Tras unos primeros días de chequeos médicos, informes psicológicos para evaluar su vulnerabilidad y trámites burocráticos, las personas que salen huyendo de sus países, como es el actual caso de los afganos evacuados, tratan de prepararse cuanto antes en los centros de acogida para retomar sus vidas en el país al que han pedido asilo.

En estos momentos, el sistema de acogida en España tiene disponibles unas 3.000 plazas de las 9.000 que integran la red, según confirma el Ministerio de Inclusión y Migraciones, encargado de la gestión de ese proceso, mientras se resuelve la solicitud de refugio y asilo, que suele demorarse al menos un año.

Del total de plazas, 400 son gestionadas por el ministerio en cinco centros de acogida situados en Madrid (en Alcobendas y Vallecas), en Mislata (Valencia) y en Sevilla, y el resto de las plazas se encuentran subcontratadas por 17 ONG incluidas en el sistema, como Cruz Roja o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). "Es importante la selección de los perfiles; si es una familia de siete miembros, hay que buscar un piso mejor que un centro; si tiene familiares en alguna comunidad o si tiene que recibir algún tratamiento médico, que haya un centro sanitario cercano para ello", explica la coordinadora estatal de acogida de CEAR, Áliva Diez Martínez.

También hay plazas especializadas en determinados perfiles, como madres monomarentales, víctimas de violencia de género o destinadas a personas que han sufrido torturas.

Acogida en pisos o centros entre 6 y 9 meses

Una vez presentada la solicitud de asilo se deriva a esa persona al programa de primera acogida temporal, que tiene una duración máxima de 30 días, periodo en el que se hallan cubiertas las necesidades básicas, mientras se decide la admisión a trámite de su solicitud y se le asigna una plaza en el sistema de acogida en un centro o en un piso.

Independientemente del espacio de acogida, se les asignan programas de acompañamiento jurídico, psicológico, y social

"Independientemente del espacio de acogida, se les asigna el mismo programa de acompañamiento jurídico, psicológico, social en relación con sus trámites de comienzo de nueva vida, escolarización de sus hijos, atención sanitaria, aprendizaje del idioma o formación sobre la sociedad de acogida".

Esta nueva fase dura hasta que su solicitud de asilo sea aprobada o denegada y está prevista para seis meses, "aunque a veces esa resolución llega más tarde: tienen derecho a permanecer en el sistema de acogida hasta esa resolución".

Si es favorable la petición de asilo, el refugiado recibe la autorización de estancia y permiso de trabajo, junto a ayudas económicas, si las precisa, para completar su proceso de autonomía laboral y personal. En caso contrario, la ley prevé que salga del sistema de acogida y pueda ser derivado a los servicios sociales o a recursos alternativos para cubrir sus necesidades básicas en función de su situación.

Pocos afganos en España

Los refugiados afganos son a nivel mundial una de las nacionalidades prioritarias que reciben protección, junto a sirios y venezolanos, pero en España hay pocas solicitudes. En España residen 799 afganos, de los que 599 son hombres y 200, una cuarta parte del total, mujeres, y más de la mitad de ellos están empadronados en municipios de Cataluña y de la Comunidad de Madrid.

Atendiendo a las concesiones de peticiones de protección internacional, la nacionalidad afgana no entra entre las diez primeras, aunque los pocos afganos que piden asilo en España suelen recibir una respuesta afirmativa, explica la experta. "Desde hace unos años los afganos que han salido huyendo de su país se han quedado atrapados en Grecia o Turquía, pero pocos han llegado a España", argumenta.

En 2016, los afganos fueron la tercera nacionalidad con protección subsidiaria, detrás de sirios y pakistaníes: la subsidiaria es la protección que se concede a aquellas personas que, sin reunir los requisitos para ser reconocidas como refugiadas, se tienen motivos fundados para creer que, si regresasen a su país de origen, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir algún daño grave, como la muerte, torturas o amenazas contra su integridad.