Ecuador vive este jueves su duodécimo día consecutivo de protestas contra la carestía de vida y las políticas económicas del Gobierno del conservador Guillermo Lasso. las protestas ya superan en duración a las de octubre de 2019, cuando las movilizaciones paralizaron al país durante once jornadas seguidas.

Aunque no se deben a las mismas razones, las similitudes entre ambos episodios son numerosas. En ambos casos ha sido la Confederación de- Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) la convocante de las protestas. Además, en las dos casos el conflicto ha acabado concentrado en el centro de Quito, con episodios violentos.

En número de víctimas, las protestas de 2019 continúan por encima al registrar una decena de fallecidos y unos 1.500 heridos, de los que un tercio aproximadamente eran fuerzas de seguridad, mientras que en el conflicto actual hay de momento cuatro manifestantes fallecidos y varios centenares de heridos entre protestantes, policías y militares.

En 2019, el estallido social fue provocado por la abrupta eliminación de los subsidios a los combustibles, lo que condujo a que numerosos sectores sociales, como los transportistas, acompañasen a los indígenas y amplificasen la repercusión de la movilización hasta que el entonces presidente Lenín Moreno dio marcha atrás.

Ahora el fenómeno viene liderado por el movimiento indígena tras sentir que los distintos momentos en los que se ha sentado a dialogar con Lasso durante su primer año de mandato no han dado sus frutos respecto a sus variadas demandas.

Decálogo de demandad

La Conaie reclama un pliego de diez demandas, entre ellas que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de los productos de primera necesidad, que no se privaticen empresas del Estado y que no amplíe la actividad petrolera y minera en la Amazonía, entre otros puntos.

Pese a que el Gobierno ha aprobado algunas demandas de este pliego, el movimiento indígena mantiene en pie las protestas hasta no ver cumplidas la totalidad de sus exigencias.

Lo que todavía no ha ocurrido es un proceso de diálogo entre el Ejecutivo y las organizaciones promotoras de las marchas, algo que se dio en 2021 y ayudó a resolver el conflicto.

De momento el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, principal promotor de las protestas, se ha negado en reiteradas ocasiones a sentarse a conversar con el Gobierno, y para ello pedía a cambio que se permita el ingreso a la Casa de la Cultura, se derogue el aún vigente estado de excepción decretado por Lasso y se garantice que se abordarán todas las demandas.

Si bien el Gobierno le concedió el jueves el acceso a la Casa de la Cultura para instaurar una "asamblea popular", esta no se instaló hasta este viernes y el jueves continuaron los altercados después de que la Policía disolviese con gases y armamento antidisturbios una marcha que llegó hasta la Asamblea Nacional.

La convocatoria al diálogo, que Lasso aceptó de primeras, ha sido realizada por numerosas organizaciones civiles y religiosas, incluida la Conferencia Episcopal, y cuenta con el apoyo técnico de la Unión Europea (UE) y Naciones Unidas.