A inicios de septiembre, Alberto Sánchez vio publicaciones en Facebook de vecinos que preguntaban de dónde venían los olores. "Era como de pintura o de laca", explica este mexicano de 50 años y poco más de metro sesenta de altura. "Cuando reciben residuos que no generan energía, los impregnan de solventes, por eso lo percibimos", continúa, señalando con un golpe de cabeza la entrada a la planta donde la cementera Holcim México convierte neumáticos, aceites o plásticos en combustible.

Los necesita para que sus hornos lleguen a los 2.000 grados centígrados para fabricar clínker, el principal componente del cemento. Esta tecnología permite que las cementeras sustituyan combustibles fósiles por este carburante alternativo, derivado de residuos.

La planta donde se encuentra Sánchez está a escasos 600 metros de una escuela de primaria y secundaria de Apaxco, un municipio de poco más de 27.500 habitantes que, junto con Atotonilco de Tula y Tula de Allende, forman la llamada cuenca cementera. Su apodo lo debe a las cinco plantas que alberga en un radio de 50 quilómetros. Se comunican por carreteras convencionales de doble sentido, que atraviesan los pueblos y son un ir y venir de camiones que empolvan zapatos e interrumpen conversaciones.

Hace veinte años que Sánchez y el colectivo Prosalud Apaxco luchan por poner fin a la incineración de residuos en cementeras. Ahora tienen un nuevo frente abierto. En el Senado de la república hay dos propuestas de ley que ilustran la política medioambiental de México: confusa. Una, para prohibir el coprocesamiento, como la industria llama la incineración de residuos para fabricar cemento; la otra, para regularlo. Ambas son de Morena, el partido del Gobierno federal y mayoritario en las cámaras.

"Si esta ley a favor del capitalismo se aprueba - dice, en relación a la última, Refugio Choreño, de la Fundación para el Desarrollo Inetgral Apaztle, otra integrante del movimiento en Apaxco - legalizará el ecocidio y el genocidio en nuestro país", serio y elevando el tono de voz mientras termina de comer. Es la primera vez que se quita la mascarilla después de más de cuatro horas de recorrido con Público por la región.

La cementera más cercana a la de la Holcim, está a diez quilómetros, en Atotonilco. Pertenece a Cemex. La instalación domina la vista desde arriba de una avenida inclinada que, a su paso, cruza con el ayuntamiento municipal, a diez minutos caminando de la cementera.

El tour también incluyó una parada a la refinería de la estatal Pemex y otra, en la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Ambas integran también este corredor industrial, un paisaje de columnas de concreto humeantes y estructuras metálicas que expertos consideran región de sacrificio medioambiental.

El polémico coprocesamiento de residuos

Hay poca ciencia sobre el impacto de las cementeras en el suelo, el agua, el aire y la vida en esta región, lo que acaba perjudicando a los vecinos. Se han hecho investigaciones y hay experiencias en el extranjero sobre coprocesamiento, pero el cóctel químico que hay en este corredor lo hace único y complejo: es casi imposible descifrar qué industria causa qué. Público solicitó entrevista a Cemex y Holcim. La primera se remitió a la postura oficial de la Cámara Nacional de Cemento (Canacem) y la segunda, no respondió a la fecha de publicación de este artículo.

"Dentro de los hornos, se incorpora el residuo peligroso en el clinker y, por lo tanto, sale el cemento contaminado, por ejemplo, con metales pesados", explicaba a los senadores el biólogo experto en este tema, Raúl Montenegro, en una sesión de parlamento abierto, del 12 de octubre.

Los metales pesados, las dioxinas y los furanos son de especial preocupación para los vecinos de Apaxco. Se trata de compuestos químicos cancerígenos, neurotóxicos y bioacumulables, es decir, que se juntan en los tejidos grasos de los organismos y se van transmitiendo a lo largo de la cadena alimentaria. Estos contaminantes son generados por la incineración de residuos.

La Canacem, por su parte, dice que precisamente este aprovechamiento de las cenizas hace que el coprocesamiento sea economía circular, pues evita que los residuos terminen en vertederos. Además, aseguran que no rebasan el límite máximo normativo de emisiones de dioxinas y furanos.

La comunidad atribuye a las emisiones contaminantes de las cementeras la alta incidencia de cánceres que perciben en la región. "A mi hermana le salió un quiste en el pómulo. El médico le dijo que dejara de cocinar con leña, porque decía que la enfermedad estaba relacionada con la quema", explica Sánchez. "Ella nunca había cocinado con leña", añade. A él le encontraron un quiste en el testículo y a su suegra, en el cuello.

La Canacem asegura que con el combustible derivado de residuos, se ahorran el CO2 equivalente a 40.000 coches en circulación al año en promedio. Pero expertos explican que no tienen forma de comprobar qué cantidad de contaminantes emiten porque apenas hay inspecciones en las plantas cementeras y registros públicos fiables de emisiones, lo que evidencia la pasividad de las autoridades ante la protección del medio ambiente.

"Vamos de mal en peor”

Desde el Gobierno federal reconocen la devastación socioambiental de la región. A inicios de 2020, empezaron a diseñar un programa de restauración ecológica que prevé realizar estudios de salud y toxicidad. Pero en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales considera la incineración de residuos en plantas cementeras ambientalmente viable, siempre que antes de recurrir a ella, se prioricen otras formas de gestión de residuos menos dañinas, como el reciclaje.

Expertos, como el químico Paul Connett, aseguran que incinerar residuos, aunque sea en hornos de cemento, es desviar la atención del verdadero problema, que es el modelo de consumo basado en usar y tirar. Pero en Apaxco ven que los incentivos les van en contra. "Hemos documentado que [las cementeras] cobran 16 euros por tonelada de residuos que reciben", explica Alberto Sánchez. Según la Canacem, en México se recolectan, en promedio, 3.200 toneladas diarias de residuos para el coprocesamiento, casi un 3% de todos los que se generan en el país.

"En 20 años no ha cambiado nada, vamos de mal en peor”", lamenta Refugio Choreño, a pesar de que vivimos en tiempos de acuerdos de París y de Greta Thunberg. "Lo que menos les importa es la salud de los que vivimos acá en la cementera", dice, y no solo se refiere a las personas.