Desde que hace cuatro años el Kurd Dag (Montes Kurdos) y su capital, Afrín, fueron ocupados por milicias pro-turcas, al menos 40 personas han muerto a causa de las torturas en prisiones clandestinas repartidas por este pequeño enclave del norte de Siria. Así lo revela un informe del Observatorio Sirio de Derechos Humanos (SOHR) que detalla casos concretos, centros de detención y quienes los regentan. Entre los grupos que tienen el control de esos lugares están los grupos armados División Hamza, Ahrar al Sharqiya y Suleiman Shah, todos ellos estrechamente vinculados con los servicios de Inteligencia turcos.

De acuerdo con estos datos, la ciudad de Afrín albergaría una docena de estas prisiones, mientras que en los distritos periféricos de Sharran y Sheikh Hadid habría dos cárceles; en el de Rajo, otras tres; y en el Bulbul, una más. El SOHR documenta 39 muertes bajo tortura, de las que 11 corresponderían a 2018, otras 11 a 2019, ocho a 2020 y diez al año que acaba de terminar.

En algunos casos el motivo de la detención fue haber participado o colaborado con las anteriores autoridades del llamado "Cantón autónomo de Afrín", dirigido por el Partido de la Unidad Democrática (PYD), principal organización kurda de Siria que, pese a ser un estrecho colaborador de Francia y EEUU en la lucha contra el Estado Islámico, es considerado por Ankara una organización terrorista y filial siria del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

En otros, se trató de secuestros para exigir el correspondiente pago del rescate a las familias, pero que, tras entregar sumas hasta superiores a los 100.000 dólares, recibieron después el cuerpo sin vida de la víctima. El 8 de junio de 2018, miembros de la División Hamza secuestraron a un matrimonio en la aldea de Barrad: la mujer murió y nunca se supo nada del esposo.

La fama más siniestra, por la brutalidad, la tienen las prisiones de Trundah, en la ciudad de Afrín, y de Maydan Ikbis, en el extremo noroccidental de la región, junto a la frontera de Turquía, con capacidad para cientos de detenidos y que podría servir de paso para quienes son conducidos a otros centros ya en territorio turco.

La región del Kurd Dag, que generalmente es conocida con el nombre de su capital, tiene algo más de 2.000 kilómetros cuadrados y está compuesta por una serie de estribaciones cubiertas de olivares que la asemejan a la provincia de Jaén, por eso está considerada la mejor zona para la producción de aceitunas y aceite de Oriente Próximo.

Habitada fundamentalmente por kurdos desde tiempos inmemoriales, tiene para Turquía un gran valor estratégico, ya que, al distar solo 35 kilómetros del Mediterráneo, permite crear un corredor que conectaría el mar con las zonas kurdas de Siria, Turquía, Irak e Irán, algo que, desde el principio de la crisis siria, el presidente turco, Recep Tayip Erdogan, aseguró no iba a permitir porque pondría en riesgo su "seguridad nacional".

Por este motivo, el 20 de enero de 2018 el Ejército turco lanzó la operación 'Rama de Olivo' para respaldar la ofensiva de los grupos islamistas con unidades de infantería, artillería pesada, helicópteros y, sobre todo, cazabombarderos de la base aérea de Incirlik, entonces y ahora protegida por un batallón antiaéreo del Ejército español. La ocupación islamista del Kurd Dag sigue contando con el apoyo de numerosas bases turcas, tanto en las capitales de distrito –Afrín, Mablati, Sharran, Bulbul, Rajo y Sheikh Hadid– como en la 'línea de contacto' con los territorios que aún permanecen bajo control de las fuerzas kurdas.

Las cárceles clandestinas forman parte de una amplia campaña de violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que, como han denunciado varias organizaciones humanitarias, tiene como objetivo final modificar sustancialmente la composición demográfica de las zonas ocupadas, así como islamizar una zona que hasta la invasión de 2018 era ejemplo de convivencia entre distintas religiones, en concreto de suníes, alevis, yazidis y cristianos, entre quienes la mujer tiene un elevado protagonismo social.

La repercusión de estos hechos sobre la vida cotidiana de las mujeres es especialmente significativa, ya que ahora son obligadas a vestir de acuerdo con las normas islámicas; además han comenzado a registrarse matrimonios forzados, obligan a las familias a casar a sus hijas con milicianos, incluso menores de edad, prácticas que apenas se daban en esta parte de Siria antes de la invasión.

Precisamente la minoría yazidi, ancestral religión no musulmana de origen zoroastriano, ha sido y sigue siendo una de las principales víctimas de estos grupos armados, como denuncia a Público Alí Isso, portavoz de la ONG Ezedine. Esta organización tiene documentados numerosos casos de secuestros, violaciones y abusos sexuales, como el último intento de secuestro de una mujer en Rajo el pasado mes de octubre.

Algunos casos han tenido especial repercusión pública, como el de la joven Arin Dali Hassan, secuestrada en febrero de 2020, liberada tras el pago de un rescate y de nuevo encarcelada, o el de la fotógrafa Dilshan Qarajol, que, tras un mes de retención, fue puesta en libertad y logró marcharse a Alepo.

Para Isso, nos encontramos ante "unas violaciones sistemáticas de los derechos humanos motivadas por razones religiosas y étnicas que las sitúan en el nivel del genocidio", conclusión a la que han llegado tras analizar cientos de casos y reunirse con numerosas familias, tanto de la zona de Afrín, como en la franja igualmente ocupada por Turquía en la parte más oriental del norte de Siria.

Por su parte, Kamal Sido, de la Asociación por los Pueblos Amenazados, considera que el objetivo final es "la limpieza étnica", y pone como ejemplo de ello la expulsión de más de 200.000 kurdos o la desaparición del millar de cristianos que vivían en la zona.

Para Zeredesht Azad, otro activista kurdo residente en Europa al que ha localizado Público, no hay duda de que el objetivo de la operación 'Rama de Olivo' es reducir la población del enclave a la mitad, ya que, según afirmó el presidente Erdogan antes de la ofensiva, esta región está habitada a partes iguales por kurdos y árabes.

La confiscación ilegal de viviendas y de fincas olivareras se ha convertido en una práctica común. Rodin, procedente de Afrín y residente desde hace años en Europa, pone como ejemplo, en una conversación con Público, que a un sobrino y a dos primos les han echado de sus casas, y que en un pueblo cercano a Afrín los islamistas mataron de un tiro a un campesino de avanzada edad por no querer entregarles su caballo.

Otro caso reciente es el de un propietario que se había marchado a Alepo y le llamaron para recolectar las olivas, cuando llegó se encontró su casa ocupada y, salvo un pequeño trozo de terreno, su finca, a la que había destinado los ahorros de toda su vida, ya había sido recolectada.

"Cómplices necesarios"

Ante la falta de respuesta internacional por estos hechos, Zeredesht Azad considera que ni EEUU ni la Unión Europea quieren poner en riesgo sus relaciones con Turquía, convirtiéndose "en cómplices necesarios" de esta situación.

Esta opinión también la comparten Kamal Sido y Alí Isso. Kamal les acusa de tolerar los crímenes perpetrados por su aliado de la OTAN, mientras que para Isso, la comunidad internacional tendría que haber calificado "la presencia de Turquía en Siria como una ocupación, lo que le obligaría a respetar los derechos humanos en las zonas ocupadas, según dictan los acuerdos internacionales a las potencias ocupantes".

Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, en su informe, denuncia la responsabilidad de las autoridades turcas en estos "crímenes de guerra y contra la humanidad", ya que se cometen por grupos bajo su control, razón por la cual hace un expreso llamamiento a la ONU y la Unión Europea para que presionen al Gobierno de Ankara y se ponga fin a esta situación. Exigen llevar a los responsables de estas violaciones de los derechos humanos ante la justicia internacional.