Dignificar contra reloj el sistema de prisiones en América Latina para evitar subir un nuevo peldaño en la tragedia provocada por la covid-19 está resultando ser exactamente tan improbable como se imaginaba. La pandemia representa un cruel desafío para repensar el cómo, el porqué y el para qué de los centros penitenciarios en la región, pero ninguna innovación importante ha venido al rescate.

No se puede corregir de la noche a la mañana el primer problema de la lista: el hacinamiento. El encarcelamiento en masa es marca de la casa y cuna de violencia. La mitad de los internos está a la espera de juicio, y el objetivo de la reinserción se ha dejado de lado. Las celdas colectivas de las cárceles latinoamericanas no se definen por la división del espacio para dos, tres o cuatro personas, sino que se calculan para acoger a cuarenta y cincuenta presos, llegando incluso a cobijar a más de ciento cincuenta en las prisiones más sobrepobladas.

La mayoría de los obstáculos estructurales proceden de este hacinamiento. Enfocando exclusivamente a aspectos de higiene, fundamental siempre y vital frente a la pandemia, el sistema de suministro de agua de prisiones diseñadas para ochocientos internos pero que amparan a dos mil quinientos no soporta semejante demanda. En esos casos, el agua corriente solo está disponible una serie de horas al día, y hay que disputársela.

La cancelación de las visitas fue una de las primeras medidas cuando la covid-19 cruzó el océano Atlántico, una resolución lógica ante la amenaza desconocida, pero ha derivado en un creciente malestar entre los presos, que agita una tensión ya de por sí elevada. Lo primero que se denunció fue la ruptura de la comunicación entre los internos y sus familias. Llevan dos meses y medio sin noticias de ellos. No se han articulado las debidas alternativas telefónicas, ni mucho menos las opciones de comunicación a través de internet.

Son esas visitas, por otro lado, las que "palían las necesidades básicas, como la alimentación, la medicación o la vestimenta", recuerda para este reportaje Alcira Daroqui, directora del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires (GESPyDH). "Y los que hacen visitas no solamente asisten a sus familiares, sino que los presos ponen bastante de lo que les llevan al servicio del grupo con el que están en el pabellón, lo que se llama la ranchada". En la provincia de Buenos Aires, al menos, se ha autorizado que los familiares puedan enviar paquetes. "Eso y reconocer que no les damos de comer es lo mismo", se lamenta Daroqui.

El estrés fue en aumento en los presidios hasta desembocar en bruscas insurrecciones. Sucedió en Villa Devoto y Florencio Varela, en Argentina (treinta heridos), en Manaus, Brasil (17 heridos), y también en Perú. "El Estado comenzó a tomar acciones cuando se produjeron una serie de motines en los centros, que culminaron con el principal, que fue el de Castro Castro (Lima)", comenta para Público el investigador Stéfano Corzo, del Instituto de Defensa Legal (IDL). Nueve muertos hubo en Castro Castro, politraumatismo por proyectil de arma de fuego. A ochocientos kilómetros de allí, en la penitenciaría de Picsi, se repitió la misma situación de revuelta, con otros dos fallecidos. Solicitaban los presos un trato humano y digno frente a la pandemia, y solo así el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comenzó a publicar información transparente, aunque con cuenta gotas, de lo que sucedía en sus centros.

Perú fue el primer país de la región que canceló visitas a los internos, pero ni aun así ha conseguido controlar la situación. "Donde no se tomaron medidas suficientemente adecuadas fue en el equipamiento de bioseguridad con el que debía contar los 11.000 funcionarios del INPE que trabajan dentro del sistema carcelario peruano", indica Corzo. "Fue un sector atendido tardíamente, y cuando fue atendido el virus ya había entrado en las cárceles".

La transparencia esporádica que ha ido surgiendo del INPE peruano deja resultados tan sorprendentes como los de las 450 pruebas rápidas (350 para reclusas y 100 para empelados) que se aplicaron este miércoles en la cárcel para mujeres de Chorrillos. "De ese total, 310 pruebas en internas resultaron positivas. 303 son asintomáticas y 7 presentan algún síntoma leve", notificaba el informe oficial. El porcentaje de contaminación en Chorrillos es del 88,6%.

En México hay datos que también inquietan. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está siendo la encargada de visitar los centros penitenciarios y exigir el cumplimiento de las medidas básicas para proteger a la población privada de libertad. "Preocupa a este Organismo el índice de letalidad en las prisiones en comparación a los datos nacionales reportados", alertaban en su último informe hasta la fecha, publicado el 4 de junio. 60 fallecimientos entre los 429 casos confirmados sitúan la tasa de mortalidad en el 15,9% dentro de las cárceles mexicanas. El índice nacional es de 11,8%.

En el caso específico de Brasil, las unidades sanitarias prisionales transitan ajenas al sistema público de salud, funcionan en paralelo y, por si fuera poco, sin el armazón más básico. La población privada de libertad no se encuentra entre las prioridades, por eso algunos reclusos enfermos han llegado ya sin vida al ambulatorio de destino tras una atención insuficiente en su centro penitenciario. Por otra parte, ante la falta de datos fiables, sobre todo tras los intentos de maquillaje de las cifras oficiales por parte del Ejecutivo de Jair Bolsonaro, las organizaciones de la sociedad civil tratan de calcular los estragos de la pandemia en las cárceles cotejando las estadísticas de fallecidos por neumonía o síndrome de respiración agudo.

32.500 personas liberadas en el sistema prisional brasileño

La Pastoral Carcerária Nacional es una de las instituciones más activas por los derechos de los presos en Brasil. Organizaban visitas quincenales, hasta mediados de marzo. "Poco o nada sabemos de ellos ahora", explica el Padre Gianfranco Graziola, uno de los asesores de la organización. "Tenemos información cuando alguien va a salir, o a través de algunos parientes". Graziola acepta amargamente que el trato digno dentro de los muros de la prisión es prácticamente una causa perdida, porque a la sociedad poco le importa: "Continúa la mentalidad excluyente, siempre se les tratará como delincuentes, y, en realidad, solo son personas que erraron".

La Recomendación 62, redactada por el Consejo Nacional de Justicia brasileño (CNJ), nació al inicio de la crisis como un incentivo a los magistrados para reformular las condenas de "personas en grupos de riesgo y en la fase final de las penas que no hubieran cometido crímenes violentos o con grave amenaza como robo con resultado de muerte, homicidio o violación, y que no pertenezcan a organizaciones criminales". 32.500 personas han sido retiradas de las unidades prisionales brasileñas en los últimos tres meses atendiendo al dictado, señala el informe del CNJ, con la adaptación para otros formatos como prisión domiciliar o monitoramiento electrónico. "Se trata del 4,78% del total de personas privadas de libertad, excluidos el régimen abierto y los detenidos en comisarías". La Recomendación 62 acaba de ser renovada por otros 90 días.

Para el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, al final la mirada se vuelve a dirigir, de una forma u otra, hacia el encarcelamiento en masa. Porque inexorablemente "el debate que trae la pandemia es a cuántos se debería liberar, cuando lo que se debería debatir es cuántos no tendrían que haber ingresado nunca". En las prisiones federales argentinas, cuenta Alcira Daroqui, hay personas "condenadas a ingresar en la cárcel por quince días".