La antigua líder de facto de Myanmar (antigua Birmania) y premio Nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, fue condenada este lunes a cuatro años de prisión acusada de vulnerar las normas de la covid-19 por un tribunal controlado por los militares que el pasado mes de febrero dieron un golpe de Estado en el país y derribaron el Gobierno legítimo que el partido político liderado por Aung San Suu Kyi.

Una condena que, sin embargo, la junta militar reducía poco después a dos años de cárcel. La televisión estatal MRTV ha sido la encargada de anunciar la nueva sentencia, después de que el líder militar Min Aung Hlaing le concediera un indulto parcial.

Tras un juicio a puerta cerrada, Suu Kyi, de 76 años, fue sentenciada originariamente a dos años de cárcel por el delito de incitación contra los militares y otros dos años por vulnerar la normas de la covid.

Esta es la primera sentencia contra Aung San Suu Kyi desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero, informaron a Efe fuentes cercanas al caso. Sentencia que por otra parte tiene un claro aroma a represalia.

La ONU, numerosos Gobiernos como el de Estados Unidos, Reino Unido y Japón, y la Unión Europea han pedido la liberación de Suu Kyi y otros detenidos por la junta militar birmana liderada por el general Min Aung Hlaing.

La Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pidió este lunes la liberación inmediata de Aung San Suu Kyi,  arrestada junto con el presidente también depuesto Win Myint el pasado 1 de febrero durante el golpe de Estado perpetrado por el Ejército.

La Oficina de Bachelet ha recibido información del arresto arbitrario en Myanmar de al menos 10.000 personas que son consideradas opositoras y de la muerte de 175 de ellas en custodia, muy probablemente por torturas y entre las cuales se encontraban numerosos miembros de la LND.

Bachelet consideró que la condena de Suu Kyi ha sido producto de "un juicio falso realizado en secreto ante un tribunal controlado por los militares, lo que hace obvia su motivación política".

"Este veredicto contra Aung San Suu Kyi no hará sino profundizar el rechazo al golpe y endurecerá las posiciones, cuando lo que se necesita es un diálogo y una solución pacífica y política a esta crisis", señaló Bachelet en un comunicado.

Profunda crisis social y política

Contra la premio Nobel de la paz penden, adrmás, una decena de casos presentados tras la toma de poder por los militares golpistas, entre ellos acusaciones de corrupción, saltarse regulaciones de telecomunicaciones y violar la ley de Secretos Oficiales, todas castigadas con penas de cárcel.

El golpe de Estado del pasado mes de febrero sumió a Myanmar en una profunda crisis política, social y económica, y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.

El Ejército justifica el golpe por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales de noviembre de 2020, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.

Al menos 1.303 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados desde el golpe, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos, según los partes diarios de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también cifra en más de 10.000 los opositores detenidos, entre ellos Suu Kyi.