La reforma de la ley de dependencia abre la puerta a más cuidados, más derechos y menos esperas
El Pleno del Congreso aprobó este martes el proyecto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales. La reforma incorpora medidas como la reducción de plazos para reconocer prestaciones, la eliminación de incompatibilidades y la ampliación del concepto de personas cuidadoras.
Madrid-
La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad ha superado su última barrera parlamentaria en el Congreso con 179 votos a favor, 33 en contra (de Vox) y 137 abstenciones (del PP). El Pleno de la Cámara Baja dio luz verde este martes al proyecto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 bajo la batuta de Pablo Bustinduy. "Es la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo", dijo el ministro. "Supone una revolución y una transformación profunda del sistema público de cuidados y responde a las necesidades tanto de las personas que reciben cuidados como de quienes cuidan", añadió.
En la misma sesión, el Congreso convalidó también el real decreto-ley que refuerza la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) con 317 votos a favor y 33 en contra (también de Vox). La norma duplica las cuantías que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por cada persona con un grado de dependencia reconocido y moviliza 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027. Desde la cartera de Bustinduy inciden en que este incremento supone "un esfuerzo récord" y destacan que, únicamente en el denominado nivel mínimo de financiación, las comunidades recibirán de media un 98,7% más de recursos procedentes de la administración. "El Gobierno de España ha cumplido su compromiso de asumir el 50% de la financiación global del sistema, alcanzando un total de 7.239,4 millones de euros en 2027, incluyendo las subidas en el nivel acordado y el nivel mínimo", recalcan.
Los nuevos derechos de las personas dependientes
Con la reforma ya aprobada, las personas en situación de dependencia verán ampliados sus derechos y el catálogo de prestaciones. Una de las principales novedades es la eliminación del régimen de incompatibilidades entre ayudas, lo que permitirá combinar distintos servicios que hasta ahora no podían percibirse al mismo tiempo. Así, una persona que permanezca en su domicilio podrá compatibilizar, por ejemplo, la atención en un centro de día con la prestación de cuidados en el entorno familiar o con el servicio de teleasistencia. El texto también amplía y redefine la asistencia personal, que pasa a formar parte del catálogo de servicios. El asistente ya no solo podrá prestar apoyo dentro del domicilio, sino también acompañar a la persona dependiente en actividades como acudir a una consulta médica, realizar compras o efectuar gestiones fuera de casa.
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Otro de los cambios afecta a la figura de los cuidadores no profesionales. La reforma amplía el concepto de persona cuidadora para incluir no solo a familiares, sino también a personas del entorno relacional o convivencial. De este modo, podrán ejercer ese papel quienes mantengan una relación estable con la persona dependiente, aunque no exista un vínculo familiar, como parejas no casadas o personas que comparten vivienda.
El plazo habilitado a las autonomías para resolver una prestación por dependencia se reduce a la mitad: pasa de seis a tres meses
La teleasistencia pasa, además, a reconocerse como un derecho subjetivo garantizado por ley. De acuerdo con el texto, el servicio permitirá realizar un seguimiento permanente del estado de la persona usuaria e incorporar dispositivos tecnológicos de apoyo, como sistemas de geolocalización o pulseras para personas con deterioro cognitivo. Para impulsar esta prestación, el Ejecutivo ha destinado 304 millones de euros a las comunidades autónomas. La reforma asimismo limita el uso de sujeciones físicas y farmacológicas en centros y servicios de atención. "Estas prácticas solo podrán aplicarse de forma excepcional, cuando no exista otra alternativa y siempre bajo criterios estrictamente justificados", según el Ministerio. Por último, el plazo habilitado a las autonomías para resolver una prestación por dependencia se reduce a la mitad: pasa de seis a tres meses.
Qué cambia para las personas con discapacidad
El proyecto también estalla la burbuja que oculta la realidad de los derechos de las personas con discapacidad. Entre las novedades figura el reconocimiento de la accesibilidad universal como un derecho exigible, de modo que cualquier persona con discapacidad podrá reclamar la eliminación de barreras en edificios y servicios públicos. Para hacerlo efectivo, la norma prevé la creación de un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, "destinado a financiar actuaciones como la instalación de rampas, sistemas de audiodescripción u otras adaptaciones".
Las personas con un grado I de dependencia obtendrán automáticamente un 33% de discapacidad
El escrito también facilita las obras de accesibilidad en edificios residenciales mediante una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. Así, las comunidades de propietarios estarán obligadas a solicitar estas ayudas cuando algún vecino las requiera. Además, se flexibilizan los requisitos económicos para acceder a ellas al reducir del 75% al 70% la aportación que debe asumir la comunidad de propietarios. Otro de los cambios es el reconocimiento automático de determinados grados de discapacidad en función de la situación de dependencia. Las personas con un grado I de dependencia obtendrán automáticamente un 33% de discapacidad, mientras que quienes tengan reconocido un grado II o III podrán acceder al reconocimiento de un 65%.
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La reforma incorpora también una prohibición expresa de discriminar por razón de discapacidad en los seguros de vida y de salud, impidiendo que las aseguradoras puedan encarecer las pólizas o establecer condiciones desfavorables por este motivo. En el ámbito judicial, el proyecto crea por primera vez la figura del facilitador procesal, un profesional especializado que actuará como puente entre las personas con discapacidad y los operadores jurídicos. "Su misión será garantizar que quienes necesiten apoyos puedan comprender el procedimiento, participar en él en igualdad de condiciones y evitar situaciones de indefensión durante el proceso judicial", aclaran.
La otra pata de la reforma: la financiación
Desde Derechos Sociales sostienen que el despliegue de todas estas medidas requiere una financiación suficiente para que puedan aplicarse de forma efectiva. Con ese objetivo, el Consejo de Ministros aprobó también el martes la transferencia de 904 millones de euros a las comunidades autónomas para financiar el denominado nivel acordado del SAAD. El Ejecutivo calcula que esa cifra alcanzará los 970 millones de euros una vez se incorporen los recursos correspondientes al cálculo del cupo vasco y de la aportación de Navarra.
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Según el departamento de Bustinduy, esta inyección económica permitirá a las comunidades avanzar en algunos de los principales retos del sistema, como reducir las listas de espera, mejorar las condiciones laborales de las profesionales de los cuidados, ampliar y reforzar los servicios destinados a las personas en situación de dependencia, impulsar la incorporación de nuevas tecnologías y extender prestaciones como la teleasistencia o la atención domiciliaria. Con el aval del Congreso, la reforma deberá pasar ahora por el Senado antes de su publicación en el BOE y su entrada en vigor.
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