Motines de la Policía Militar desafían la seguridad nacional en Brasil y potencian las milicias

En un país como Brasil, militarizado de arriba a abajo, no es de extrañar que los cuerpos y fuerzas de seguridad coloquen en jaque al sistema cuando así lo creen oportuno. Lo están demostrando estos días cientos de policías militares amotinados –con el rostro cubierto y armados– en el estado de Ceará, con el consiguiente contagio a otros estados brasileños. La presión es generalizada, y en Paraíba y Alagoas ya han empezado las paralizaciones y las amenazas.

Los policías militares reclaman aumento de sueldo. Cuentan con vías legales para esta reclamación –de hecho, sus asociaciones negocian en todos los estados–, y, sin embargo, en Ceará han decidido sublevarse en los cuarteles y no realizar su labor diaria de patrullamiento. Con el paso de los días, la falta de efectivos de la Policía Militar ha permitido que el número de homicidios en Ceará alcance cotas infaustas, respondiendo con el automatismo de una regla de tres inversa. Más de 170 homicidios en una semana –con una cifra récord de 37 homicidios el pasado viernes–, cuadruplicando las medias registradas en los últimos meses. Las miradas están puestas en las milicias paramilitares, con estrecha relación con la Policía Militar. Nunca antes acumularon estas milicias tanto poder en este estado del noreste brasileño.

El ministro de justicia y seguridad pública, Sérgio Moro, sin embargo, ha declarado ante los medios que "la situación está bajo control". Lo ha hecho en su visita al lugar de los hechos, una vez que se ha firmado el decreto por el cual el Gobierno Federal aceptaba la petición de ayuda del gobernador de Ceará, Camilo Santana (Partido de los Trabajadores) –también la solicitó, por otros motivos, en enero del año pasado. El gobierno Bolsonaro ha vuelto, por lo tanto, a activar un decreto de Garantía de la Ley y el Orden, enviando a Ceará 2.500 soldados y centenares de agentes de la Fuerza Nacional.

El gobernador de Ceará ha confirmado que ya había logrado cerrar un acuerdo de aumento salarial con las asociaciones que representan a los policías militares, aunque posteriormente parte de esas asociaciones participantes en la negociación echaron marcha atrás. Ahora Santana es rotundo: "No podemos permitir que estos grupos estén haciendo lo que la sociedad brasileña está presenciando", señaló junto al ministro Moro. "Encapuchados, con pasamontañas, usando las armas que la Constitución les cedió para proteger a la sociedad, y amenazando a esta sociedad. Siempre estaremos abiertos al diálogo y a la negociación, pero nadie puede estar encima de la ley en este país".

En realidad, casi nadie. El presidente Jair Bolsonaro ha defendido a las milicias paramilitares varias veces en las últimas dos décadas, incluso en sede parlamentaria. Como capitán del Ejército, además, su conexión con la categoría siempre ha sido positiva. A este respecto, el mismo presidente ha colaborado en el efecto dominó al proponer un aumento de salario del 25% a las Policías Militar y Civil del Distrito Federal de Brasilia, así como al Cuerpo de Bomberos. Los mismos pasos ha seguido en el estado de Minas Gerais su aliado el gobernador Romeu Zema: ha propuesto un aumento del 42% en los salarios de la Policía Militar, cuando aún tiene deudas con los funcionarios públicos respecto a la paga extra de 2019.

Dos son los políticos de la izquierda brasileña más involucrados en la inquietante coyuntura por la que atraviesa el estado de Ceará: Cid Gomes y Ciro Gomes, hermanos y líderes del Partido Democrático Trabalhista (PDT). Ambos, además de exministros, fueron gobernadores de la región. La semana pasada, Cid recibió dos disparos en el pecho cuando intentaba, a los mandos de una retroexcavadora, desactivar por su cuenta y riesgo uno de los bloqueos perpetrados por los policías militares amotinados en un cuartel del municipio de Sobral.

Ciro, tercer candidato más votado en las elecciones presidenciales de 2018, ha advertido al clan Bolsonaro que "van a ser necesario matarlos" a él y a su hermano para que las milicias paramilitares que dominan Río de Janeiro consigan el objetivo de controlar Ceará. Los dos proyectiles continuarán alojados en el cuerpo de Cid Gomes, que se recupera milagrosamente del ataque. Su hermano Ciro, mientras tanto, defendió la decisión de la retroexcavadora, alegando que el fascismo no se combate "con flores". Está preparado para la confrontación, "con las armas que sean necesarias".

La Constitución se tambalea

La complacencia del gobierno Bolsonaro y sus aliados con estos movimientos internos en la Policía Militar, unida a la ya analizada consolidación del militarismo en el Ejecutivo, sirven como caldo de cultivo para las manifestaciones promovidas por la ultraderecha para el próximo 15 de marzo. Las convocatorias preocupan, y mucho, tanto a la oposición como a la sociedad civil. En la comunicación de los eventos, programados en las principales ciudades del país, se ataca al Congreso Nacional, formado por la Cámara de Diputados y el Senado Federal. El propio presidente Bolsonaro ha utilizado su teléfono móvil para divulgar estas manifestaciones contra el Congreso, tal y como publicó anoche la periodista Vera Magalhães.

La convocatoria de seguidores de Bolsonaro responde a la postura del general Augusto Heleno, ministro del gabinete de seguridad institucional, sorprendido la semana pasada en un audio involuntario en el cual cargaba contra el Congreso por el tira y afloja presupuestario en el que ambos poderes están enfrascados: "No podemos aceptar que esos tíos nos chantajeen todo el tiempo, que se jodan", se le escuchaba decir al militar.

La Constitución Federal brasileña de 1988 se tambalea, la separación de poderes también, y se comienza a hablar de delito de responsabilidad del presidente, por la promoción de actos contra el Congreso, lo cual podría llegar a generar un pedido de impeachment. El líder de la oposición en la Cámara de Diputados, Alessandro Molon (Partido Socialista Brasileño), ha solicitado una reunión urgente con Rodrigo Maia y Davi Alcolumbre, presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado Federal, respectivamente, para preservar la maltrecha democracia del país.