El poder de nombrar al enemigo: Trump recoloca a yihadistas, narcos y antifascistas en el nuevo eje del mal
Algunos intelectuales señalan que la etiqueta "terrorismo" tiene una fuerte carga subjetiva. Los recientes movimientos de la Casa Blanca muestran cómo este término se adapta a sus intereses nacionales.
Madrid--Actualizado a
La inclusión del Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado de EEUU el pasado 24 de noviembre evidenció dos hechos. El primero es que para el inquilino de la Casa Blanca, Donald J. Trump, el derrocamiento del presidente venezolano, Nicolás Maduro -a quien acusa sin pruebas de ser el cabecilla del grupo criminal-, ha pasado a ser prioritario. El segundo, que la lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO en inglés) es una de las muchas herramientas del arsenal diplomático con el que EEUU busca hacer cumplir sus objetivos en política exterior.
¿Qué cambia cuando se nombra a la organización criminal venezolana como grupo terrorista? Según el Código de EEUU, las organizaciones terroristas extranjeras son "aquellas que participan en actividades terroristas o en terrorismo, y cuyas actividades terroristas amenacen la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional (defensa nacional, relaciones exteriores o intereses económicos)".
Para que los actos de un grupo sean considerados "terroristas" deben cumplirse las siguientes características. En primer lugar, que se cometan actos violentos o peligrosos para la vida humana según la legislación de EEUU y que aparenten tener por objeto intimidar o coaccionar a la población civil, influir o afectar la política de un gobierno mediante secuestros, destrucciones masivas, asesinatos, intimidaciones o coacciones.
La definición de actos terroristas de organismos supranacionales como la ONU replica el grueso del argumentario de EEUU, al que añaden la intencionalidad del grupo criminal de "provocar un terror generalizado entre la población".
En el caso de la UE, para que un acto sea calificado como terrorista también debe tener el objetivo de "desestabilizar gravemente las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales básicas de un país o de una organización internacional". Todas estas definiciones se acuñaron tras los atentados de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, que causaron un enorme shock en los países del Norte Global.
Tras el fracaso de Vietnam, EEUU había intervenido militarmente en el extranjero camuflando sus intereses bajo la narrativa de impulsar la democracia en terceros países. Con el 11S, este discurso viró hacia la guerra contra el terrorismo. Es decir, hacia la necesidad de ir en busca de los grupos armados islamistas allí donde operaban. Se trataba no sólo de hacer pagar a Al Qaeda por los atentados del World Trade Center, sino de evitar futuros ataques de enemigos todavía desconocidos. Esta premisa condicionó la política exterior e interior de EEUU.
La etiqueta "terrorista" comenzó a utilizarse para legitimar operaciones militares en el exterior y de espionaje en el interior de EEUU. Para Tica Font, es este impulso de legitimación lo que ha llevado a Donald Trump a calificar al Cártel de los Soles como grupo terrorista. "Les sobra [Nicolás] Maduro y ya llevan presionando muchos años a Venezuela en términos económicos" y en términos discursivos, señalando la falta de democracia en el país caribeño. Nada de esto ha sido determinante para derrocar al chavismo.
Font explica que el espaldarazo al cambio de narrativa lo dio el avance del poder de China en América Latina. "Antes iban a por todo el régimen chavista y como no podían con él, ahora van a por Maduro". En cambio, "si lo ponen como terrorista, pese a que ninguna legislación lo avale", es más fácil para un Estado "descabezar o matar al terrorista". En otras palabras: "No te da ninguna ventaja jurídica, sino más bien de apoyo social".
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La investigadora y presidenta del Centre Delas de Estudios para la Paz considera que esta es la razón por la que Trump ha señalado al presidente Nicolás Maduro como el cabecilla del Cártel de los Soles. Si bien EEUU aún no ha explicado cuáles serán sus próximos pasos en Venezuela, ha desplegado barcos y portaaviones por el Caribe.
Es lo mismo que ocurre con los movimientos antifascistas, criticados por el presidente estadounidense tras el asesinato el 10 de septiembre del activista de extrema derecha Charlie Kirk. Su asesino, Taylor Robinson, fue identificado por el movimiento MAGA (Make America Great Again) como un militante antifascista. Esta, como otras muchas teorías lanzadas sobre Robinson, no ha podido ser comprobada. En cualquier caso, el antifascismo es una ideología y no un partido o grupo político concreto. Aun así, desde la llegada al poder de Trump, han sido nombrados como terroristas el grupo alemán Antifa Ost — también conocido como Hammerbande—, la Federación Anarquista Internacional o Frente Anarquista Revolucionario, que ha llevado a cabo acciones en Italia y Grecia.
También ha sido incluido el grupo Justicia Proletaria Armada, que promueve la salida de Grecia de la OTAN y que a finales de 2023 puso una bomba en la sede de la Policía Antidisturbios de Grecia (MAT), sin que se produjeran daños a civiles.
Quién decide qué es el terrorismo
Lejos de la mirada estatista, sociólogos, filósofos e historiadores se han aproximado al concepto de "terrorismo" desde lugares más críticos. Entre ellos se encuentran Jean-Paul Sartre o, más recientemente, Cynthia Enloe, que señalan el papel del colonialismo y las narrativas dominantes en las definiciones de "terrorismo" y visiones sobre el militarismo.
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En esta línea se encuentra también Tica Font. La investigadora comparte varios puntos con las definiciones gubernamentales de terrorismo. Por ejemplo, el "carácter indiscriminado" de muchos actos terroristas, que atacan a población civil, así como el hecho de que dichos actos persiguen unos objetivos "políticos o político-religiosos" determinados. Sin embargo, hace hincapié en que "es un gobierno quien decide qué es terrorismo y qué no. Y lo hace bajo el prisma político de la imagen que tiene del otro".
En otras palabras: quienes son considerados terroristas en un país, pueden no serlo en otro. Esta variabilidad no cuestiona si un grupo comete o no actos criminales, sino que establece cuándo dichos actos son considerados legítimos. Hay grupos armados que causan bajas civiles y desafían al poder estatal en cada rincón del planeta y que, sin embargo, no son considerados terroristas. Esto evidencia la subjetividad a la que se presta este término.
Terroristas para unos, aliados para otros
Un ejemplo llamativo es el de los grupos armados de etnia kurda que operan en el Kurdistán, un territorio que se extiende sobre las fronteras actuales de Siria, Turquía e Irak. Los Estados-nación de estos países, surgidos del desmembramiento del Imperio Otomano tras la Segunda Guerra Mundial, no asimilaron la diversidad étnica que había en sus territorios. La identidad kurda quedó fuera de la identidad nacional de las regiones en las que habitaban. Perseguidos y reprimidos por los Estados de estos nuevos países, especialmente Turquía, crearon grupos armados para luchar contra las fuerzas de seguridad de los Estados de los que se pretenden independizar.
Entre ellos se encuentran el Partido Kurdo de los Trabajadores (PKK), que opera en Turquía y que actualmente se encuentra embarcado en un proceso de paz con Ankara. Otros grupos kurdos activos en Siria son las Unidades de Protección Popular (YPG), que a su vez integran las Fuerzas Democráticas Sirias (YPG-PKK). Para Turquía, estos y otros grupos kurdos son considerados terroristas. En cambio, para otros actores políticos como EEUU, han sido aliados estratégicos y legítimos.
En 2014, tras comprobar la capacidad de resistencia del YPG-PKK contra el ISIS en Siria, Washington comenzó a asesorar y apoyar militarmente al grupo kurdo. Una vez derrotado el Estado Islámico, el dictador sirio y enemigo de EEUU, Bashar Al Asad, volvió a fortalecer su poder en el país. Para debilitarlo, la Casa Blanca continuó apoyando al YPG-PKK. En 2016, una autoridad civil kurda proclamó la autonomía de lo que se llamó la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES). En 2019, el presidente Trump retiró las ayudas al YPG-PKK y, por tanto, al AANES, en un giro paleoconservador de su administración.
Durante el tiempo que EEUU estuvo apoyando a los kurdos en Siria, diferentes organismos estadounidenses aclararon que no coincidían con Turquía cuando su Gobierno calificaba al grupo armado como "terrorista". Esta disparidad de criterios entre países no es una excepción, sino que "viene de muy atrás". La presidenta del Centre Delas cree que uno de los mejores ejemplos se dio durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi ocupó Francia.
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"Los actos de sabotaje a la Francia nazi, de la resistencia a la invasión, fueron calificados por los periódicos alemanes como terrorismo", explica Font. "Cuando acaba la guerra, los ganadores le dan un nuevo término a estos grupos. Ya no son actos de sabotaje, sino de resistencia contra el país invasor". Esta es, puntualiza la investigadora, la encrucijada discursiva en la que se encuentra el grupo palestino de corte islamista Hamás.
El "terrorista" como coartada: el caso Al-Sharaa
El 17 de noviembre de 2025 la imagen del día fue la de Ahmed Al-Sharaa, presidente de Siria, dándole la mano a Donald Trump en la Casa Blanca. Con traje, corbata y la cabeza descubierta, el aspecto occidentalizado de Al-Sharaa se alejaba del que había tenido durante la guerra de Siria, cuando respondía al nombre de Abu Mohamed Al Golani y lideraba el Frente Al Nusra. Esta organización nació en 2012 como la rama siria de Al Qaeda, de quien se desvinculó cuatro años después. Entre medias se enfrentó al ISIS, también nacido del seno de Al Qaeda y con preceptos todavía más fundamentalistas.
Por su vinculación a Al Qaeda, la Casa Blanca declaró grupo terrorista a Al Nusra y puso precio a la cabeza de su líder, Al Sharaa. Durante mucho tiempo, recuerda Font, para EEUU "esta persona era alguien que integraba un grupo radical y que llevaba a cabo acciones islamistas". Aun así, algo le unía con Barack Obama, Joe Biden y Donald Trump: una profunda enemistad con el régimen de Bashar Al Asad.
A principios de diciembre de 2024, después de 50 años gobernando el país con puño de hierro, la dinastía Asad fue derrocada por una confluencia de milicias lideradas por Al Sharaa. Para ese momento, el líder de Al Nusra ya había moderado su discurso y había cambiado su apariencia. Debilitada una de las patas del Eje de la Resistencia –que hasta la caída de Asad estaba compuesto por Siria, Irán, la milicia Hezbolá en el Líbano y los hutíes en Yemen–, el Gobierno de EEUU se dispuso a consolidar el nuevo Gobierno sirio y le ofreció su apoyo a Al Sharaa.
Antes de que el fotógrafo de la Casa Blanca retratara a Donald Trump y Al Sharaa estrechándose las manos, hubo otra foto el pasado mes de mayo, cuando ambos mandatarios posaron junto al príncipe saudí, Mohamed bin Salmán, en Riad (Arabia Saudí). En la víspera de aquel encuentro, Trump se comprometió a retirar progresivamente las sanciones interpuestas contra Siria y contra el propio Al Sharaa a cambio de que contenga el resurgimiento del ISIS. Según el registro del Departamento de Estado de EEUU, el pasado 8 de julio de 2025, el Frente Al Nusra –Hay'at Tahrir al Sham (ANF/HTS)- fue retirado formalmente del listado de organizaciones terroristas extranjeras.
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