Estados Unidos ha retrocedido 50 años en derechos sexuales y reproductivos tras la decisión del Tribunal Supremo de revocar la constitucionalidad del derecho al aborto. Cientos de personas se han manifestado ante la sede de la Corte, en Washington, para protestar contra la sentencia judicial. Al mismo tiempo, diversas personalidades políticas han alzado la voz contra el fallo.

El propio presidente de EEUU, Joe Biden, ha puesto el foco sobre Donald Trump. El mandatario ha culpado a los jueces nombrados por el magnate "de acabar con la balanza de la justicia y eliminar un derecho fundamental de las mujeres en este país".

Por su parte, Nancy Pelosi, la líder de la mayoría demócrata en la Cámara Baja, ha calificado el fallo de "insulto" y de "bofetada" para las mujeres. "Esta decisión cruel es escandalosa y descorazonadora", ha declarado Pelosi en una rueda de prensa en el Capitolio. 

"Gracias a (el expresidente) Donald Trump, (el antiguo líder de la mayoría republicana en el Congreso) a Mitch McConnell, al Partido Republicano y a su mayoría en el Tribunal Supremo, las mujeres estadounidenses de hoy tienen menos libertad que sus madres", había escrito anteriormente la veterana política.

También Barack Obama ha criticado la sentencia. "Hoy el Tribunal Supremo no solo ha revocado casi 50 años de precedentes legales, sino que también ha relegado la decisión más personal que alguien puede tomar a capricho de políticos e ideólogos, atacando las libertades de millones de estadounidenses", ha escrito el expresidente de EEUU en Twitter, donde ha publicado un hilo:

También grupos por la defensa del derecho al aborto como el Instituto Guttmacher han criticado a los "ideólogos antiabortistas" del Supremo por "desatar la incertidumbre y el dolor sobre las personas que no piden nada más que ejercer su derecho fundamental a la autonomía corporal", según ha declarado su presidenta y directora general, la doctora Herminia Palacio.

Human Rights Watch también ha criticado el fallo. Amanda Klasing, directora adjunta y responsable de la división para los derechos de la mujer de la organización, ha recordado que "el acceso al aborto es fundamental para garantizar muchos derechos humanos fundamentales, incluido el derechos a la vida y a la seguridad de la persona; privacidad; no discriminación; y libre de crueldad, tratos inhumanos o degradantes, entre otros". "Todos estos derechos están reconocidos en el derecho Internacional a través de tratados ratificados por Estados Unidos", ha añadido.

Para Amnistía Internacional, el fallo del Supremo representa "un triste hito en la historia del país", en palabras de la responsable de Amnistía Estados Unidos para asuntos del Gobierno, Tarah Demant. "Esta resolución afecta a todas y cada una de las personas en Estados Unidos, con independencia de su capacidad de tener un embarazo", ha lamentado.

En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido que no se puede dar por sentado ningún derecho. "No podemos dar por sentado ningún derecho. Las conquistas sociales siempre están en riesgo de retroceder y su defensa tiene que ser nuestro día a día. Las mujeres deben poder decidir libremente sobre sus vidas", ha escrito el jefe del Ejecutivo en Twitter.

También en Twitter, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha lamentado la decisión del Supremo estadounidense: "Es un día muy triste para las mujeres en todo el mundo", ha escrito. La ministra ha recordado que el fallo judicial "no conseguirá que haya menos abortos, pero hará que estos dejen de ser seguros, que se realicen en clandestinidad y que muchas mujeres pongan sus vidas en riesgo para interrumpir voluntariamente sus embarazos".

Precisamente, Montero viajará la próxima semana a EEUU para reforzar las alianzas feministas entre ambos países, han señalado a Efe fuentes de Igualdad. Montero se reunirá en la Casa Blanca con la directora ejecutiva del Consejo de Políticas de Género, Jennifer Klein, y con la asistente especial de presidente de EEUU sobre Justicia Penal, Chiraag Bains, quien ha trabajado específicamente todo lo relativo a antirracismo del Ejecutivo de Joe Biden.