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Nicaragua La CDIH eleva a 317 los muertos por las protestas en Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte de las dificultades para contabilizar a las víctimas por la falta de información por parte del Gobierno de Ortega. Hasta 23 asesinados son niños, niñas o adolescentes.

Jóvenes participan en una marcha convocada para apoyar a los médicos que fueron destituidos por atender manifestantes en Managua. JORGE TORRES (EFE)

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha elevado a 317 la cifra de muertos en Nicaragua desde el 18 de abril, cuando estallaron las protestas contra el presidente, Daniel Ortega.

De los 317 fallecidos registrados entre el 18 de abril y el 30 de julio, la CIDH explicó en un comunicado que 23 son niños, niñas o adolescentes y 21 son policías.

"La Comisión Interamericana condena todos los asesinatos registrados e insta al Estado de Nicaragua a investigar con prontitud y seriedad cada uno de estos crímenes. El Estado debe llevar un registro actualizado, confiable y transparente de todas las muertes", señaló Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua en la CIDH, según recoge el comunicado.

El Gobierno de Nicaragua rebaja a 195 los muertos, mientras que la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) contabiliza 448 y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) 302.

La semana pasada, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, explicó a la prensa en Washington que la Comisión estaba teniendo dificultades para recopilar cifras de víctimas mortales porque el Gobierno de Ortega había dejado de facilitarles datos oficiales.

Por eso, la CIDH solicitó este miércoles al Ejecutivo nicaragüense la cifra actualizada de fallecidos y pidió reuniones con autoridades del Ministerio de Salud, el Instituto de Medicina Legal y el Ministerio Público de Nicaragua.

Por otro lado, la CIDH verificó "la persecución y criminalización por parte del Estado" de aquellos que han participado en las protestas contra Ortega.

La semana pasada, Abrão ya denunció la existencia de una "tercera fase" de represión en el país centroamericano, que consiste en la "criminalización de manifestantes", tras la reciente aprobación en el Parlamento nicaragüense de una ley antiterrorismo que, de acuerdo con la ONU, podría usarse para perseguir las protestas pacíficas.

Las protestas contra Ortega comenzaron el pasado 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se han convertido en un reclamo de su renuncia tras 11 años en el poder.

La CIDH ha jugado un papel fundamental en la crisis a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que apoya una de las comisiones del diálogo nacional, y mediante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que apoya las investigaciones de los hechos.

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