A primera hora mañana del miércoles la mayor metrópoli del país estaba completamente parada. La huelga de los trabajadores del metro y de autobús, contra la reforma de la jubilación que quiere llevar a cabo el gobierno Temer, se hacía sentir en las calles con filas de coches que apenas podían moverse. En la estación de metro de Jabaquara (São Paulo) los funcionarios salían a explicar a quienes pretendían usar el transporte por qué no iban a trabajar este miércoles: "No queremos perjudicar a la población pero tenemos que defender los derechos de los trabajadores". En vez de pitos, lo que suele pasar cuando se para el transporte público en la ciudad, los trabajadores que tenían que buscarse la vida para llegar sus puestos decidieron aplaudir a los huelguistas.

"Me da igual que la mañana haya sido un infierno, tenemos que parar esta reforma como sea", decía Adilon Oliveira, conductor de Uber, uno de los medios más usados a lo largo del día. Los atascos de la mañana parecían una premonición de lo que sería la manifestación que estaba convocada a las 16 horas en la Avenida Paulista bajo el lema de Contra la reforma del Sistema de Pensiones: reaccione ahora o muera trabajando. Al mediodía un colectivo de mujeres colgaba una pancarta en el Instituto Nacional de la Seguridad Social de São Paulo: "La jubilación se queda y Temer se va", decía el eslogan que horas más tarde se convertiría en uno de los vítores más repetidos.

Las manifestaciones se repartieron en 22 ciudades brasileñas, pero São Paulo fue la que logró sacar más gente a la calle. La avenida Paulista estaba completamente colapsada de banderas de sindicatos, asociaciones de estudiantes y mucho color rojo con la firma del Partido de los Trabajadores (PT) y de la Central Única de Trabajadores (CUT), el brazo sindical de la sigla.

El ex presidente Lula fue una de las estrellas de la manifestación. A las siete de la tarde se subió a uno de los palcos de la avenida Paulista e instó a los brasileños a seguir "luchando" contra "el gobierno ilegítimo que quiere acabar con los derechos de los trabajadores".

49 años de trabajo para la pensión completa

Desde que Michel Temer se hizo con la presidencia del país, tras el polémico impeachment contra Dilma Rousseff, no ha habido una reforma que haya incomodado más a los brasileños que el Proyecto de Enmienda Constitucional PEC 287/16 que pretende modificar el sistema de pensiones. La reforma plantea cambiar la edad mínima obligatoria para jubilarse, aumenta el tiempo mínimo de contribución para recibir la pensión completa, y cambia la forma de calcular el valor del beneficio.

En Brasil no hay una edad mínima obligatoria para quien se quiere jubilar, el trabajador puede escoger entre jubilarse por edad o por tiempo cotizado. En la actualidad la jubilación por edad es de 65 años para los hombres, y 60 para las mujeres, con un mínimo de cotización de 15 años trabajados en el sector privado, o 10 años para los que han estado en el servicio público. Pero para recibir la jubilación íntegra necesitan un mínimo de 30 años cotizados, cada año a menos de esos 30, se les descuenta un 1% del valor de la contribución.

Con la reforma que propone el gobierno Temer se igualaría la edad mínima de jubilación para hombres y mujeres y quedaría en los 65 años

Con la reforma que propone el gobierno Temer se igualaría la edad mínima de jubilación para hombres y mujeres y quedaría en los 65 años. Pero sólo podrían acceder a su pensión con un mínimo de 25 años cotizados (10 más que ahora). Para obtener la jubilación completa tendrían que tener cotizados 49 años (19 más que ahora) y por cada año menos de esos 49 también se descontaría un 1% del valor cotizado. En la práctica se podría decir que bajo el sistema actual si un hombre de 65 años se jubilara con 25 años trabajados, su pensión tendría un recorte del 5%. Pero con la nueva ley, este mismo hombre de 65 años, sufriría un recorte del 24%.

La idea de tener que trabajar 49 años para recibir la pensión íntegra es uno de los puntos del proyecto que ha provocado más revuelo. El otro tiene que ver con el Beneficio de Prestación Continuada (BPC), un salario mínimo que se le paga a deficientes y mayores de 65 años que nunca han contribuido a la seguridad social. Con la nueva norma la edad mínima subirá a los 70 años y el valor recibido dejará de reajustarse al mismo ritmo que el salario mínimo.

Las mujeres, doblemente víctimas

Un grupo de estudios del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (Ipea) señala que uno de los mayores "errores" de la reforma propuesta por Temer es que no tiene en cuenta la intermitencia, la informalidad y las desigualdades sobre las que se estructura el mercado de trabajo brasileño.

Desde el Ipea alertan que las mujeres serán doblemente perjudicadas porque ya de antemano tienen menos opciones en el mercado laboral que los hombres. Los resultados de sus investigaciones vaticinan que con la nueva reforma, en un futuro el 47,3% de las brasileñas no conseguirá alcanzar los 25 años mínimos de contribución para optar a la pensión. En el caso de los hombres, al menos un 30% no llegaría al cuarto de siglo cotizado.

"Aumentar el mínimo a 25 años de contribución es un disparate, habrá muchas más mujeres que no puedan acceder a una pensión", explica una economista a 'Público'

"Actualmente muchas mujeres sufren para conseguir cotizar 15 años de trabajo, las empleadas domésticas son el mejor ejemplo de eso. Aumentar el mínimo a 25 años de contribución es un disparate, habrá muchas más mujeres que no puedan acceder a una pensión", señalaba la economista Joana Mostafa, en la revista Carta Capital.

En este sentido, Guilherme Boulos, presidente de los MTST (Movimiento de Trabajadores Sin Techo), señalaba: "No es una reforma del sistema de pensiones, sino que es la extinción del sistema de pensiones. Va a dejar a millones de trabajadores sin poder jubilarse". Desde el Movimientos Sin Tierra (MST) aseguraban que los más perjudicados serían los trabajadores rurales, uno de los sectores que más se mueve en la informalidad: "A lo que más afecta esta reforma es a quienes ponen la comida en la mesa del pueblo brasileño", decía uno de los representantes del movimiento.

En manos del Congreso

El presidente Michel Temer ha asegurado que "no dará su brazo a torcer". El mandatario asegura que la reforma "es absolutamente necesaria" debido al déficit de 46.000 millones de euros de las arcas de la seguridad social. También alega la preocupación por la disminución de la población activa frente al envejecimiento de la sociedad.

Desde los movimientos sociales responden que Temer se preocupa por ese déficit, pero ignora los 129.000 millones de euros que las grandes empresas deben a la Seguridad Social: "El Gobierno habla mucho del déficit del sistema de pensiones, pero no tiene en cuenta las contribuciones que no han pagado las empresas, y es un dato fundamental sobre el que pensar antes que meterse con los derechos de los trabajadores", señala Achilles Frias, presidente del Sindicato de los Procuradores de la Hacienda Nacional (Sinprofaz).

"El Gobierno habla mucho del déficit del sistema de pensiones, pero no tiene en cuenta las contribuciones que no han pagado las empresas", señalan los sindicatos

Los sindicatos han prometido nuevas manifestaciones para intentar evitar que el Congreso saque adelante la reforma. "Después de la manifestación de hoy queda claro que Temer no lo va a tener tan fácil para aprobar esta ley", dice la profesora de Sociología de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), Esther Solano, que reconoce que la protesta del miércoles ha sido una de las "más grandes" contra el Gobierno Temer: "Esta reforma es una pauta que ha vuelto a unir a la izquierda y también aglutina a otros sectores más conservadores. Al fin y al cabo es algo que va a afectar a todos los trabajadores".

La presión en las calles será fundamental para conseguir que la Cámara y el Senado no den continuidad al proyecto que todavía está pendiente de votación en ambas cámaras: "Es una incógnita lo que se decidirá en el Legislativo porque ahora los diputados y senadores están más preocupados con no aparecer en la lista Janot —que envuelve los casos de corrupción de la Operación Lava Jato— que con la reforma del sistema de pensiones", advierte Solano.