Piden cadena perpetua para los represores por los vuelos de la muerte en Campo de Mayo durante la dictadura argentina

El Ministerio Público Fiscal pide cadena perpetua para cuatro exmilitares por su supuesta implicación en los vuelos de la muerte, durante la dictadura Argentina (1976 y 1983), en la que fueron arrojados civiles detenidos de manera clandestina a las aguas del Río de la Plata y el Mar Argentino.

"Se afirmó que los imputados estaban dentro de la organización de un plan sistemático integral criminal que tenía como objetivo la eliminación de los opositores políticos", dijo el fiscal Marcelo García Berro sobre el jefe de Instituto Comandos Militares y multicondenado por crímenes de lesa humanidad Santiago Omar Riveros, y Luis del Valle Arce, Delsis Malacalza y Eduardo Lance, exintegrantes del Batallón de Aviación 601 de Campo de Mayo.

Ellos son los cuatro acusados en el juicio que comenzó en octubre de 2020 por los crímenes de lesa humanidad contra cuatro personas –Rosa Eugenia Novillo Corvalán, Roberto Ramón Arancibia, Adrián Enrique Accrescimbeni y Adrián Enrique Rosace– que fueron detenidas de manera clandestina, encerradas y torturadas en El Campito, uno de los centros clandestinos de Campo de Mayo, y posteriormente arrojadas al agua desde aviones que partieron de esa guarnición. Completaba la lista de acusados el otro exaviador Horacio Conditi, pero la semana pasada el Tribunal Oral Federal número 2 de San Martín lo dejó fuera de la causa por deterioro en su salud.

García Berro, que llevó adelante la representación del Ministerio Público Fiscal en el debate junto a la auxiliar fiscal Mercedes Soiza Reilly, consideró a los acusados "eslabones indispensables de ese engranaje" que significó el plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio de personas que incluyó a los vuelos de la muerte entre los métodos utilizados para hacer desaparecer los cuerpos de las víctimas de la última dictadura cívico militar eclesiástica.

En base a decenas de testimonios que fueron escuchados en el juicio oral y público, que transcurrió en su totalidad durante la pandemia y, por lo tanto, tuvo una modalidad mayormente virtual con declaraciones vía teleconferencia, los fiscales determinaron que los acusados son coautores penalmente responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio de las cuatro víctimas, y merecen la condena máxima. Los relatos de exsoldados conscriptos que aportaron mucha información sobre aviones que partían de la pista de aviación de la guarnición cargados de personas y regresaban vacíos y manchados de sangre fueron fundamentales como pruebas.

Comienzo de alegatos en La Plata

En paralelo, ante el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, integrantes de la Unidad Fiscal Federal para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante la época del terrorismo de Estado local inauguró su alegato en el juicio que se sigue a los represores Miguel Etchecolatz y Julio César Garachico por los secuestros, torturas y asesinato en el Pozo de Arana.

Durante la primera jornada, los fiscales Gonzalo Miranda y Juan Martín Nogueira —completa el equipo Ana Oberlin— realizaron una descripción del centro clandestino, que ya fue analizado en un juicio de lesa humanidad años atrás– como un lugar en el que los secuestrados estaban encerrados "en condiciones infrahumanas, caracterizadas por la falta de higiene, desnudez, sufriendo padecimiento físicos y psicológicos, con ojos vendados, maniatados y ubicados en lugares reducidos en situaciones de hacinamiento en muchos casos, y allí se torturaba con ferocidad", describió Miranda. 

Luego, la exposición se centró en una descripción de las siete víctimas del juicio, entre ellas Jorge Julio López, secuestrado entonces y nuevamente desaparecido en 2006, después de declarar en el primer juicio contra Etchecolatz. El alegato fiscal continuará el próximo 11 de abril con la petición de penas para los acusados.