El Senado de México aprobó una reforma electoral que reduce el personal y el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE). La iniciativa fue rechazada por la oposición, que la considera "un atentado a la democracia" de cara a las elecciones presidenciales de 2024. El proyecto, que ya había recibido luz verde de la Cámara de Diputados, fue aprobado por 72 senadores del partido político oficialista Morena y sus aliados, frente a 50 votos en contra.

La oposición considera que los recortes aprobados afectarán a la autonomía del organismo, que también verá limitadas sus facultades para castigar a los políticos por infracciones electorales, por ejemplo, en lo relativo a la propaganda gubernamental en época de proselitismo –convencer y ganar seguidores–. En cambio, el senador Félix Salgado, del partido oficialista Morena, dijo que la oposición se resiste a que "se ponga fin a los privilegios y al derroche del INE", al que señaló de haber avalado "fraudes de Estado".

El partido de la oposición anunció que demandará dicha reforma ante la Corte Suprema, al considerar además que daría ventajas al Gobierno de izquierda en las elecciones generales previstas para mediados de 2024. Para eso cuenta con 30 días, aunque el tribunal ya había ordenado suspender la aplicación de otras reformas electorales, previamente aprobadas por el bloque oficialista, en los dos próximos comicios estatales a celebrarse este año.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, reconoció los riesgos que enfrenta el paquete de leyes, pero celebró que acciones de este tipo son parte del Estado de derecho. "Las impugnaciones de estas reformas o el acudir al poder judicial mediante recursos es controversia. Todo eso es parte de la normalidad política democrática", dijo el mandatario.

El debate en el Senado estuvo marcado por referencias al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, declarado este martes culpable de narcotráfico en Estados Unidos, y por reclamos para que también sea detenido y enjuiciado el expresidente Felipe Calderón (2006-2012).

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, advirtió que la reforma "atenta contra la democracia y es el camino hacia el autoritarismo". En la misma línea, Miguel Ángel Osorio Chong, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró que es el "peor retroceso democrático de la historia de México".

Los principales cambios

La iniciativa de López Obrador modifica leyes secundarias y ha sido denominada Plan B, después de que el año pasado el partido oficialista fracasara en su intento de aprobar una propuesta que modificaba la Constitución, pero que requería el voto de dos tercios del Congreso. Con las reformas de las diversas leyes electorales se limita política y económicamente al INE y se compactan sus estructuras, así como algunas funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El proyecto suprime la duplicidad de funciones en áreas administrativas del INE y reduce el número de oficinas de 300 a 264. También por primera vez se los migrantes mexicanos o los residentes mexicanos que se encuentran en el extranjero podrán votar por internet. Además, se prohíbe que se haga uso de instrumentos como los monederos electrónicos o las tarjetas de prepago, que servían para coaccionar y para comprar el voto en la jornada electoral.

Otra disposición es que los partidos estarán obligados a garantizar candidaturas a grupos diversos, como jóvenes, migrantes, personas del colectivo LGTBIQ+ y personas con discapacidad. Esta nueva propuesta incluía una cláusula de "vida eterna", que señalaba que los partidos grandes podían traspasar parte de sus votos a los partidos pequeños que tuvieran en su coalición para que conservaran el registro como partido político. Sin embargo, dicha cláusula fue excluida del dictamen por considerar que los votos no deben convertirse en "mercancía política".

Al presentar el documento Dichos vs hechos del Plan B de la Reforma Electoral, la representación del partido oficialista Morena ante el INE sostuvo que con este cambio el organismo "no se desmantela" y, por tanto, no se pone en riesgo la operación de los comicios. El partido acusó que desde enero de este año, el INE paga con dinero público la campaña Mi voto no se toca, lo que "ratifica el arrodillamiento del Instituto ante los intereses de grandes empresarios autoproclamados activistas".

El partido de izquierda remarcó que con esta reforma "no se despide a ningún trabajador" y que el documento, que expone "14 mentiras", busca "exponer y desmentir los principales dichos y mentiras de la reacción conservadora sobre la reforma y, por otro lado, consignar el lado B de la reforma electoral, es decir, de lo que poco o nada dicen los medios de comunicación convencionales".

Protesta opositora

La oposición ya convocó a una manifestación en Ciudad de México y otras localidades el próximo domingo para protestar contra esta reforma electoral bajo el lema #MiVotoNoSeToca. El pasado 13 de noviembre, cuando se discutía la propuesta de la reforma constitucional, se realizó una multitudinaria protesta opositora en la capital mexicana.

El presidente mexicano López Obrador, cuya popularidad ronda el 60% y carece de posibilidades legales para presentarse a la reelección, respondió con otra marcha el 27 de noviembre, con sus simpatizantes llenando las calles.