Los países europeos deportaron a más de 170.000 personas en 2018

Casi medio millón de personas recibieron una carta de deportación de un país europeo en 2018. El número ha ido descendiendo ligeramente, pero se ha mantenido estable en los últimos años, a pesar de que cada vez menos personas cruzan las fronteras comunitarias de manera ilegal.

La Comisión ha enviado esta semana una carta al Parlamento Europeo, que incluye un recopilatorio de todas las estadísticas de expulsión de migrantes, junto con un informe sobre el estado de las negociaciones que coordina Bruselas para llegar a acuerdos de repatriación con más de una veintena de países, de manera que las devoluciones sean más rápidas.

La carta, a la que ha tenido acceso Público, iba dirigida en concreto a Juan Fernando López Aguilar (PSOE), presidente de la comisión parlamentaria de Libertades civiles, Justicia e Interior, después de que los propios miembros de la Eurocámara reclamaran un informe sobre esas estadísticas.

El documento que han recibido los eurodiputados detalla que, de las 478.000 personas que recibieron órdenes de expulsión de países europeos, 170.000 han sido deportados de manera efectiva y han vuelto, de manera voluntaria o no, a sus países (el 35,6% de las órdenes de expulsión emitidas). Las principales nacionalidades de quienes recibieron una orden de expulsión en 2018 fueron marroquíes (33.460), seguidos de ucranianos (33.045) y albaneses (31.640). Tras ellos, afganos, argelinos, iraquíes y paquistaníes. De todos ellos, España envió 59.255 cartas de expulsión, el segundo país que más personas ordenó deportar en la UE, solo detrás de Francia, que ordenó casi el doble (105.560).

Las principales nacionalidades de quienes recibieron una orden de expulsión fueron marroquíes, seguidos de ucranianos y albaneses

En ese mismo año 2018, las cifras de llegadas ilegales a la Unión Europea han seguido en la tendencia descendente de los últimos tiempos. Hubo 139.000 personas que cruzaron las fronteras de la Unión Europea de manera ilegal, muy lejos de los más del millón que llegaron en 2015, durante lo peor del conflicto sirio. Es decir, en 2018, fueron repatriadas más personas de las que entraron en Europa de manera ilegal.

"No es verdad, ni siquiera en 2015, que la Unión Europea estuviera siendo invadida por cantidades inasumibles. No es verdad que la migración esté fuera de control y que la política de control no funcione", defiende López Aguilar. "La gente cree que llegan y nos invaden, y no es verdad. Llegan, con muchísimas dificultades y arriesgando la vida. La Unión Europea en su conjunto, está retornando a más gente de la que entra".

El próximo martes, los 68 eurodiputados de la comisión que preside López Aguilar se reunirán con la directora general de protección civil y ayuda humanitaria de la Comisión, Monique Pariat, quien firma la carta, para discutir sobre los últimos avances de la UE en acuerdos con los países de origen para acelerar el proceso de repatriación.

La Comisión Europea está a punto de aprobar un nuevo acuerdo para devolver a personas a Bielorrusia, y tiene negociaciones abiertas con Argelia, Túnez, China, Jordania y Nigeria.

La UE tiene además un mandato para cerrar un acuerdo de este tipo con Marruecos, pero las negociaciones llevan suspendidas desde 2015.

"Aunque se ha conseguido un progreso sostenido en los últimos años, la Unión Europea está constantemente aprendiendo de las lecciones y se está centrando en áreas donde necesitamos hacer más con países terceros para construir fuertes partenariados", explica Pariat en su carta. "Pero también [para mejorar la cooperación] con los Estados miembros de manera que pongan en práctica los acuerdos a los que ya hemos llegado".

La eurodiputada de Izquierda Unida, Sira Rego, denuncia que con esos acuerdos, "en lugar de trabajar por condiciones de vida mejores en terceros países y facilitar las luchas de defensoras y defensores de derechos humanos, se legitima a gobiernos autoritarios".

El acuerdo con Turquía da signos de debilidad

La carta destaca el caso de la frontera entre Turquía y Grecia, donde las llegadas han aumentado "significativamente" el año pasado. 73.626 personas cruzaron la frontera, un 54% más que el año anterior. Si bien las llegadas por tierra descendieron en un 15%, la cantidad de personas que se lanzaron al mar para llegar a Grecia el año pasado fue cerca del doble que en 2017. Esto, a pesar de que la UE y Turquía firmaron un acuerdo en 2016 por el que Europa entregaba 6.000 millones de euros en ayudas para que los turcos se encargaran de unos 3,6 millones de demandantes de asilo sirios y no les dejaran cruzar la frontera hacia Grecia.

Desde marzo de 2016, 2.009 personas han sido deportadas de Grecia a Turquía. "Este número relativamente bajo se debe a los problemas de capacidad del sistema griego, que se ha enfrentado a un número significante de demandas de asilo, apelaciones y ulteriores demandas", explica la carta.

Desde marzo de 2016, 2.009 personas han sido deportadas de Grecia a Turquía.

A día de hoy los problemas de hacinamiento en campamentos de refugiados de Grecia continúan, con el complejo de Moria en la isla de Lesbos como el peor ejemplo. Allá donde hay capacidad para 2.000 personas, viven 14.000, según un reportaje de Deutsche Welle. "Moria está por encima de su capacidad, con tiendas plantadas codo con codo. Hay bolsas de basura por todos lados y la estación sanitaria temporal lleva varios días sin agua. Por la noche, algunos residentes se ponen violentos, y muchos dicen que viven con miedo", relata el periodista Max Zander desde el campo.

A día de hoy la resolución de una demanda de asilo puede llevar dos años o más, explicaba Sophie Magennis a Público, jefa de la unidad de políticas y apoyo legal en la Representación de ACNUR para Asuntos Europeos. Los países europeos deberían introducir "algún tipo de mecanismo capaz de recibir muy rápido a las personas que llegan y de distinguir a los que quieren demandar asilo de los migrantes", reclamaba Magennis. 

ACNUR reclama que aquellos que tienen derecho a protección deben ver reconocida su situación rápidamente y recibir apoyo para su integración. Y que, en el caso aquellos migrantes que no cumplen con requisitos para recibir protección, deben recibir ayuda para regresar a sus casas.

Para López Aguilar, la clave para conseguir evitar situaciones como las que viven los demandantes de asilo en Grecia es que los países de la Unión Europea lleguen a un acuerdo para dar una respuesta conjunta y coordinada a las llegadas de migrantes, que según el eurodiputado "son manejables".  "La migración para la UE es una necesidad y una oportunidad. La migración irregular plantea problemas, pero es especialmente acuciante para los Estados que han sido abandonados a su suerte durante demasiado tiempo. Y Grecia es el caso paroxístico".

También insiste en la reforma Maite Pagazaurtundúa (Ciudadanos), vicepresidenta de la misma comisión de Libertades Civiles: "Hace falta un sistema común y ordenado Necesitamos un enfoque integral que incluya la política exterior, el comercio internacional y la asistencia para el desarrollo a largo plazo, es una cuestión para décadas que tiene que introducirse estructuralmente en las políticas públicas".

Por su parte, Sira Rego, denuncia que "la Comisión saca pecho de las más de 2.000 personas deportadas a Turquía desde la aprobación del ‘Acuerdo de la vergüenza’. Sin embargo, obvian la penosa situación de migrantes y demandantes de asilo en Turquía, la violencia y el trabajo en condiciones de semi-esclavitud al que se enfrentan, o los numerosos asesinatos de mujeres o personas LGTBI demandantes de asilo".

1.000 millones de euros para deportar a migrantes

Las deportaciones no son gratis. La Unión Europea y los países miembros han gastado 943 millones de euros en fondos impulsados desde Bruselas para repatriar a migrantes desde 2014. Esos fondos, aclara la carta, incluyen también partidas para ayudar a su reintegración.

Además, la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), destinada al control de los flujos migratorios, ha multiplicado su presupuesto en los últimos años. En 2019, recibió 333 millones de euros de fondos comunitarios y tenía casi 700 empleados. Cuando se creó en 2005, contaba con 19,2 millones. La Comisión prevé que su presupuesto, que en parte va a parar a operaciones de repatriación, siga aumentando al menos en los próximos dos años.