Países Bajos e Islandia solicitan sumarse al caso del Tribunal Internacional de Justicia contra Israel por el genocidio en Gaza

Países Bajos e Islandia han pedido a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) autorización para intervenir en el caso iniciado en diciembre de 2023 por Sudáfrica contra Israel por presunta violación de la Convención contra el Genocidio con sus ataques y políticas en la Franja de Gaza.

Según comunicó el máximo tribunal de la ONU este jueves, la intervención se basa en el Artículo 63 del Estatuto de la Corte, que permite a los Estados parte de un tratado como la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948) involucrarse en un caso cuando su interpretación está en discusión.

Sudáfrica inició un procedimiento el 29 de diciembre de 2023, alegando que Israel habría violado varios artículos de la Convención con, entre otras cosas, asesinatos, daños físicos y mentales graves, desplazamientos forzados e imposición de condiciones de vida que podrían llevar a la destrucción de la población palestina en Gaza.

La solicitud de Sudáfrica sostiene que Israel incumplió así su obligación de prevenir un genocidio, como exige la Convención, ratificada también por Islandia y Países Bajos en 1949 y 1966, respectivamente.

En sus declaraciones, el Gobierno de Países Bajos y el de Islandia aclaran que su intervención tiene un objetivo limitado: presentar ante la Corte su interpretación jurídica de la Convención, sin emitir juicios sobre los hechos del caso, ni posicionarse del lado de ninguna de las partes.

El objetivo es ofrecer a la Corte su opinión sobre cómo deben entenderse los elementos que definen un genocidio en relación con los actos que están siendo evaluados en Gaza.

Países Bajos defiende que el desplazamiento forzado puede constituir un acto de genocidio o servir como evidencia de la intención específica de cometerlo; y los actos cometidos contra niños requieren una consideración particular en la evaluación del genocidio, incluyendo el daño físico y mental grave y las condiciones de vida impuestas.

Islandia destaca que los actos que afectan las condiciones de vida de un grupo -no solo los asesinatos- deben considerarse al determinar la intención genocida; y que la conducta de los países y el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIJ pueden ser relevantes para interpretar si existe intención específica de cometer genocidio.

Además, subraya que la hambruna o la retención deliberada de ayuda humanitaria pueden constituir actos de genocidio y son relevantes para determinar la intención específica.

La CIJ ha solicitado a Sudáfrica e Israel que presenten observaciones escritas sobre estas intervenciones.

Hasta la fecha, han presentado solicitudes de intervención en este caso Colombia, Libia, México, Palestina, España, Turquía, Chile, Maldivas, Bolivia, Irlanda, Cuba, Belice, Brasil, Comoras, Bélgica y Paraguay.