BRASILIA.- La sentencia se conocía desde hace tiempo: Dilma Rousseff ha sido apartada de forma definitiva de la Presidencia de Brasil. El juicio político contra la ya exmandataria que comenzó el pasado jueves ha sido más un trámite burocrático que un procedimiento jurídico donde se analizan debidamente las causas. De los 81 senadores que la juzgaron este miércoles, la mitad de ellos ya habían declarado su voto antes de que comenzara el proceso. Muchos de ellos ni siquiera asistieron los primeros días para escuchar los alegatos de la acusación y de la defensa de Rousseff. El pasado sábado había más periodistas que senadores en el Plenario.

Este miércoles, media hora antes de que comenzara la votación final, las primeras en llegar al Plenario fueron dos de las senadoras que más defendieron a Rousseff en los últimos días: Katia Abreu (PMDB) y Vanessa Grazziotin (PCdB), ninguna de ellas del Partido de los Trabajadores. Poco a poco llegaron el resto de senadores que se abrazaban y reían, haciendo tiempo antes de la votación. El clima de tranquilidad era esperado porque para muchos la votación del pasado 12 de mayo, cuando el Senado decidió continuar con el proceso y apartar a Rousseff de sus funciones, ya era una sentencia definitiva. Este miércoles lo que ya se daba por hecho, se oficializó después de que 61 senadores (sin ninguna abstención) respondieran afirmativamente a la pregunta de si Dilma Rousseff habría cometido o no un "crimen de responsabilidad".

Para muchos, la votación del pasado 12 de mayo, cuando el Senado decidió continuar con el proceso y apartar a Rousseff de sus funciones, ya era una sentencia definitiva

A las 13.35 hora local, la petista pasó a convertirse en el segundo presidente desde la redemocratización del país en ser apartado de su cargo por un proceso de impeachment. El primero fue Fernando Collor de Mello en 1992, éste sí acusado por delitos de corrupción. No es el caso de Rousseff, que no está acusada de desvío de dinero, malversación de fondos o algún tipo de crimen penal. La exmandataria ha sido apartada del Ejecutivo por haber firmado tres decretos presupuestarios sin permiso del Congreso, en los que habría maquillado las cuentas del Gobierno. Un delito económico que también cometieron expresidentes como Fernando Henrique Cardoso, Lula da Silva y gobernadores de diversos estados del país, pero nunca fueron castigados por ello.

A pesar de que la sentencia fuera un secreto a voces, y que los primeros tres días del juicio los senadores se dedicaran más a insultarse delante de las cámaras que a analizar argumentos, el lunes el proceso tuvo un cambió de rumbo. Ese día Rousseff acudió al Senado para defenderse personalmente y respondió durante 14 horas a las preguntas de 48 senadores. Repitió en varias ocasiones que no había cometido ningún crimen y que, de cualquier forma, la firma de estos tres decretos no podría considerarse un delito de crimen de responsabilidad, la única acusación por la que un presidente puede ser apartado en un sistema presidencialista como el de Brasil. Rousseff dijo que estaba en el Senado “no para para defender su mandato sino para defender la democracia” y denunció que bajo "una frágil retórica jurídica” se había orquestado "un verdadero golpe a la Constitución”.

No es algo que no hubiera dicho antes, pero al repetirlas en el que sería su último discurso como presidenta tuvieron un eco especial. Sus afirmaciones irritaron profundamente a los senadores que se dedicaron la tarde del lunes y todo el martes a intentar legitimar el proceso y limpiar la imagen de “golpistas” repetida por los aliados de Rousseff.

La presidenta estaba en el banquillo de los acusados, pero sus jueces también querían salir bien parados. Para defenderse no hablaron tanto sobre los tres decretos presupuestarios, sino que se ampararon en la crisis económica del país y en la “mala gestión” de la presidenta. Rousseff ya les había advertido que en un sistema presidencialista no se la puede juzgar por el conjunto de su obra: “Ese poder sólo lo tiene el pueblo en las urnas”, les decía.

El martes fue la abogada de la acusación, Janaina Paschoal, quien dijo que el pueblo brasileño podía estar con el “corazón tranquilo” porque todo lo que se estaba haciendo era “legal”. Eso lo dijo después de haber declarado que fue “Dios quien mostró lo que sucedía en el país y ayudó a que diversas personas a hacer algo al respecto”. Ese “algo” sería el propio proceso de impeachment, un documento elaborado por la misma Paschoal y por el jurista Hélio Bicudo, por el que recibieron 45.000 reales (unos 12.500 euros) pagados por el PSDB, principal partido de la oposición.

Un total de 42 senadores votaron también a favor también de inhabilitar durante 8 años a Rousseff, pero no consiguieron alcanzar los dos tercios necesarios para aprobar la moción de este otro castigo

Además de colocar a Dios en medio de este juicio, la abogada de la acusación dijo que no podía dejar de acusar a Rousseff “por ser mujer” y acabó su discurso con lágrimas y con una frase final incomoda: “Esto lo hago incluso por el bien de los nietos de la presidenta”. Lo que sí consiguió Paschoal, seguramente sin querer, es recordar cómo la condición femenina ha ocupado un espacio importante en este proceso.

La propia Rousseff ya había denunciado el lunes “haber sufrido un trato diferente” por ser mujer: “Siempre me acusaron de ser muy dura. Me quisieron deshumanizar delante del país, como si yo no fuera una persona sensible”. Mujeres como las senadoras Gleissi Hoffmann, Katia Abreu o Vanessa Grazziottin también han sido las grandes defensoras de Rousseff en este juicio. Y curiosamente, no sólo la primera presidenta mujer del país acaba de perder su cargo en el Ejecutivo, ya que en el nuevo Gobierno de Michel Temer, nombrado este miércoles en la misma votación presidente del país, las mujeres no ocupan ni un solo cargo ministerial.

Pero si la sentencia contra Rousseff era un hecho, lo que no se esperaba era el acalorado debate en relación a la inhabilitación o no de la presidenta. La sesión comenzó a las once de la mañana y rápidamente la senadora Katia Abreu se acercó al presidente del Tribunal Supremo Federal para terminar de cerrar una petición pendiente. El PT había solicitado días anteriores que se llevaran a cabo dos votaciones diferentes. La primera en relación a la culpabilidad o no del crimen de responsabilidad y la segunda sobre si se debía o no inhabilitar a Rousseff durante ocho años para trabajar en cualquier institución pública.

Abreu llegó a pedir que liberaran a Rousseff de la inhabilitación, ya que la expresidenta necesitaría todavía un año más para jubilarse: “Sería una injusticia que no la dejaran trabajar”. Senadores como Aécio Neves o Aloysio Nunes pidieron el castigo completo, mientras que el presidente del Senado, Renan Calheiros (que sabe nadar mejor que nadie entre dos aguas) dijo que la inhabilitación sería “excesiva”.

Con la salida de Rousseff también se cierra la etapa de 13 años de gobierno petista durante los cuales más de 36 millones de personas salieron de la pobreza

Los senadores tuvieron piedad y permitieron que Dilma Rousseff mantenga sus derechos políticos para presentarse a cargos públicos. Un total de 42 senadores votaron a favor de la inhabilitación, 36 en contra y tres abstenciones, pero no consiguieron alcanzar los dos tercios necesarios para aprobar la moción del castigo, por lo que la expresidenta, al menos, ganó esta batalla. El resultado de esta segunda votación se ha entendido como un “gran acuerdo” final entre el PT, el propio Michel Temer, y el presidente del Senado, Renan Calheiros.

En este último día de juicio se volvieron a escuchar apasionados alegatos a favor y en contra. Unos se llamaban “canallas” por ser “golpistas”. Los otros decían que “canallas ellos por dar un golpe en el pretróleo del país”, sacando a relucir el escándalo de corrupción de Petrobras, sin duda uno de los verdaderos motivos que originaron este polémico proceso.

Este miércoles con la salida de Dilma Rousseff también se cierra la etapa de 13 años de gobierno petista durante los cuales más de 36 millones de personas salieron de la pobreza y donde las políticas de inclusión social y de redistribución de la renta fueron sus principales banderas. Hoy Brasil, golpeado por una grave crisis económica, inicia una nueva etapa con el ajuste fiscal y las privatizaciones como nuevos ejes de su futuro incierto.