Lasso militariza Ecuador y reprime la protesta indígena contra los recortes

La fórmula no falla. Cada vez que el movimiento indígena alza la voz en Ecuador, los mandatarios neoliberales recurren al estado de excepción. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y otras organizaciones sociales declararon hace once días un paro nacional indefinido ante la grave situación económica que sufren las familias más vulnerables por el alza de los precios y la falta de políticas sociales.

La respuesta del presidente derechista Guillermo Lasso ha sido militarizar el país y reprimir con violencia las manifestaciones. Ya hay al menos dos muertos y el escenario se asemeja cada vez más a los sucesos de octubre de 2019, cuando las protestas contra las políticas del también conservador Lenín Moreno se saldaron con media docena de muertos y 1.500 heridos.

Lasso, expresidente del Banco Guayaquil y cuyo nombre apareció en los Papeles de Pandora por haber tenido parte de sus sociedades y patrimonio en paraísos fiscales, llegó al gobierno hace poco más de un año tras derrotar en segunda vuelta a Andrés Arauz, el candidato progresista perteneciente al espacio político del expresidente Rafael Correa (2007-2017). Al contrario de lo que sucedió con Moreno, exvicepresidente de Correa devenido en enemigo político de su mentor, la agenda política de Lasso era conocida por sus votantes: una profundización del neoliberalismo al que ya se había entregado Moreno durante su mandato.

La respuesta de Lasso ha sido militarizar el país y reprimir con violencia las manifestaciones

"Venimos con los diez puntos y nos iremos con los diez puntos", ha insistido el líder de la Conaie, Leonidas Iza, ante una primera convocatoria del gobierno para dialogar y el anuncio de Lasso (que el miércoles dio positivo por covid) de atender algunas de las reivindicaciones de los sectores indígenas. Antes de sentarse a negociar, Iza quiere que el gobierno derogue el estado de excepción que rige en nueve de las 24 provincias de Ecuador. En un primer momento, Lasso ordenó restricciones de circulación y reunión en tres provincias andinas donde arrancaron las marchas, pero tras el avance de los manifestantes hacia Quito, se amplió el estado de excepción con un gran despliegue de militares y policías en varias ciudades.

Los diez puntos que reclama la Conaie son toda una declaración de principios contra las políticas neoliberales del gobierno. Las organizaciones sociales exigen, entre otras demandas, la reducción y el control del precio de los combustibles, en continuo ascenso desde 2020 (el diésel casi ha duplicado su valor), una moratoria en el pago de la deuda de las familias, el establecimiento de precios justos para los productos del campo o la preservación de los territorios indígenas de las explotaciones mineras. El marginado movimiento indígena también le pide al gobierno que se comprometa a garantizar derechos laborales y colectivos y que dedique una mayor inversión a la sanidad y la educación.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, una reducción en el precio de la gasolina y del diésel en los términos que plantea la Conaie (unos 40 centavos de dólar por galón) podría suponer una pérdida de ingresos al Estado superior a los mil millones de dólares en un año. Sin embargo, el alza internacional de los precios del petróleo beneficia a Ecuador, un país productor. Si hace siete años se desplomaron los precios y eso provocó una aguda crisis económica y social, la situación hoy es bien distinta. El barril del West Texas Intermediate, de referencia en el país andino, supera los 115 dólares por barril (frente a los 25 dólares de hace dos años). La guerra en Ucrania ha apuntalado su cotización y ha elevado los ingresos del Estado. El gobierno calcula que por cada diez dólares de aumento en el precio del barril, recauda unos 500 millones de dólares más.

El enojo de Iza y sus seguidores con el gobierno es comprensible. El propio dirigente fue detenido durante 48 horas un día después de que se iniciara el paro nacional. La Conaie y otras organizaciones sociales, como la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador, llevan un año transmitiendo a las autoridades de Quito que el progresivo encarecimiento de los alimentos y combustibles genera una situación insostenible para muchas familias, especialmente en las zonas rurales.

Ya hay al menos dos manifestantes muertos desde que iniciaron las manifestaciones

Lasso ha desoído continuamente esos reclamos. Su gobierno se ha caracterizado por una incapacidad para atajar la crisis económica, una inestabilidad política constante y una pésima gestión para abordar el grave problema de la inseguridad ciudadana y el ascenso del narcotráfico. En octubre ya decretó el estado de excepción para tratar de frenar el alarmante aumento del número de homicidios y los continuos motines carcelarios.

Lasso ha optado estos días por el palo y la zanahoria, si bien el palo va con pólvora incorporada y la zanahoria no parece comestible. Mientras mostraba su disposición a dialogar y asumir algunas de las demandas de las organizaciones convocantes del paro, el mandatario aplicaba mano dura en las calles. Ya hay al menos dos manifestantes muertos desde que se inició el paro. Uno de ellos murió a manos de la policía, según la Conaie, durante los graves disturbios del miércoles en la ciudad de Puyo. El gobierno, por su parte, sostiene que el hombre falleció por la explosión de artefactos caseros que portaban los propios manifestantes.

Criminalizar de la protesta

Ante la criminalización de la protesta, Iza se ha mantenido firme en su decisión de no sentarse a negociar hasta que el gobierno no despeje las calles de militares y policías. Al mismo tiempo, le ha pedido a Lasso garantías sobre los acuerdos que puedan concretarse. Fogueado durante las protestas sociales de octubre 2019, el dirigente kichwa de 40 años fue cobrando protagonismo hasta alcanzar el máximo liderazgo de la principal organización indígena en junio de 2021. Siempre ataviado con el tradicional poncho rojo y un sombrero negro, Iza ha sabido mezclar en su discurso los principios marxistas e indigenistas del pensador peruano José Carlos Mariátegui y las demandas sociales y laborales de los pueblos originarios.

La crisis en Ecuador se profundizó a partir de 2019 tras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

La crisis en Ecuador se profundizó a partir de 2019 tras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que llevaba implícito un programa de ajustes: reducción del gasto público y la inversión, eliminación de ayudas sociales y despidos masivos. El estallido social de ese año tuvo réplicas similares en Chile y Colombia, dos países en los que ha habido recientemente un cambio político con propuestas de transformación social.

En Ecuador, sin embargo, la derecha se impuso en las elecciones de hace un año y desbarató las aspiraciones del correísmo de volver al poder. Si bien Arauz presenta un perfil diferente al de Correa, su gobierno habría garantizado un retorno a la senda progresista. Lasso, además, llegó a la segunda vuelta electoral por un puñado de votos, apenas unas décimas por delante del candidato indigenista Yaku Pérez. En el oficialismo ya hay voces que acusan a sectores correístas de jalear las protestas y preparar una ofensiva parlamentaria junto al partido indigenista Pachakutik para desalojar a Lasso del Palacio de Carondelet.

Naciones Unidas, la Unión Europea y diversas organizaciones de derechos humanos han abogado por el diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales como única solución al conflicto. "Para evitar la escalada de esta crisis, desde Amnistía Internacional (AI) pedimos al presidente Lasso cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica (...) y atender las causas estructurales que han llevado a varios sectores de la población a manifestarse para defender sus derechos humanos", dijo en un comunicado Erika Guevara Rosas, responsable de AI en América.