planificación

"Lo que hay detrás de esta decisión de Italia es una falta de planificación y una forma de eludir su responsabilidad ante un fenómeno estructural y una realidad histórica. Tanto de este gobierno como de los anteriores", expone el experto. La ultraderecha y, sobre todo, el vicepresidente Salvini han hecho de la migración una de las grandes bazas electorales que ahora se le vuelve en contra también la primera ministra, Giorgia Meloni, porque no es capaz de frenarlo como habían prometido. "Declarar el estado de emergencia tiene un componente simbólico y político importante, porque aumenta la carga dramática sobre las llegadas y sobre las personas migrantes en general", añade Pasetti.

"El estado de emergencia aumenta la carga dramática sobre las llegadas de migrantes"

Las implicaciones de esta medida, que estará seis meses en vigor,  todavía no están claras más allá de los cinco millones de euros que el Gobierno ha movilizado inicialmente para responder al aumento de llegadas. Permite tomar medidas sin necesidad de someterlas a validación del Parlamento, lo que hace temer un retroceso en materia humanitaria.

La idea es agilizar los procesos de identificación y repatriación de las personas que no tienen derecho a asilo. Salvini insiste en que es necesario aumentar los centros de internamiento y deportación para que haya al menos uno en cada región. El Gobierno asegura que no son capaces de absorber a los migrantes y que hay riesgo de que el sistema colapse.

En la práctica, las deportaciones son lentas y complejas porque muchos países de origen de los migrantes son reacios a aceptarlas y los puertos de salida hacia Italia, Túnez y Libia, no atraviesan situaciones en las que se pueda acordar una política de retornos. "Si este es el plan, no parece que se apueste por medidas eficaces", considera Pasetti.

"Hubo otro estado de emergencia por razones migratorias en 2011, tras las primaveras árabes. Pero no tuvo consecuencias positivas en la gestión de retornos y se saldó con una mala gestión de los fondos y casos de corrupción con este dinero", recuerda.

Pulso a la Unión Europea

La llamada de atención a la Unión Europea es otra de las razones que se esconde bajo esta decisión. Las críticas de Salvini a Bruselas por su falta de medidas que alivien la carga de la gestión de las llegadas en los países del sur de Europa han sido constantes a lo largo de los años y una forma de descargar parte de la responsabilidad de Italia. El martes, el vicepresidente insistía: "Lleva años charlando, pero nunca ha movido un dedo, y es hora de demostrar que existe una comunidad, una Unión, y que la solidaridad no es solo responsabilidad de Italia, España, Grecia o Malta".

Sin embargo, la reacción de Bruselas al estado de emergencia ha sido tibia por el momento, en parte porque aún no se sabe con precisión que medidas va a desplegar Italia para controlar su flujo migratorio, pero también porque la UE también quiere aumentar las deportaciones. La Comisión Europea ha asegurado que es "consciente de la difícil situación" en el Mediterráneo central, pero sigue sin ser capaz de lograr acuerdos para repartir entre los estados miembro el esfuerzo de la acogida de solicitantes de asilo.

Endurecer las leyes migratorias

La medida "permite derogar algunas normas del ordenamiento vigente", avanzaba el martes el ministro de Protección Civil y Políticas Marítimas, Nello Musumeci. En el punto de mira de estas modificaciones legales ya está la figura de la protección especial por razones humanitarias, un estatus que se concede a determinados migrantes que no tienen derecho a asilo, pero corren peligro de persecución en sus países.

Salvini había laminado esta figura durante su anterior etapa en el Gobierno, cuando aprobó un duro paquete de leyes antimigratorias. Pero en 2020 fueron derogadas en gran parte y se recuperó la figura de la protección especial, bajo grandes críticas del líder de La Liga. Ahora, el estado de emergencia parece una herramienta que el Gobierno ultra aprovechará para regresar a la línea dura de 2018.

Hasta ahora, el actual ministro del Interior ha emprendido varias reformas que obstaculizan la labor de las ONG y sus misiones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo, aunque no ha llegado al extremo del cierre de puertos que decretó Salvini en 2018. Pero endurecer las condiciones de acceso a la protección especial ya se encuentra dentro del llamado "decreto de Cutro", que hace referencia a la localidad del naufragio de febrero. Aún no es ley, pero el martes hubo avances del Gobierno para conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para sacarla adelante.

Según Pasetti, este giro supondrá de facto un aumento del número de migrantes irregulares, ya que muchos que tienen reconocida la protección especial no podrán renovar sus permisos de residencia y los que no la tienen tendrán más difícil obtenerla, quedarán indocumentados y con pocas posibilidades de ser deportados.