Una sentencia pionera señala la responsabilidad de Frontex en las devoluciones en caliente por el 'caso Hamoudi'
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avisa de que el Derecho de la Unión impone a la agencia obligaciones para garantizar el respeto de los derechos fundamentales en las operaciones de retorno.
Bruselas-
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha ordenado este jueves que se vuelva a examinar el caso de Alaa Hamoudi, que fue devuelto en caliente tras llegar a la isla griega de Samos huyendo de la guerra de Siria en 2020. Hamoudi denunció a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) por no proteger sus derechos fundamentales. Él y otras 21 personas fueron expulsados de Grecia en una devolución en caliente coordinada entre las autoridades helenas y agentes de Frontex. Ahora, la Justicia europea avisa de que el Derecho de la Unión impone a la agencia obligaciones destinadas a garantizar el respeto de los derechos fundamentales en el marco de las operaciones conjuntas de retorno.
La sentencia anula un primer fallo del Tribunal General que eximió a Frontex de responsabilidad y ordena que el caso vuelva a ser examinado, teniendo en cuenta las obligaciones que impone el Derecho de la Unión.
La primera instancia del Alto Tribunal europeo desestimó en 2023 el recurso por la "inexistencia de relación causal" entre el comportamiento supuestamente ilegal de Frontex y los daños sufridos, pero no llegó a examinar los demás requisitos de la responsabilidad porque consideró que la agencia europea no tiene competencias para evaluar la base de las decisiones de retorno ni a examinar las solicitudes de asilo.
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Ahora, el Tribunal señala que Frontex está obligada a comprobar que esas decisiones de retorno existen respecto de todas las personas que un Estado miembro pretenda incluir en operaciones conjuntas de retorno, a fin de garantizar que dichas operaciones respeten el principio de no devolución. Además, concluye que el Tribunal General se equivocó al considerar que Frontex solo prestaba apoyo técnico y operativo a los Estados miembros.
El caso se remonta a 2020, cuando una familia de sirios llegó a la isla griega de Samos y expresó su deseo de presentar una solicitud de protección internacional. Sin embargo, la pareja y sus cuatro hijos fueron trasladados días después a Turquía en un vuelo coordinado entre Grecia y Frontex sin que se estudiara su petición de asilo.
Ante esto, la familia presentó ante Frontex una denuncia alegando que su deportación constituía una devolución ilegal porque sus derechos fundamentales fueron violados al ignorar su petición de asilo, pero la agencia europea desestimó la demanda.
Finalmente, la familia acudió al Tribunal de la UE para reclamar la condena y la reparación de los daños materiales y morales causados por la negligencia de la agencia europea "antes, durante y después" de la operación de retorno.
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