Se estrecha cada vez más el cerco contra el presidente de Pakistán, Pervez Musharraf.

Centenares de abogados y defensores de los derechos humanos protestan contra la imposición del estado de emergencia. Los medios de comunicación desafían la censura. La comunidad internacional condena la ley marcial de facto. El Ejército no es unánime en su apoyo al general Musharraf. Y los yihadistas se hacen cada día más fuertes en el noroeste del país.

Las protestas lideradas por abogados en Karachi, la capital económica del país, y Lahore, fueron disueltas ayer con porras y gas lacrimógeno. La Policía arrestó a decenas de manifestantes pero éstos se mostraron desafiantes. "No estamos asustados por estos arrestos. Seguiremos nuestra lucha, pase lo que pase", declaró a la agencia Reuters el abogado Abdul Hafeez mientras se lo llevaban en un furgón policial en Karachi.

Al menos 1.500 personas han sido detenidas en los tres últimos días. La secretaria general de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, Asma Jahangir, difundió su orden de arresto domiciliario por 90 días a través de un incisivo correo electrónico .

Ley marcial hipócrita

Jahangir criticó con gran dureza la hipocresía de Musharraf: "Irónicamente, el presidente ha dicho que tiene que tomar medidas drásticas contra la prensa y la judicatura para contener el terrorismo. Por este motivo ha arrestado a gente progresista y laica mientras a los terroristas les ofrece negociaciones y acuerdos de alto el fuego".

"Queremos pedir a la Administración de EEUU que detenga todo su apoyo a este dictador inestable, ya que su ansia de poder está llevando al país al borde de una guerra civil", añadió Jahangir, una de las defensoras de los derechos humanos más respetadas de Pakistán.

Para frenar las críticas, tanto internas como externas, el Gobierno paquistaní negó ayer que las elecciones generales vayan a retrasarse un año, como anunció el fin de semana.

"Se ha decidido que no habrá retraso en las elecciones y para el 15 de noviembre estas asambleas (nacionales y provinciales) serán disueltas y la votación se realizará en los próximos 60 días", declaró el fiscal general paquistaní.

Elecciones inciertas

El primer ministro, Shaukat Aziz, confirmó la celebración de elecciones pero señaló que antes hay que "resolver algunos asuntos legales". El más importante de ellos es la sentencia pendiente del Tribunal Supremo sobre la reelección de Musharraf el pasado 6 de octubre.

Los magistrados debían decidir si la candidatura del presidente era legal o no. Fuentes próximas a éstos señalaron que el veredicto sería negativo. Al disolver el Supremo y nombrar un nuevo grupo de jueces, el general ha eliminado uno de los máximos oponentes a su perpetuación en el poder.

El presidente del tribunal destituido, Iftikhar Chaudry, ha declarado la emergencia "inválida" y ha anunciado que mantendrá su lucha por la democratización del país.

Musharraf se reunió con el cuerpo diplomático en Islamabad y desmintió los rumores sobre su arresto domiciliario. "Es una broma de primer orden", dijo Musharraf.

El presidente reiteró su intención de renunciar a la jefatura de las Fuerzas Armadas. "Tengo la intención de culminar esta tercera etapa de transición una vez se corrijan algunos puntos en el sistema judicial, el Ejecutivo y el Parlamento", dijo Musharraf a la televisión pública paquistaní.

El Gobierno ha cerrado la sede de las televisiones privadas del país pero algunas, como Geo, emiten desde el extranjero y sus emisiones siguen siendo accesible por satélite. Igualmente, la prensa ha desoído las restricciones impuestas por Musharraf y ha cargado con dureza contra el general.

Disensiones internas

La creciente impopularidad del general se ha extendido también a parte del Ejército. Las tropas paquistaníes están desmoralizadas por el alto número de bajas sufrido en la lucha contra los extremistas en las provincias fronterizas con Afganistán. Musharraf llegó incluso a criticar "la falta de profesionalidad" del Ejército al hacerse público que 200 soldados se habían entregado a los islamistas sin oponer resistencia.

Los 200 soldados, retenidos durante más de dos meses, fueron liberados el domingo a cambio de 28 insurgentes.

Nadie sabe qué pasará en Pakistán sin el general que ha gobernado el país con mano de hierro desde 1999 pero las voces que exigen su dimisión cobran fuerza a diario.

"Musharraf tiene que ser reemplazado por un Gobierno de reconciliación nacional. El Ejército lo tiene que apoyar. No hay otras soluciones realistas aunque tampoco hay garantías de que esto funcione", concluyó Jahangir.