Van 41 días del Gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y 41 muertos por disparos de las fuerzas de seguridad en la represión contra las protestas antigubernamentales. Una estadística espantosa. El total de fallecidos desde el inicio de las protestas en diciembre cuando cayó el expresidente peruano Pedro Castillo y asumió Boluarte son 49. Entre los muertos se incluye a un policía, que murió golpeado y quemado por una turba enardecida después que la Policía matase a 18 personas durante la protesta en la ciudad andina de Juliaca, y siete habitantes por no poder llegar a un centro de salud o por accidentes por los bloqueos de vías.

Los heridos son más de 600, una buena parte de ellos por disparos. La renuncia de Boluarte, acusada por las muertes causadas por la represión, el adelanto para este año de las elecciones programadas para abril de 2024 y el rechazo al Congreso que controla la derecha, son las demandas que unifican a una protesta de liderazgos locales y múltiples, que no responde a partidos políticos. Es una protesta fundamentalmente andina y campesina.

La cruenta represión, el estado de emergencia, las detenciones, las acusaciones de terrorismo contra los manifestantes y la campaña desde el Gobierno, el Congreso y los medios para criminalizarlos, no detienen las masivas protestas exigiendo la renuncia de Boluarte. Comenzaron en el sur andino –la zona más pobre y discriminada, y también la más identificada con el destituido y encarcelado expresidente Castillo–, donde son masivas y han paralizado la región, y se van extendiendo al resto del país. Se ha llamado a un paro indefinido en varias regiones.

Este lunes, los bloqueos de vías, numerosos en el sur, llegaron al norte. La carretera Panamericana Norte fue bloqueada en la región La Libertad, a unos 500 kilómetros al norte de Lima. Regiones amazónicas también se han sumado a las protestas.

La toma de Lima

Desde los Andes, donde hay movilizaciones diarias contra el Gobierno, comunidades campesinas y habitantes de las ciudades anuncian "la toma de Lima", una marcha a la capital para masificar la protesta en el centro político y económico del país. Ya iniciaron la movilización a Lima desde distintas regiones.

Las autoridades, temerosas ante la posibilidad de que las protestas masivas en Lima sean el capítulo final de un Gobierno que muestra fuerza para la represión pero una gran debilidad popular y política, han amenazado con no dejarlos llegar a Lima, donde los habitantes de la capital ya se vienen movilizando exigiendo la renuncia de Boluarte.

Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) tiene un 71% de rechazo y solamente 19% de aprobación. El Congreso que la respalda y contra el que también se protesta, tiene un rechazo del 88% y solamente 9% de aceptación. Entre el dolor y la indignación, las calles de poblaciones andinas, como las de Juliaca, ciudad de la altiplánica región de Puno, y Ayacucho, donde las fuerzas de seguridad han matado a disparos a 18 y diez habitantes, respectivamente, han sido colmadas por masivos cortejos fúnebres para despedir a sus muertos.

En los últimos días, en Cuzco hubo una multitudinaria despedida al dirigente campesino Remo Candia, presidente de la Federación Campesina de la provincia de Anta, muerto el pasado miércoles de un disparo durante la represión a una protesta en esa ciudad. Bandas musicales se han sumado a las movilizaciones diarias de protesta, en las que a ritmo andino se canta "Dina, asesina, el pueblo te repudia".

Uno de los presentes en la multitudinaria despedida a los 18 muertos de Juliaca en la plaza principal de la ciudad fue el sacerdote argentino Luis Humberto Bejar. Ha sido su última actividad pública en Juliaca después de más de 25 años de sacerdocio en esta ciudad andina. La Iglesia Católica le ha ordenado dejar su parroquia por apoyar las protestas que exigen la renuncia de Boluarte y calificar de "asesinatos" las muertes causadas por las fuerzas de seguridad. Bejar explica que la jerarquía católica lo comenzó a acosar después de esas declaraciones.

El obispo de Puno, Oscar Carrión, le ha retirado la licencia como párroco de Pucará, donde oficiaba, y le dijo que debía retirarse durante un año "para reflexionar". En una carta dirigida al obispo Carrión, el sacerdote argentino volvió a cuestionar la represión, señaló que Juliaca "tiene aroma a muerte" y defendió su intervención durante las protestas diciendo que estuvo cerca a las familias de las víctimas y la defensa de "los derechos fundamentales de los pueblos quechua y aymara".

Boluarte criminaliza la protesta

En su afán de desacreditar y criminalizar las protestas, Boluarte ha dicho que desde Bolivia han ingresado fusiles y municiones para los manifestantes. Acusa de ese supuesto contrabando de armas a la organización boliviana los ponchos rojos y lo relaciona con el expresidente boliviano Evo Morales. Una grave acusación lanzada sin presentar una sola prueba, pero repetida con amplitud por los medios. Las evidencias dejan sin otra opción esta afirmación de la presidenta.

No ha podido explicar cómo si los manifestantes estaban armados como ahora denuncia el Gobierno todos los muertos y heridos por disparos son los propios manifestantes y no hay un solo policía muerto o herido por arma de fuego. Las autopsias a los 18 muertos en Juliaca encontraron proyectiles en nueve cuerpos -los otros nueve también murieron por armas de fuego, pero no se encontraron rastros de los proyectiles-, los resultados confirman que todos recibieron proyectiles de armamento utilizado por la Policía, en seis casos de fusiles AKM-47, dos por escopetas de perdigones y uno por un disparo de pistola. Hay videos que muestran a policías y militares disparando contra los manifestantes en Juliaca y otros lugares.

Detenciones arbitrarias

Se denuncian detenciones arbitrarias. Más de 300 personas han sido detenidas desde que comenzaron las protestas. En Ayacucho fue detenida Rocío Leandro, presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, y otros siete dirigentes, acusados de tener vínculos con Sendero Luminoso, organización armada maoísta activa en los años 80 y 90, que hace más de 20 años está desactivada como grupo armado –con la excepción de una columna disidente aislada en una zona montañosa– y que tiene como herederos a un grupo de actividad marginal que ahora actúa políticamente y no militarmente.

En los años 90, Leandro cumplió condena acusada de formar parte de Sendero, pero en la acusación policial por la que ha sido detenida ahora no se han presentado evidencias de que haya promovido acciones terroristas durante las protestas. Con este caso se pretende vincular al conjunto de las protestas con el senderismo y el terrorismo. La Policía presenta como "prueba" de terrorismo contra los detenidos algunos libros de Marx, Lenin o Mao que encontraron. Así de absurdo y peligroso.