El exgobernador del estado mexicano de Puebla Mario Marín fue detenido este miércoles en Acapulco por presuntamente haber torturado a la periodista Lydia Cacho en 2005. La reportera había destapado una red de pornografía y prostitución infantil ligada a empresarios y gobernantes.

Marín llevaba huyendo de la justicia desde hace casi dos años, después de que en abril de 2019 una jueza emitiera una orden de arresto contra cuatro personas: el exgobernador, el empresario José Kamel Nacif, el exjefe de la policía estatal, Adolfo Karam, y su director judicial, Juan Sánchez.

La activista Lydia Cacho fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con una orden de detención, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad de Nacif, empresario de la industria textil.  Durante el viaje por carretera de Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente, además de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales y ser amenazada de muerte de manera verbal y física.

Nacif era, junto al también empresario Jean Succar Kuri, uno de los principales señalados en el libro dedicado a la investigación del suceso titulado Los demonios del Edén, en el que la periodista denunció una trama de pornografía y prostitución infantil.

El libro de Cacho destapaba una red de trata de niños que eran explotados sexualmente, en la que celebraban fiestas a las que "traían a gobernadores, senadores y empresarios para explotar sexualmente a niñas y niños de entre cuatro y 13 años", según ha explicado la propia periodista

A raíz de la investigación del caso se reveló una conversación entre Marín y Nacif -que se refería a él como "el 'gober' precioso"- en la que el exgobernador le decía al empresario que le prometía darle unos "coscorrones" a la "vieja cabrona", en referencia a la periodista.

El Tribunal Supremo de México concluyó en 2007 que no se violaron "de forma grave" las garantías individuales de Cacho. Sin embargo, en 2018 el Comité de los Derechos Humanos de la ONU aprobó un dictamen que declaró al Estado mexicano responsable de varias violaciones de derechos humanos en contra de Lydia Cacho y otorgaba 180 días para implementar las medidas correspondientes.

A comienzos de 2019, el Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pidió disculpas a la periodista al reconocer que se violaron sus derechos humanos cuando fue agredida en 2005. Tras conocer la noticia de la detención de Marín, Cacho ha publicado en su cuenta que hace 13 años también denunció que el exgobernador lavaba dinero en Andorra, información ante la que "la Fiscalía General no movió un dedo".