Emmanuel Macron está contra las cuerdas por su deriva liberticida. Como si se hubiera producido un efecto difuminado invertido, decenas de miles de franceses dijeron basta en los últimos días ante los abusos policiales y el amparo de las autoridades. Las multitudinarias manifestaciones del fin de semana contra la nueva ley de "seguridad global", que limita la publicación de imágenes de las intervenciones policiales, representan un toque de atención para el Gobierno francés. Un freno de emergencia popular ante la restricción de derechos fundamentales.

"Estamos saturados de que haya tantas injusticias", asegura a Público Alicia R, de 31 años, presente en la multitudinaria manifestación del sábado en París. Esta diseñadora web citaba la paliza al productor de música Michel Zecler, apaleado por cuatro agentes y al que dijeron "negro de mierda" repetidas veces.

La indignación por este vídeo desvelado por el digital Loopsider se unió a la conmoción generada por el brutal desmantelamiento de un campamento de refugiados el lunes pasado en el corazón de la capital francesa. "No estamos ante una semana negra de la violencia policial, ya que hace años que se suceden los abusos de las fuerzas de seguridad", lamenta Celestin Kriseur, de 30 años, un grafista también presente en la protesta.

Entre 500.000, según los organizadores, y 133.000 personas, según el Ministerio del Interior, se manifestaron el sábado en Francia. Más allá del baile de cifras, fue la movilización más masiva desde el inicio de la pandemia. En el multitudinario desfile en París —prohibido inicialmente y autorizado el viernes por la noche en el último momento—, abundaban las pancartas de "Darmanin [ministro del Interior] dimisión" o de "República en marcha atrás [en un juego de palabras con el nombre del partido presidencial]". La protesta estuvo marcada por un ambiente festivo y cívico. Casi todo el mundo llevaba mascarilla. Pero degeneró en múltiples enfrentamientos entre policías y black blocks (agitadores de extrema izquierda) al concluir en la plaza de la Bastilla.

Esta marcha por las libertades reunió perfiles muy diversos, desde numerosos jóvenes, periodistas, chalecos amarillos, militantes sindicales y miembros de asociaciones defensoras de derechos humanos o antirracistas como el colectivo Adama (Movimiento antirracista Francia: Assa Traoré, la hermana justiciera que ha convertido el antirracismo en un movimiento de masas en Francia.

Coincidiendo con la apertura de los comercios no esenciales, el malestar social se desconfinó en Francia. Y es de celebrar que no lo canalizaran ni la ultraderecha ni teorías conspirativas, sino la indignación ante la deriva liberticida de Macron.

Una 'ley mordaza' a la francesa

El epicentro de esta vulneración de derechos se encuentra en la nueva ley de seguridad global. La Asamblea Nacional aprobó el martes pasado este texto que prohíbe la difusión no difuminada de imágenes de intervenciones policiales que perjudiquen de "manera manifiesta" la "integridad física o psíquica" de un agente. Contempla penas de hasta un año de prisión y multas de un máximo de 45.000 euros. Aunque las primeras protestas empezaron desde el 17 de noviembre, recibió un apoyo holgado en el Parlamento, con 308 votos a favor y solo 104 en contra, gracias al respaldo de los diputados macronistas, de Los Republicanos (socios del PP en Francia) y de la ultraderechista Reagrupación Nacional.

A pesar de ser un texto que legisla aspectos variopintos de la seguridad, desde la creación de un cuerpo de policía municipal en París o el refuerzo de las agencias privadas, el cabreo popular se concentró en el artículo 24. Este dispositivo, que limita la difusión de imágenes de las acciones policiales, "sitúa la legislación francesa en una zona gris que permitirá a los policías detener de manera preventiva a aquellos manifestantes o reporteros que los graben", explica el sociólogo Fabien Jobard, especialistas en temas policiales. Este investigador en el prestigioso CNRS observa similitudes evidentes entre esta legislación de seguridad global y la ley mordaza española: "El único país de Europa en que existe un dispositivo similar es España".

En el caso de la legislación española, "la Policía la ha utilizado en numerosas ocasiones", recuerda Jobard, quien teme que en Francia suceda lo mismo. "Los agentes se convencerán a partir de ahora de que cualquiera que saque su cámara o teléfono en una protesta representa una amenaza y un posible delincuente", sostiene este sociólogo ante el peligro de un aumento de las detenciones preventivas que limite el derecho a manifestarse o informar. En la concentración del 17 de noviembre ante el Parlamento, ya hubo dos periodistas detenidos. Durante el desmantelamiento del campamento de afganos, un reportero fue apaleado en el suelo y la corresponsal de la Sexta Leticia Fuentes también resultó agredida por agentes antidisturbios.

Numerosas redacciones, sindicatos de periodistas o colectivos de prensa expresaron su indignación ante esta ley que vulnera la libertad de prensa. Sin embargo, el malestar sobrepasa el derecho de los periodistas a informar sin ser golpeados ni verse obligados a difuminar las imágenes de policías. La prioridad del ejecutivo es limitar los vídeos grabados por manifestantes o personas corrientes, claves hace dos años en la denuncia de la violencia policial contra los chalecos amarillos —silenciada en las primeras semanas de protestas por los grandes medios—, así como de acciones abusivas y racistas contra habitantes de la banlieue. "La gente seguirá grabando a la policía, pero muchos lo harán con miedo y quizás se autocensurarán", afirma Alicia R, presente en la protesta en París.

Tres años de prisión para las ocupaciones universitarias

La nueva ley también incorpora otros aspectos polémicos, como favorecer el uso de cámaras por los policías para filmar sus acciones o regular el uso policial de drones para grabar protestas. Lo más problemático respecto a los drones es que la mayoría macronista rechazó una enmienda que "limitaba el reconocimiento facial de estas imágenes y esto puede suponer un obstáculo al derecho a manifestarse", asegura Jobard. Según este experto, el uso de cámaras por los antidisturbios para grabar sus acciones no comportará una mayor transparencia: "Utilizarán sus imágenes para dar su versión de los hechos y así influir en la opinión pública".

Además de la legislación de la "seguridad global", el macronismo recibe críticas por la aprobación el 20 de noviembre en el Senado de una ley universitaria que castiga con tres años de prisión las ocupaciones en la universidad. También genera dudas la mano dura tras los recientes atentados y el peligro de una deriva islamófoba. La conmoción tras los ataques yihadistas de octubre resulta más que comprensible, pero menos pertinente parece la voluntad gubernamental de prohibir asociaciones, como el Colectivo Contra la Islamofobia (CCIF), de las que no se demostró ningún vínculo sólido con el yihadismo.

"El presidente francés asumió su cargo como un dirigente abierto de espíritu, pero ahora se refugia en las ideas nacionalistas en perjuicio de su país", advertía el periodista alemán Thomas Hanke, en un artículo titulado Europa necesita el Macron de 2017 para el rotativo económico Handelsblatt. La misma prensa internacional, sobre todo anglosajona, que elevó a los altares al joven dirigente hace tres años, ahora expresa su preocupación ante su deriva liberticida e islamófoba. El mismo Macron envió una carta a la redacción de The Financial Times criticando uno de sus artículos sobre la situación de los musulmanes en Francia. Incluso llamó por teléfono al periodista de The New York Times Ben Smith para echarle la bronca por otra publicación parecida. Este le respondió con un duro artículo en el que decía que estas críticas a la prensa anglosajona "recuerdan un poco el estilo trumpista".

¿Otra crisis política para el macronismo?

Más que un repentino giro hacia la derecha, la ley de "seguridad global" confirma la apuesta conservadora de Macron en materia de seguridad y derechos fundamentales. En noviembre de 2017, seis meses después del inicio de su mandato, ya impulsó una legislación antiterrorista que introducía en el derecho común la mayoría de las disposiciones excepcionales del estado de emergencia, en vigor entonces desde noviembre de 2015. Su mayoría parlamentaria aprobó en 2018 una dura ley migratoria que facilitaba las expulsiones de migrantes y endurecía las condiciones de encarcelamiento en los CIE franceses. Además, el Consejo de Europa y el de Derechos Humanos de la ONU ya criticaron el año pasado la violencia policial contra los chalecos amarillos.

"Desde 2017, ya era evidente que Macron no se convertiría en el Obama francés. Se trata sobre todo de un neoliberal conservador", explica el periodista Marc Endeweld, autor de dos de los libros más destacados sobre el presidente, L’ambigu Monsieur Macron y Le grand manipulateur. Según Endeweld, el joven dirigente "siempre ha tenido una visión ambigua sobre la democracia. Al considerarse que forma parte de una élite, reniega del poder de los simples ciudadanos de participar en la política, por ejemplo, manifestándose".

Este estilo con tintes autoritarios se ve reforzado por la propia configuración muy personalista de la Quinta República. Así quedó patente con la gestión del covid-19. Las decisiones sanitarias son adoptadas por un consejo de seguridad, formado por un número muy reducido de altos cargos designados por el mismo presidente y que no rinde cuentas de las medidas que aprueba, a diferencia del consejo de ministros. Durante esta segunda ola, este organismo relegó a un rol secundario el consejo de científicos, que gestionó la primera fase de la crisis sanitaria.

No obstante, esta deriva liberticida choca ahora con el malestar creciente por los abusos policiales. Tras la publicación del vídeo de la paliza a Zecler, el mismo Macron tuvo que matizar su apoyo incondicional a la policial. A pesar de que el año pasado dijo que “en Francia no existe la violencia policial”, esta vez calificó de "inaceptable" la brutal detención del productor de música. El primer ministro Jean Castex anunció el jueves la creación de una comisión para revisar la redacción del artículo 24 de la ley de "seguridad global". Un movimiento que generó malestar entre las propias filas del macronismo al menoscabar la separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo.

"Se trata sobre todo de la táctica y de la cosmética política", sostiene Endeweld. Este reportero recuerda que "en los pasillos del poder se reconoce con gran cinismo que, como la crisis del coronavirus dejará las arcas públicas vacías, en los próximos años se deberá apostar por medidas securitarias en lugar de sociales". Hace dos años el aumento de los impuestos sobre el combustible desencadenó el malestar de los chalecos amarillos por la injusticia social y fiscal. Ahora la ley de "seguridad global" puede ser el pretexto de otra explosión de la indignación.